Los conceptos emitidos en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor
Por Becker Márquez Bautista
La quiebra del orden institucional en el espacio público dominicano ocurre a diario y a la vista de todos. Salir a nuestras calles es ser testigo de un sálvese quien pueda donde la ley es un mito y la autoridad, una simple figura decorativa.
Justo delante de cualquier vehículo hay una señal de tránsito que prohíbe estacionarse de ese lado de la vía; más adelante, un vehículo del transporte público se detiene en seco donde un letrero prohíbe taxativamente la recogida de pasajeros. Para colmo de males, el motorista de al lado se cruza el semáforo en rojo con total desparpajo, pasando justo por el frente de un agente de la DIGESETT que, entretenido hablando por su teléfono móvil, parece estar dibujado en la esquina. Pero eso sí: de repente, ese mismo agente detiene el tránsito de golpe y bloquea de forma abrupta a los ciudadanos que sí cumplen la ley, todo porque va a pasar el asistente del asistente del segundo alcalde de Bánica, precedido por un franqueador que pagamos todos nosotros con nuestros propios impuestos.
Es indignante ver cómo el desorden se normaliza e institucionaliza. La flagrante inacción de la DIGESETT y de las autoridades competentes ante el caos diario demuestra un preocupante caso omiso a sus funciones constitucionales. La Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial parece letra muerta en manos del INTRANT y de la uniformada vial. Al negarse a fiscalizar con rigor a los verdaderos infractores, las autoridades se convierten en cómplices por omisión del caos. No se puede hablar de orden institucional en un país donde la ley se le aplica con severidad al ciudadano de trabajo, pero se le da amnistía y vía libre al motorista infractor, al chofer de carro público temerario y al funcionario con ínfulas de monarca que utiliza los recursos del Estado para saltarse el tapón.
Si observamos con detenimiento, la gran mayoría de los motoristas y sus pasajeros transitan sin el casco protector, los límites de velocidad no existen y las señales de tránsito permanecen en las vías públicas como simples adornos que parecen molestar a los infractores. La impunidad solo sirve para tentar a los demás a replicar la infracción, pavimentando el camino hacia una ciudad sin ley y financiar el caos vehicular.
Ante esta realidad, el Congreso Nacional y sus legisladores no pueden seguir operando como un simple sello gomígrafo que solo aprueba préstamos o sirve de plataforma para hacer negocios desde una curul. Su responsabilidad sagrada es legislar y fiscalizar; es decir, crear políticas públicas que impacten positivamente a los ciudadanos que votaron por ellos, no asegurar el bienestar de sus familiares y allegados. El desorden vial también es su responsabilidad. No podemos tolerar un Congreso que actúe como un nido de «chuparrecursos» del Estado con el único fin de garantizarse una pensión privilegiada. Señores legisladores, les exhortamos a tomarse en serio la seguridad vial y a robustecer el marco jurídico con penas drásticas, tanto para los infractores de la ley como para las autoridades que se niegan a aplicarla.
Sin embargo, el reto de transformar este panorama no recae únicamente sobre los hombros de quienes gobiernan; este es un desafío urgente de corresponsabilidad cívica. Como sociedad y como país, debemos entender de una vez por todas que la calle es un espacio de convivencia, no un campo de batalla. Nuestro gran reto hacia el futuro es erradicar la cultura de la «búsqueda» y la viveza criolla, asumiendo el respeto a las normas no por temor a la multa, sino por el sagrado valor de la vida ajena. El verdadero cambio institucional empieza cuando cada ciudadano decide, de manera consciente, ser el primer fiscal de sus propios actos frente al volante.
Cabe preguntarse: ¿A dónde nos quieren llevar las autoridades y los conductores? ¿Será que ya nos resignamos a vivir en el caos absoluto? ¿Es que acaso las aterradoras estadísticas de muertes causadas por accidentes de tránsito en la República Dominicana ya no asombran a nadie? Si permitimos que la muerte en las calles sea un hábito normalizado en nuestra sociedad, habremos claudicado como civilización ante la ley de la selva.
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