Atribuye conflicto con su expareja a disputas económicas y familiares
SANTIAGO. – La abogada María Martínez, integrante de la barra de defensa del empresario tamborileño Johan Rosario, salió al frente de las acusaciones formuladas por su expareja, Elba Indiana Domínguez, y aseguró que su representado ha sido víctima de una campaña de descrédito que busca afectar su imagen personal, familiar y empresarial.
Durante una entrevista en el programa El Café de Diario 55, Martínez afirmó que su comparecencia pública no persigue litigar el caso en los medios de comunicación, sino presentar la versión de la defensa ante las denuncias que han sido difundidas por la contraparte.
La jurista sostuvo que Johan Rosario no ha sido condenado por ningún tribunal, mantiene la presunción de inocencia, conserva su autoridad parental y cumple con todas las obligaciones que le han sido impuestas por la justicia.
Según explicó, las acusaciones de violencia formuladas contra el empresario carecen de fundamento y aseguró que existen documentos, videos y otros elementos de prueba que respaldan la posición de la defensa. Incluso, afirmó que Rosario habría sido víctima de agresiones físicas por parte de la actual pareja de Domínguez y de la propia denunciante, situaciones que, según indicó, ocurrieron en presencia de los hijos de ambos.
Martínez también abordó el aspecto económico de la disputa y aseguró que, tras la separación, Elba Indiana Domínguez recibió alrededor de 82 millones de pesos como resultado de la división de bienes, ventas de inmuebles y participación en empresas que ambos compartían.
Asimismo, explicó que la expareja del empresario desarrolló un proyecto empresarial independiente denominado Bienestar Dominicano, luego de ceder voluntariamente sus acciones en Salud Dominicana, empresa que había sido fundada por ambos.
En relación con los hijos de la pareja, de 10 y 9 años, la abogada denunció el incumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes que, según afirmó, reconoce a Johan Rosario derechos de visitas y comunicación con los menores.
Martínez aseguró que la defensa desconoce actualmente el domicilio exacto de Elba Indiana Domínguez y de los niños, situación que, según indicó, dificulta la ejecución de decisiones judiciales y el ejercicio de los derechos parentales de su representado.
La abogada también reveló que Johan Rosario interpuso una demanda en Estados Unidos con el objetivo de proteger su reputación profesional y empresarial, debido a que gran parte de sus operaciones comerciales se desarrollan en ese país.
Respecto al estatus legal del empresario en República Dominicana, explicó que cumple una medida de coerción consistente en presentación periódica y que ha asistido a todas las actividades y programas ordenados por las autoridades judiciales.
Durante la entrevista, Martínez cuestionó los señalamientos realizados por Domínguez contra el sistema judicial dominicano y rechazó las alegaciones de supuestas influencias o actos de corrupción en decisiones emitidas por los tribunales.
La representante legal también se refirió a procesos judiciales y querellas que, según dijo, han sido presentados contra Elba Indiana Domínguez por presuntos episodios de agresión y hostigamiento ocurridos tras la ruptura de la relación.
Martínez describió a Johan Rosario como un empresario comprometido con su familia y con las causas sociales de Tamboril, destacando su trayectoria empresarial y el respaldo que, según afirmó, recibe de distintos sectores de la comunidad.
Asimismo, señaló que el conflicto se ha intensificado en los últimos años debido a disputas familiares, patrimoniales y relacionadas con el régimen de visitas de los hijos de la expareja.
Finalmente, María Martínez hizo un llamado a la sensatez y a la búsqueda de acuerdos que permitan garantizar el bienestar emocional de los menores.
“Los niños necesitan a su madre y también a su padre. Lo importante es que prevalezcan la prudencia, la cordura y el respeto a las decisiones judiciales”, expresó.
La jurista reiteró que será en los tribunales donde deberán resolverse las diferencias entre las partes y no en las redes sociales ni en los medios de comunicación.
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