El Gobierno insiste en que cumplirá los objetivos de capacidades con un gasto del 2,1% del PIB mientras Washington estudia represalias contra los socios que rechazan el 5%
La OTAN se reúne el martes y el miércoles en Ankara con una agenda cargada: rearme, Ucrania, producción industrial y el nuevo reparto de responsabilidades con Estados Unidos. Pocos aliados se juegan tanto como España, que llega a la capital turca señalada por partida doble: por su negativa a suscribir la senda del 5% del PIB en gasto militar y por el veto al uso de las bases de Rota y Morón durante la guerra de Irán.
La cita, la segunda que organiza Turquía desde la cumbre de Estambul de 2004, se celebrará en el complejo presidencial de Bestepe y sentará a la mesa a los 32 aliados en lo que el secretario general, Mark Rutte, ha bautizado como una cumbre «de ejecución». Se acabaron las declaraciones de intenciones. El neerlandés ha adelantado que en Ankara se anunciarán contratos de defensa por decenas de miles de millones de dólares, el arranque de lo que él mismo llama una «revolución industrial de defensa», con un foro paralelo que reunirá a los grandes fabricantes del sector. Los debates técnicos girarán en torno a lo que la guerra de Ucrania ha convertido en urgencias: drones, inteligencia artificial, guerra electrónica y amenazas hipersónicas.Play Video
El primer frente español es el del dinero. En La Haya, hace ahora un año, los aliados se comprometieron a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en 2035, una meta que se descompone en un 3,5% de gasto militar puro y un 1,5% en seguridad e infraestructuras de doble uso. Pedro Sánchez arrancó entonces una flexibilidad que ningún otro socio reclamó por escrito: España cumpliría los objetivos de capacidades que le asigna la Alianza, pero sin atarse al porcentaje. El Gobierno cifra ese esfuerzo en torno al 2,1% del PIB, menos de la mitad de lo que Estados Unidos considera imprescindible.
Sobre el papel, Madrid ha aprobado hasta ahora. La estimación publicada por la OTAN a mediados de febrero confirmó que España alcanzó el 2% en 2025, y el Ministerio de Defensa sostiene que la inversión seguirá creciendo de forma «muy importante» este año. A finales de enero, técnicos aliados y del departamento de Margarita Robles celebraron en Madrid la primera de las dos evaluaciones previstas este semestre sobre el cumplimiento de los objetivos de capacidades del periodo 2025-2029.
El problema es que en la OTAN de 2026 los exámenes técnicos ya no bastan. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, defiende que ese nivel de gasto será suficiente para cumplir lo pactado. Washington no comparte esa visión. De hecho, el embajador estadounidense ante la Alianza, Matthew Whitaker, lo dijo el miércoles sin rodeos: «No hay duda de que Trump está decepcionado con España». Y añadió algo más inquietante: la Casa Blanca estudia posibles medidas contra los aliados que no asuman la senda del 5 por ciento.
La resistencia española tiene también una explicación cada vez más incómoda en el Congreso. Sánchez gobierna con socios parlamentarios que rechazan de plano cualquier rearme, y cada punto porcentual de PIB equivale a unos 17.000 millones de euros anuales que habría que arañar de otras partidas o financiar con más deuda. Llegar al 5% supondría desembolsar unos 85.000 millones al año, lo que se convertiría en un grave problema para cualquier partido que alcance la presidencia, pues implicaría grandes recortes en el sistema de bienestar.
El segundo frente es más reciente y más emocional. Cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán a finales de febrero, Moncloa condenó los ataques como una violación del derecho internacional y el 2 de marzo denegó a Washington el uso de las bases de Rota y Morón y el sobrevuelo del espacio aéreo español para operaciones ofensivas. «No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el Tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU», zanjó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
Sánchez fue más allá y recuperó el espíritu del «no a la guerra» de 2003: «No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses». La respuesta de Trump llegó en forma de amenaza de sanciones comerciales. España, eso sí, no se desentendió del conflicto: desplegó la fragata Cristóbal Colón en el Mediterráneo oriental para reforzar la defensa aérea tras los ataques iraníes con drones contra Chipre, una contribución defensiva que encaja en sus obligaciones aliadas.
Rutte lleva semanas ejerciendo de bombero, pero siempre ha mantenido una fascinación profunda hacia el gabinete de Trump. El 24 de junio viajó a la Casa Blanca para rebajar la tensión con el mismo antes de la foto de familia y ha repetido que las discrepancias sobre Irán no deben poner en cuestión la cohesión de la Alianza. El episodio deja, con todo, una lección que no puede resultar cómoda para todos los miembros: las fricciones transatlánticas ya no se limitan al reparto del gasto, sino que alcanzan a la gestión de las grandes crisis internacionales.
Detrás de todo late un movimiento de fondo: la «europeización» de la OTAN. Washington no cuestiona formalmente el artículo 5, pero exige que Europa sostenga por sí misma la defensa convencional del continente mientras Estados Unidos concentra recursos frente a China en el Indo-Pacífico. Alemania, Polonia, los bálticos y los nórdicos han asumido el mensaje con planes de rearme acelerado; Francia aprovecha para reivindicar la autonomía estratégica de la UE. En ese mapa, España ocupa una casilla complicada cuando menos: comparte el proyecto europeo de defensa, con el caza FCAS como buque insignia que acaba de fracasar estrepitosamente, y a la vez su renuencia presupuestaria la aleja del pelotón de cabeza.
Madrid, con todo, no llega con las manos vacías. Según Defensa, España participa en nueve de las once misiones aliadas y mantiene desplegados a más de 3.000 militares, de Eslovaquia a Rumanía pasando por el mar Negro y el Atlántico norte. El Ejército de Tierra acaba de liderar en la base eslovaca de Lešt un ejercicio aliado de defensa antidrón y guerra electrónica, germen de la llamada «franja robótica» con la que la OTAN quiere blindar su flanco oriental. Y la industria nacional, con Indra recién reordenada bajo la presidencia de Ángel Simón, aspira a una parte sustancial del nuevo ciclo inversor que se anunciará en la capital turca.
Ucrania completará la agenda. Volodímir Zelenski acudirá a Ankara para pedir que el flujo de armamento, munición y adiestramiento no se resienta ahora que la atención estadounidense mira a Asia. Para España, que instruye a soldados ucranianos y vigila el flanco este, es el terreno más cómodo: ahí nadie discute su compromiso.
¿Qué puede salir mal para Madrid? La expulsión no está sobre la mesa porque no está contemplada en los estatutos y nadie plantea sanciones formales dentro de la Alianza. El riesgo es más sibilino: quedar al margen de la conversación donde se reparten contratos, mandos y programas industriales. Si la «revolución industrial» de Rutte se traduce en pedidos milmillonarios, los países que han suscrito la senda del 5% partirán con ventaja a la hora de repartirlos, y una industria española en plena expansión tiene mucho que perder si la factura política del 2,1% la acaban pagando Navantia, Airbus o Indra.
Pero, la posición española tampoco es un capricho. El examen de capacidades, que es lo que jurídicamente cuenta, avanza sin suspensos conocidos, y el compromiso de La Haya fija una revisión general en 2029 que deja margen. El pleito no es exclusivamente español: otros aliados asumieron el 5% con la boca pequeña, como Italia, aunque ninguno se descolgó de la senda con la claridad de Madrid.
Es muy posible que Ankara acabe sin sangre, ya que el Tratado necesita unidad y Trump titulares de rearme que le acompañen. España es un socio demasiado útil en el flanco sur, algo que se ha visto en la renovación de Rota y Morón, así como en sus ampliaciones. Pero el margen de maniobra es cada vez más estrecho.
Fuente: La Razón
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