
SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) deportó 1,081 extranjeros en condición migratoria irregular como resultado de las labores de interdicción desarrolladas el viernes 3 de julio en distintas provincias del país, como parte de las acciones permanentes de control y verificación del estatus migratorio que realiza la institución en cumplimiento de la Ley General de Migración.
Durante la jornada fueron detenidos 1,157 extranjeros, de los cuales 740 fueron aprehendidos directamente por equipos de la DGM desplegados en operativos realizados en provincias como Santo Domingo, Pedernales, La Altagracia, Santiago, Barahona, San Juan, Montecristi, María Trinidad Sánchez, Independencia, Peravia, Dajabón, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, La Romana, Bahoruco, Hato Mayor, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Plata, San José de Ocoa y Samaná, entre otras demarcaciones.
A estos se suman 417 extranjeros entregados a la institución por el Ejército de República Dominicana, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) del Ministerio de Defensa, como parte de las labores coordinadas entre los organismos de seguridad del Estado.
Una vez concluido el proceso de identificación, depuración y verificación correspondiente, 1,081 extranjeros fueron deportados a su país de origen a través de los puntos de control migratorio fronterizos. Del total 480 se deportaron por Dajabón, 348 por Elías Piña y 253 por Jimaní.

Entre las acciones desarrolladas durante la jornada destacan los operativos efectuados en la provincia Barahona, donde brigadas migratorias realizaron labores de verificación en Tamayo, Vicente Noble, Los Solares de Milton, Santana, Uvilla, Canoa, Santa María, Fundación, Jaquimeyes, El Peñón, Quita Coraza, El Higüito y zonas aledañas. En Santiago Rodríguez fueron intervenidos los sectores La Cidra, La Lana y Sabaneta, en el municipio Villa Los Almácigos.
La Dirección General de Migración reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso con el fortalecimiento del control migratorio, la seguridad nacional y el cumplimiento del marco legal vigente, mediante operaciones coordinadas con los organismos de seguridad del Estado y desarrolladas bajo los procedimientos institucionales establecidos y con estricto apego a las disposiciones de la Ley General de Migración.
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