SANTO DOMINGO. El conflicto judicial que puso fin al proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) trascendió los tribunales para convertirse en objeto de estudio académico. Esa experiencia quedó recogida en Análisis doctrinal de la solución jurisprudencial de un conflicto aeroportuario, una obra que sostiene que no existe un modelo único de gestión aeroportuaria y que el verdadero factor decisivo es el respeto a la legalidad, el interés público y la seguridad operacional.
El libro examina el litigio entre el Consejo de Defensa del AIB y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), considerado uno de los casos administrativos más relevantes del sector aeronáutico dominicano y una referencia para el estudio del derecho de las infraestructuras y la buena administración pública.
La publicación fue presentada por Diego González, presidente de la Asociación Mundial de Derecho Aeroportuario (WALA), y Jaime Rodríguez-Arana, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Reúne las principales sentencias del caso y estudios de Rafael Dickson Morales, Carlos González y Javier Barnes, con prólogo del jurista brasileño Augusto Neves dal Pozo.
La controversia comenzó en 2020, cuando el proyecto recibió autorizaciones para iniciar su desarrollo. Posteriormente, el IDAC promovió la declaración de lesividad de esos actos administrativos al considerar que el procedimiento presentaba irregularidades y que la competencia para autorizar un nuevo aeropuerto correspondía al organismo aeronáutico.
Tras varios años de litigio, el Tribunal Constitucional consolidó en 2025 la legalidad de las actuaciones administrativas que impidieron la ejecución del proyecto, convirtiendo el caso en un precedente de estudio para la doctrina jurídica.
González afirmó que uno de los principales aportes del libro consiste en desmontar la idea de que exista una fórmula ideal para administrar aeropuertos.
“La discusión no debe ser quién es el propietario del aeropuerto, sino cómo se administra”, señaló, al explicar que tanto los modelos públicos como los privados pueden resultar exitosos siempre que operen dentro del marco legal y garanticen seguridad, eficiencia y calidad del servicio.
Rodríguez-Arana sostuvo que un aeropuerto constituye “un libro abierto de derecho público y privado”, por la convergencia de normas sobre contratos, migración, sanidad, servicios públicos y regulación económica. Añadió que estas infraestructuras deben analizarse desde el derecho de las infraestructuras, sustentado en principios como la planificación estratégica, la responsabilidad y la buena administración.
Los autores consideran que la sentencia del Tribunal Constitucional trasciende el caso Bávaro. González destacó que la jurisprudencia es una fuente esencial del derecho aeroportuario porque fija la interpretación práctica de las normas de la aviación civil y reafirma el principio de legalidad necesario para cumplir el Convenio de Chicago de 1944.
Durante la presentación también se destacó que autorizaciones, concesiones y asociaciones público-privadas solo pueden sostenerse cuando respetan el ordenamiento jurídico. González explicó que la construcción de nuevos aeropuertos depende de estudios técnicos, mientras que, aunque los modelos de gestión varían entre regiones, todos exigen planes maestros, análisis del espacio aéreo, estudios de suelo, certificaciones ambientales y el cumplimiento de los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Rodríguez-Arana anunció que incorporará el caso dominicano a sus cursos universitarios, mientras González afirmó que la publicación constituye un aporte al desarrollo del derecho aeroportuario latinoamericano.
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