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Por Ricardo Cruz
(Barcelona)
La reforma del Código Penal ha generado un intenso debate público. Es comprensible que algunos artículos hayan tenido que ser corregidos antes de su entrada en vigor el próximo 3 de agosto, ya que toda legislación debe perfeccionarse cuando existen aspectos que puedan generar dudas o interpretaciones ambiguas.
También será fundamental observar cómo se interpreta y aplica la ley en la práctica. En ocasiones, una norma nace con un propósito legítimo, pero una mala interpretación o una aplicación inadecuada puede terminar perjudicando a personas para las que nunca fue concebida.
Dicho esto, también considero evidente que el Estado tiene la responsabilidad de legislar para poner límites a quienes utilizan los medios de comunicación o las plataformas digitales de forma irresponsable. No es aceptable que existan verdaderos «sicarios del micrófono» que destruyan la honra y la reputación de una persona mediante mentiras o difamaciones y que, al final, no enfrenten ninguna consecuencia.
El gran desafío será encontrar el equilibrio entre proteger la libertad de expresión, un derecho fundamental en toda democracia, y garantizar el derecho al honor, la dignidad y la reputación de los ciudadanos.
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