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Johnny Sánchez
No hubo una "ley mordaza"; hubo una crisis de confianza.
Al presentar el proyecto sin un amplio consenso previo ni una estrategia política capaz de generar credibilidad, el oficialismo dejó que el debate se librara fuera de las instituciones. La narrativa no se construyó desde el Palacio Nacional, sino desde WhatsApp, la radio, los editoriales y las redes sociales.
La oposición apenas tuvo que intervenir. El rumor, las interpretaciones y el temor hicieron gran parte del trabajo.
En términos militares, fue como mover tropas a campo abierto, a plena luz del día y con las banderas desplegadas. Bastó con que los críticos esperaran el momento para responder.
El rechazo no comenzó en el Congreso. Comenzó en la opinión pública, alimentado por periodistas, juristas y ciudadanos que recordaron que la democracia dominicana aún convive con el recuerdo de épocas en las que la libertad de expresión fue restringida. Trujillo, Balaguer, periodistas presos época Papá, llegaron a la mente.
Para muchos, cualquier disposición que pudiera sancionar la difusión de "contenido falso" despertó la inquietud sobre quién tendría la autoridad para definir qué es verdad y qué no.
En ese escenario, la batalla política parecía cuesta arriba incluso antes de la primera votación. Porque una iniciativa que llega al Congreso sin suficiente legitimidad social, aunque cuente con los votos necesarios, enfrenta un desafío mucho mayor: convencer a la ciudadanía de que nació para proteger derechos y no para limitarlos.
Lea esto: difamación extorsiva, el artículo 209 C.P. expresa que “Quien haga imputación pública a una persona, física o jurídica, de un hecho preciso o concreto que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, por cualquier forma pública, … le cause un perjuicio, y con ello obligue o procure obligar a la víctima a ceder a sus exigencias, será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público”.
Revisar temas como la difusión de contenidos digitales, la difamación, las sanciones contra funcionarios y otros aspectos incluidos en la nueva normativa, debe hacerse
Apoyo ideas de Persio Maldonado y asociaciones afines, denunciar se puede, insinuar por apariencias, No.
Permitir denunciar la corrupción y fiscalizar al poder es deber de todos; ahora cuando se utilizan medios para exponer deliberadamente la vida privada de una persona, humillarla o convertir su dignidad en entretenimiento colectivo debe sancionarse
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