El Gobierno de Venezuela comunicó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el retiro definitivo del país de la Corte Penal Internacional (CPI). El canciller Félix Plasencia González dio a conocer la notificación, que responde a instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La salida se tramita conforme al Artículo 127 del propio Estatuto, la vía que el instrumento reserva a los Estados parte para abandonar la jurisdicción del tribunal. Con ese trámite, Caracas lleva al terreno formal un cuestionamiento de fondo sobre el desempeño de la Corte.
La Cancillería venezolana sostiene que la actuación del tribunal responde a un sesgo geográfico demostrado, que concentró su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos. Esa concentración, advierte, opera en detrimento del Sur Global y desdibuja la promesa de igualdad ante la ley que dio origen a la institución.
El desequilibrio, según la lectura de Caracas, revela una justicia internacional que extravió la equidad como brújula. Plasencia afirma que sus mecanismos terminaron instrumentalizados para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía.
De ahí que el Gobierno venezolano descarte que el patrón obedezca a una casualidad procesal. El canciller lo describe como el reflejo de una institución que puso sus herramientas al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger.
El lawfare, eje del rechazo venezolano
Sobre esa base descansa el segundo argumento del documento entregado a Guterres. Venezuela rechaza lo que identifica como una dimensión de lawfare, práctica que, según el planteamiento oficial, perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano.
El jefe de la diplomacia venezolana resume el reclamo al señalar que la dimensión de lawfare «perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir». Un organismo creado para reparar asimetrías entre naciones habría terminado ampliándolas, con procedimientos que recaen una y otra vez sobre las mismas regiones del planeta, sentenció.
En el pronunciamiento, Venezuela acompaña su denuncia del Estatuto de Roma con un compromiso expreso hacia una justicia «genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos», según la formulación del canciller.
La declaración fija el marco con el que el país caribeño quiere ser leído en el plano multilateral. La objeción apunta al funcionamiento concreto de la Corte y a la desigualdad que, a juicio del Gobierno venezolano, reproduce su selección de casos.
Fuente: Resumen Latinoamericano
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