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Por José Armando Toribio
Santiago de los Caballeros- La aprobación del nuevo Código Penal ha generado un amplio debate en la sociedad dominicana, debido a que algunos de sus artículos son considerados complejos y podrían interpretarse como mecanismos de protección para determinados funcionarios o figuras públicas, mientras otros buscan sancionar la difamación, la injuria y la extorsión.
El periodismo tiene el compromiso de informar, orientar e investigar con responsabilidad, un profesional de la comunicación puede realizar denuncias y críticas fundamentadas sin recurrir a la descalificación, al insulto o a la difusión de informaciones falsas que afecten el honor de las personas.
La Constitución dominicana garantiza la libertad de prensa y de expresión como derechos fundamentales, sin embargo, ejercer el periodismo de investigación continúa siendo una labor que implica riesgos, especialmente cuando se actúa con independencia, ética y compromiso con la verdad.
Los periodistas son formados para informar, denunciar hechos de interés público y orientar a la ciudadanía, por esa razón, cualquier normativa que limite injustificadamente el ejercicio responsable de la profesión genera preocupación, debido a que la libertad de investigar fortalece la democracia.
Quienes desempeñan funciones públicas también tienen el deber de actuar con transparencia y rendición de cuentas, al ocupar cargos financiados con recursos del Estado deben comprender que están expuestos al escrutinio ciudadano y a las investigaciones periodísticas sustentadas en hechos.
En un Estado de Derecho, cuando una persona considere que ha sido difamada, el procedimiento correcto es acudir a los tribunales para que la justicia valore las pruebas y determine las responsabilidades, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos de todas las partes.
La libertad de expresión es uno de los pilares de toda democracia, porque permite defender derechos, expresar opiniones y participar en los asuntos públicos, sin embargo, ese derecho también exige responsabilidad para evitar que sea utilizado con el propósito de dañar injustamente la reputación de otros.
El principal desafío del nuevo Código Penal será lograr un equilibrio entre la protección del derecho al honor y la garantía de una prensa libre e independiente, fortaleciendo un periodismo ético y una justicia que proteja tanto la dignidad de las personas como el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna.
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