El Gobierno devolverá a las empresas el dinero que pagaron por unos aranceles que el Tribunal Supremo declaró ilegales. Hasta el 10 de julio ya se había gestionado más del 70 % del importe total
Estados Unidos tramitó la devolución de 121.750 millones de dólares, hasta el pasado 10 de julio, a las empresas afectadas por los aranceles que impuso el Gobierno de Donald Trump y que fueron anulados en febrero por el Tribunal Supremo, confirmó este miércoles un portavoz gubernamental. Según el portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense, la agencia ha recibido 24,4 millones de declaraciones de importación, de las que aproximadamente 16,76 millones fueron procesadas para su potencial reembolso o devolución certificada.
El importe tramitado supone más del 70 % del total a reintegrar, estimado en unos 166.000 millones de dólares. «La CBP ha cumplido plenamente con todas las decisiones del Tribunal de Comercio Internacional y de otros tribunales relativas a los reembolsos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)», declaró el portavoz de la oficina.
Las solicitudes de devolución pueden ser presentadas por importadores o agentes de aduanas a través de un mecanismo en línea denominado CAPE, habilitado el pasado abril, y luego son revisadas de manera individual. Un día después de la puesta en marcha del CAPE, Trump sugirió a las empresas que sería una buena decisión no buscar recuperar el dinero pagado por los aranceles anulados.
El Supremo de EE UU declaró ilegal en febrero el sistema arancelario que el presidente republicano impuso en abril de 2025 en virtud de la IEEPA de 1977, estableciendo diferentes gravámenes a los países, considerados recíprocos por el mandatario.
Trump criticó ampliamente la sentencia del Alto Tribunal y anunció un arancel global temporal del 10 % bajo un nuevo marco legal, que expiró a finales de julio. Para mantener su política arancelaria, la Administración republicana anunció nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 economías y que, según sus investigaciones, realizan «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
Fuente: La Razón
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