En la intervención simultánea encabezada por el Ministerio Público en la zona este participaron 18 fiscales y más de 300 agentes de la DNCD y otras agencias de inteligencia del Estado
SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público desplegó desde la madrugada del jueves, en una acción conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras agencias de inteligencia del Estado, la Operación LGTCA, con la que desmanteló una compleja estructura criminal dedicada a la recepción, acopio y redistribución de cargamentos de sustancias controladas procedentes de Sudamérica.
La base operativa del entramado criminal estaba en el litoral este del país, específicamente en las zonas turísticas comprendidas entre la desembocadura del río Chavón y Bayahíbe.
Las investigaciones de inteligencia operativa arrojaron que la organización delictiva desarrolló la capacidad de movilizar múltiples cargamentos transnacionales de estupefacientes al año, sirviendo además como puente a otras redes internacionales para el posterior envío de las sustancias hacia Puerto Rico a través de lanchas rápidas.
En la operación, coordinada por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, participaron 18 fiscales y más de 300 agentes de la DNCD y de otras agencias.
El Ministerio Público ejecutó 14 allanamientos simultáneos que impactaron múltiples propiedades vinculadas a la red, ubicadas en las provincias de La Romana, La Altagracia y Puerto Plata.
Como resultado del despliegue de las fuerzas, fueron arrestadas unas 11 personas y se incautaron 10 vehículos de diversos modelos, varias embarcaciones, dispositivos de geolocalización (GPS) y múltiples equipos electrónicos de comunicación, dinero y documentos, entre otras evidencias vinculantes con la investigación.
Las autoridades han confirmado 10 integrantes dentro de la organización, varios de los cuales cuentan con condenas previas por delitos vinculados al narcotráfico en Puerto Rico.
Las personas arrestadas serán presentadas por el Ministerio Público ante los tribunales para que los jueces les conozcan medidas de coerción.
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