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Por Rafael Linares Guerrero
Colombia cerró el capítulo de la izquierda retrógrada, retorcida y cargada de contradicciones que representó el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la salida de Petro no obliga a los ciudadanos a guardar silencio frente al pasado de quien acaba de asumir la Presidencia.
Abelardo de la Espriella llegó al poder prometiendo mano dura contra el narcotráfico, los grupos armados y la inseguridad. Su discurso conquistó a una sociedad cansada de la expansión de la violencia y del fracaso de la llamada “paz total”. Pero quien se presenta como el nuevo guardián del orden también arrastra cuestionamientos que no pueden borrarse con una banda presidencial.
De la Espriella alcanzó notoriedad como abogado de personajes relacionados con el paramilitarismo, la corrupción, el narcotráfico y grandes escándalos políticos. Entre sus antiguos representados figuran personas vinculadas con las Autodefensas Unidas de Colombia, una organización responsable de masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y otros crímenes que ensangrentaron al país.
Defender judicialmente a un acusado no convierte automáticamente al abogado en cómplice de su cliente. Ese principio debe quedar claro. Toda persona tiene derecho a una defensa técnica, incluso aquella señalada por los delitos más graves. Sin embargo, cuando el abogado abandona los tribunales para convertirse en presidente, sus relaciones profesionales, empresariales y patrimoniales adquieren una dimensión pública distinta.
Ya no estamos hablando únicamente del secreto profesional o del derecho de defensa. Estamos hablando de la confianza que debe inspirar el jefe del Estado colombiano.
Uno de los episodios que más interrogantes ha provocado gira alrededor de Juan Carlos Sierra Ramírez, alias “El Tuso”, narcotraficante y antiguo integrante de las AUC. Sierra acusó a De la Espriella de haber recibido una suma millonaria para gestionar su ingreso al proceso de Justicia y Paz. A partir de ese testimonio, la Corte Suprema colombiana remitió documentos a la Fiscalía para que investigara la posible comisión de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
De la Espriella sostuvo que esos mismos hechos ya habían sido investigados y que fue absuelto por la Fiscalía. Esa respuesta debe formar parte de cualquier exposición responsable del caso, pero no elimina el derecho de la sociedad a conocer todos los detalles de una controversia tan grave.
También han surgido investigaciones periodísticas sobre negocios y propiedades relacionados con antiguos paramilitares o sus familias. Una de ellas documentó la adquisición, por parte de De la Espriella, de un terreno que había pertenecido a la familia de Hugues Rodríguez Fuentes, conocido como “Comandante Barbie”, condenado por promover grupos paramilitares y procesado en Estados Unidos por narcotráfico.
La misma investigación señala que De la Espriella representó judicialmente a empresas y familiares relacionados con Rodríguez Fuentes y que sostuvo vínculos empresariales con integrantes de ese entorno. El presidente tendrá que explicar con absoluta transparencia la naturaleza de esas operaciones, el origen de los recursos utilizados y las circunstancias en las que fueron realizadas.
Además, narcotraficantes y antiguos integrantes de estructuras criminales han formulado acusaciones relacionadas con dinero, honorarios y bienes. Esos señalamientos no equivalen por sí solos a una condena. Quienes los realizan tampoco son necesariamente fuentes confiables. Pero cuando las denuncias se acumulan alrededor de quien ocupa la Presidencia, no pueden responderse solamente con insultos, amenazas judiciales o discursos políticos.
Colombia debe evitar un error muy común en América Latina: creer que para rechazar a la izquierda hay que cerrar los ojos ante cualquier cuestionamiento dirigido contra la derecha.
Gustavo Petro dejó un país golpeado por la inseguridad, la polarización y el fortalecimiento de numerosas estructuras armadas. Pero el fracaso de Petro no convierte automáticamente a De la Espriella en una figura libre de escrutinio. La democracia no consiste en reemplazar una obediencia ciega por otra.
Quien prometió perseguir a los narcotraficantes debe explicar con claridad sus antiguas relaciones profesionales con ellos. Quien se propone combatir a los grupos armados debe responder las preguntas sobre su proximidad pasada con figuras vinculadas a las AUC. Y quien levanta la bandera de la lucha contra la corrupción debe permitir que se conozca con transparencia el origen y la evolución de su patrimonio.
No se trata de condenarlo por haber ejercido como abogado. Tampoco corresponde atribuirle automáticamente los crímenes cometidos por sus antiguos clientes. Se trata de reconocer que la Presidencia exige un nivel de transparencia mucho mayor que el ejercicio privado de la profesión.
De la Espriella ya no puede refugiarse únicamente en la explicación de que cumplía su deber profesional. Ahora representa al Estado, dirige la fuerza pública y promete encabezar una ofensiva contra organizaciones similares a aquellas cuyos integrantes defendió en el pasado.
Ese contraste no demuestra culpabilidad, pero sí plantea una contradicción política y moral que deberá aclarar.
Colombia salió de Gustavo Petro buscando orden, seguridad y autoridad. Ojalá no haya sustituido una decepción por un presidente cuyo pasado termine convirtiéndose en una carga para su gobierno.
Abelardo de la Espriella comienza su mandato con una oportunidad, pero también con una sombra. Y mientras no responda de manera convincente cada uno de estos cuestionamientos, esa sombra seguirá acompañándolo dentro y fuera del Palacio de Nariño.
Rafael Linares Guerrero
Abogado y comunicador
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