SANTIAGO.- La Alcaldía de Santiago informó que este viernes el tribunal conoció la revisión de la medida de coerción impuesta a Suleiny Esther Amador, una de las principales imputadas en el fraude electrónico mediante el cual fueron sustraídos RD$3,435,120.00 de una de las cuentas bancarias del cabildo.
El proceso judicial tiene su origen en los hechos ocurridos el 24 de abril de 2026, cuando la Gerencia de Investigaciones Electrónicas del Banco de Reservas (Banreservas) detectó un acceso ilícito a una de las cuentas del Ayuntamiento del Municipio de Santiago. Como resultado de la acción delictiva fueron ejecutadas cinco transferencias electrónicas fraudulentas por un monto total de RD$3,435,120.00.
Las investigaciones establecieron que los recursos fueron transferidos a cuentas de terceros presuntamente vinculados a una estructura criminal dedicada a cometer delitos electrónicos. En el expediente figuran como imputadas Suleiny Esther Amador, Yafermy García Araujo y Elide Miguelina de las Mercedes, mientras que Jorge Miguel Rivas Medina permanece bajo investigación, junto a otras personas cuya participación continúa siendo investigada.
Las autoridades también determinaron que varias de las imputadas fueron arrestadas cuando presuntamente intentaban retirar parte de los fondos obtenidos de manera fraudulenta, lo que permitió fortalecer las investigaciones e identificar a los involucrados.
En defensa del patrimonio municipal, la Alcaldía de Santiago presentó una querella con constitución en actor civil el 30 de abril de 2026, fecha en la que igualmente fue conocida la solicitud de medidas de coerción contra los imputados.
En esa audiencia, el tribunal impuso prisión preventiva a Suleiny Esther Amador, mientras que a las demás imputadas les fueron impuestas medidas de coerción consistentes en garantía económica.
La audiencia celebrada este viernes forma parte del curso normal del proceso penal y correspondió a la revisión de la medida de coerción impuesta a Amador.
La Alcaldía de Santiago reiteró que continuará dando seguimiento al caso hasta su conclusión, con el objetivo de salvaguardar los recursos públicos, procurar la recuperación de los fondos sustraídos y contribuir a que los responsables respondan ante la justicia.
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