SANTO DOMINGO.- La Coalición de Fabricantes de Estructuras Metálicas Fabricadas (EMF) y sectores aliados hicieron un llamado a las autoridades para reforzar el cumplimiento de las normas que regulan la fabricación e instalación de estructuras metálicas en el país, al considerar que la seguridad de los ciudadanos y la competencia leal deben ser prioridades innegociables.
La Coalición, conformada por más de 20 empresas, advirtió que toda estructura metálica que se instale en la República Dominicana, independientemente de su origen, debe cumplir con los reglamentos técnicos, las certificaciones y los controles de calidad establecidos por la legislación nacional. En un país con alta actividad sísmica y en zona de paso de huracanes, las normas no constituyen una recomendación, sino un requisito indispensable para proteger vidas.
«Una estructura metálica cumple con los requisitos técnicos o no los cumple. En materia de seguridad no existen términos medios. Cada elemento estructural debe demostrar, mediante la documentación y certificaciones correspondientes, que responde a los estándares exigidos por la normativa dominicana.»
El sector recordó que el país cuenta con el Reglamento R-001 para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras, el Reglamento R-027 para el Diseño y Fabricación de Estructuras de Acero y el Reglamento R-028 sobre Cargas para Edificaciones, así como con la Ley 160-21 y la Ley 687-82, instrumentos creados para garantizar la seguridad de las edificaciones y de quienes las ocupan.
En ese sentido, señalan que a los fabricantes nacionales se les exige y deben cumplir rigurosamente con licencia de construcción, planos firmados, ingeniero corresponsable, mill-test reports, certificaciones de soldadura, verificaciones de calidad. Esa misma exigencia debe aplicarse a cualquier estructura que ingrese al territorio nacional.
Según el informe técnico emitido por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) sobre los establecimientos comerciales inspeccionados por el MIVHED durante los operativos de 2024-2025, existe una probabilidad estimada de daño del 70 % ante un sismo moderado en edificaciones cuyas estructuras no cuentan con la debida certificación técnica ni cumplen los requisitos constructivos establecidos por la normativa dominicana (Ley 687-82, Reglamentos R-004 y R-021 bajo Decretos 232-17 y 576-06). Esta realidad obliga a las autoridades a reforzar los mecanismos de verificación antes de permitir su entrada e instalación en el país.
Junto al tema de la seguridad, existe una gran preocupación por las distorsiones que enfrenta actualmente la industria nacional debido al ingreso de estructuras metálicas prefabricadas a precios con los que el fabricante dominicano difícilmente puede competir en igualdad de condiciones.
«Las empresas nacionales invierten en personal calificado, tecnología, certificaciones, controles de calidad, cumplimiento tributario y todas las obligaciones legales que exige el Estado. Cuando al mercado ingresan estructuras con costos significativamente inferiores, sin que exista certeza de que han cumplido las mismas exigencias técnicas y regulatorias, se genera una competencia que afecta seriamente la capacidad de la industria nacional para competir en condiciones equitativas.»
La industria dominicana de estructuras metálicas está integrada por alrededor de 60 empresas fabricantes, genera aproximadamente 5,000 empleos directos y más de 15,000 empleos indirectos, constituyendo un importante aporte al desarrollo económico del país y al fortalecimiento del sector construcción.
La República Dominicana dispone de instrumentos legales para garantizar condiciones de competencia justas, entre ellos la Ley 1-02 sobre Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia, la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia y los mecanismos de coordinación impulsados por la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito y Competencia Desleal, encabezada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
La Coalición reiteró su disposición de trabajar junto a las autoridades para fortalecer los mecanismos de inspección, certificación y cumplimiento de la normativa vigente, convencida de que proteger la seguridad de los dominicanos y preservar una industria nacional competitiva son objetivos que deben avanzar de manera conjunta.
«La seguridad ciudadana no admite excepciones y la competencia solo puede ser verdaderamente libre cuando todos los actores cumplen las mismas reglas. Garantizar ambas es una responsabilidad compartida entre el Estado y todos los sectores productivos.»
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