El edicto afecta a energía, transporte, logística y cualquier instalación crítica para la seguridad nacional, y puede aplicarse por orden presidencial. Expertos lo llaman “nacionalización híbrida” y temen que sirva para confiscar activos empresariales
Vladimir Putin ha firmado un decreto que podría colocar empresas privadas bajo gestión estatal si el Gobierno considera que no se han protegido frente a ataques con drones ucranianos, una medida que juristas describieron el miércoles como una posible herramienta para incautar activos de compañías rusas con el pretexto de fallos de seguridad.
El edicto, que entró en vigor de inmediato, abarca instalaciones de los sectores del combustible y la energía, la industria, las comunicaciones, la energía incluida la nuclear, los servicios públicos, el transporte y la logística, y cualquier otra instalación que se considere de «particular importancia para la seguridad, la estabilidad económica y la vida de la población de la Federación Rusa».
Permite imponer una gestión estatal temporal sin necesidad de una decisión judicial, basándose únicamente en una instrucción presidencial, que según los abogados incluso podría darse de forma oral.
La gestión estatal se podrá activar ahora si una empresa no adopta medidas de seguridad frente a ataques con drones, incumple los requisitos de seguridad o toma medidas que se consideren ineficaces.
Un aspecto clave es que el decreto del presidente ruso no define quién decide si se ha superado ese umbral ni con qué criterios.
¿Una herramienta para la redistribución?
Una fuente de una de las principales compañías energéticas rusas, que habló con Euronews bajo condición de anonimato, dijo temer que el decreto se utilice en disputas internas corporativas, que empleados puedan recurrir a él para denunciar a la dirección en plena conflictividad, con consecuencias devastadoras.
Juristas y expertos empresariales reaccionaron con dureza. El analista político Abbas Gallyamov lo calificó de «nacionalización híbrida». «Después de que te hayan bombardeado, el Estado vendrá, te acusará de no haberte protegido del ataque y te quitará la empresa», afirmó.
El abogado Andrei Grivtsov señaló que la definición extremadamente amplia de «infraestructura crítica» deja sin respuesta la cuestión fundamental de quién evaluará el cumplimiento y sobre qué base.
Un representante de uno de los mayores holdings agroindustriales de Rusia, que habló de forma anónima con la edición rusa de ‘Forbes’, fue más directo y calificó el decreto de «herramienta que permitirá quitar grandes activos a las empresas con el pretexto de un supuesto incumplimiento de las medidas de seguridad».
El abogado Sergei Uchitel advirtió contra tomar al pie de la letra la palabra «temporal». En la práctica, la gestión externa implica que una empresa pierde el control de sus operaciones, no puede fijar su propia estrategia y acaba viéndose obligada a vender «en condiciones que difícilmente pueden calificarse de voluntarias», señaló Uchitel.
Los representantes de las refinerías de petróleo y de las plataformas de comercio electrónico Wildberries y Ozon alcanzadas por drones ucranianos aún no han comentado la decisión de Putin.
Ataques con drones y escasez de combustible
El decreto se publicó en un contexto de intensificación de la campaña ucraniana de drones contra la infraestructura económica rusa, mientras la guerra a gran escala de Moscú contra Ucrania entra ya en su quinto año.
En los primeros seis meses de 2026, los drones ucranianos lograron impactar refinerías rusas al menos en 194 ocasiones, 11 veces más que en el mismo periodo de 2025, según cálculos del ‘Financial Times’. Los almacenes de Wildberries han sido alcanzados 21 veces en 16 regiones desde mediados de julio y, desde el sábado, drones ucranianos han atacado seis instalaciones logísticas de Ozon en tres días.
Kyiv ha intensificado recientemente los ataques contra la logística y la infraestructura energética rusas con el objetivo de recortar la fuente de financiación de la maquinaria bélica de Moscú, en un contexto de bombardeos rusos sostenidos sobre ciudades y pueblos ucranianos.
Según la ONU, al menos 437 civiles murieron en Ucrania en julio, la cifra mensual más alta desde mayo de 2022, un 30% más que en junio y un 70% más que en julio de 2025.
Kyiv ha reiterado que las fuerzas rusas continúan atacando deliberadamente zonas residenciales e infraestructuras civiles.
Tres días antes de firmar el decreto, el viceprimer ministro Alexander Novak ordenó a las compañías petroleras revisar los calendarios de mantenimiento de sus refinerías para evitar agravar la actual escasez de combustible. Con el nuevo decreto, cualquier retraso en la reparación de instalaciones dañadas podría tener ahora consecuencias legales directas para sus propietarios.
El primer viceprimer ministro Denis Manturov trató de tranquilizar al empresariado el mismo día de la publicación y declaró al canal RBC que el decreto «se aplicará de forma selectiva, no se trata de una nacionalización».
Afirmó que las decisiones se tomarán «al máximo nivel» y que no existe un mecanismo para introducir de forma masiva la gestión temporal.
«Hoy, los propietarios de las empresas afrontan las amenazas a las que nos enfrentamos con distintos niveles de responsabilidad», afirmó.
«En una serie de casos, garantizar la seguridad de las instalaciones y del personal, por desgracia, no es su prioridad. Es precisamente en esos casos cuando el Estado asumirá la responsabilidad».
Fuente: Euronews
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