Por José Armando Toribio
Santiago de los Caballeros.- Lo que estamos viendo en las últimas semanas con las muertes ocurridas durante intervenciones policiales merece una mirada seria, sin pasiones y sin tomar partido por nadie, porque detrás de cada cifra hay una vida y detrás de cada arma exhibida en las redes sociales hay un peligro que puede alcanzar a cualquier ciudadano.
Las autoridades han intensificado la persecución contra personas buscadas por distintos delitos y la Policía sostiene que en varios casos sus agentes han respondido a agresiones armadas, mientras sectores de la sociedad y organismos de derechos humanos reclaman que cada muerte sea investigada y que se respete el debido proceso.
Pero hay otro asunto que está pasando casi desapercibido y que también debería preocuparnos, son los videos que circulan en las redes sociales donde jóvenes vinculados a hechos delictivos aparecen exhibiendo pistolas, fusiles y otras armas de fuego como si se tratara de objetos comunes.
Eso no solamente genera temor en la población, también puede interpretarse como un mensaje de desafío a las autoridades, porque cuando una persona exhibe públicamente un arma de alto calibre está mostrando que tiene acceso a un poder de fuego que puede poner en riesgo la vida de policías, familias y ciudadanos que simplemente salen a trabajar.
Aquí surge una pregunta que las autoridades deberían hacerse con mucha seriedad, ¿de dónde están saliendo esas armas y cómo llegan a manos de personas que las utilizan para delinquir, amenazar o exhibirlas públicamente?, porque mientras a un ciudadano responsable se le exige cumplir numerosos requisitos para obtener un arma legal, en las calles aparecen armas de gran poder en manos de personas que no deberían tenerlas.
La propia Policía ha informado en distintos operativos sobre la ocupación de fusiles, pistolas y otras armas portadas ilegalmente, lo que demuestra que no estamos hablando solamente de una percepción ciudadana, sino de un problema que requiere investigación, inteligencia y seguimiento para determinar las rutas por donde esas armas llegan a los barrios y sectores del país.
Tampoco debemos caer en el error de pensar que todo está bajo control, porque la realidad que muestran las redes sociales es preocupante y un ciudadano que se levanta temprano para trabajar, que lleva sus hijos a la escuela o que sale con su familia tiene derecho a sentirse seguro sin encontrarse con personas exhibiendo armas de guerra en plena calle.
La firmeza contra la delincuencia es necesaria, pero también lo es la responsabilidad institucional, cada intervención debe realizarse conforme a la ley y cuando ocurre una muerte durante un operativo deben existir investigaciones que permitan establecer exactamente qué sucedió, porque combatir el crimen y proteger los derechos de las personas no son objetivos contradictorios.
La sociedad dominicana necesita seguridad, pero necesita también respuestas, no basta con contar muertos ni anunciar operativos, hay que investigar quién suministra las armas, quién las fabrica, quién las vende, quién las introduce al país y quién permite que lleguen hasta las manos de quienes las utilizan para desafiar a la autoridad y sembrar miedo entre ciudadanos que solo quieren vivir en paz.
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