Tusk defiende la suspensión del presidente del órgano judicial como un paso necesario para recuperar el Estado de derecho, mientras la oposición anuncia una moción de censura contra el Gobierno
Varsovia ha vuelto a convertirse en el escenario de una batalla política que amenaza con desbordar las instituciones polacas. El enfrentamiento por el control del Tribunal Constitucional ha elevado la tensión entre el Gobierno europeísta de Donald Tusk y el presidente de la República, Karol Nawrocki, aliado de la derecha nacionalconservadora. Lo que durante años ha sido una disputa sobre la independencia judicial ha desembocado en una confrontación abierta, con policías antidisturbios desplegados en las inmediaciones del tribunal, manifestaciones en las calles y una oposición que pretende aprovechar la crisis para forzar la salida del Ejecutivo.
El detonante llegó el viernes 30 de octubre, cuando la magistrada Anna Korwin-Piotrowska anunció la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, y asumió la dirección de la institución. La decisión se justificó por los supuestos obstáculos que la dirección del organismo había puesto a la celebración de reuniones de los jueces y a la incorporación de nuevos magistrados elegidos por la mayoría parlamentaria. Święczkowski, antiguo responsable del Ministerio de Justicia durante los gobiernos del partido Ley y Justicia (PiS), rechazó la medida, que la oposición considera ilegal.
La reacción presidencial fue inmediata. Nawrocki interrumpió su viaje oficial a Senegal y regresó a Varsovia para acudir a la sede del tribunal. Allí denunció lo que calificó como una «toma por la fuerza de un órgano constitucional» y una vulneración del ordenamiento jurídico polaco. El presidente, que convocó consultas urgentes con representantes de las distintas fuerzas parlamentarias, acusó al Gobierno de cruzar una línea institucional y advirtió de las consecuencias para la seguridad interna del país.
Al otro lado del enfrentamiento, Donald Tusk ha defendido la actuación de los magistrados y ha prometido que el tribunal podrá desarrollar sus funciones con independencia y conforme a la Constitución. En un discurso televisado, el primer ministro aseguró que la responsabilidad del Ejecutivo es garantizar la seguridad y las condiciones de trabajo de la institución. «La restauración del Estado de derecho es nuestra obligación», había escrito en sus redes sociales, antes de advertir de que se trata de un proceso difícil, a veces doloroso, que exige decisiones firmes.
La Razón
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