El Ministerio Público solicitó el desglose del expediente respecto a dos procesados, por su estado de salud y, además, para avanzar en el conocimiento del juicio a los demás involucrados en el caso por corrupción administrativa
SANTO DOMINGO, RD.- Tras acoger la solicitud del Ministerio Público, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dispuso este miércoles el desglose del expediente respecto a dos procesados en el juicio penal por corrupción administrativa que se sigue contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y compartes.
El Ministerio Público solicitó el desglose del expediente atendiendo a males de salud de los procesados Santiago Roberto Moquete y Daniel Omar Caamaño Santana. Planteó, además, que la medida contribuirá a avanzar en el conocimiento del juicio a Guerrero Ortiz y los demás involucrados en el caso por corrupción administrativa.
Luego de que el tribunal dispusiera el desglose en la audiencia de este miércoles, llamó la atención a la defensa de Roberto Santiago Moquete Ortiz, Yahaira Brito Evangelista y Ramón David por recusar a las juezas Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, una acción que los magistrados definieron como una “táctica dilatoria” sancionada por el Artículo 135 del Código Procesal Penal.
En ese contexto, remitieron el incidente a la corte de apelación, tribunal que justo en la audiencia de este miércoles, había comunicado su decisión de rechazar una recusación anterior presentada por las defensas de los acusados.
“Miren, lo que sí hay que decir es que lo que pasó hoy fue un acto de deslealtad procesal. El tribunal, incluso, le invocó el artículo 135 del Código Procesal Penal a ese abogado, porque ha actuado en esta audiencia con total y absoluta deslealtad”, dijo Romero Suazo.
“Para avanzar con el conocimiento del juicio, el tribunal acogió esa solicitud, y, simplemente, porque el tribunal, acogió, atendiendo a razones humanitarias, el desglose de ese imputado del proceso, entonces vino esa defensa a recusar el tribunal y a decir que no tiene calidad para conocer este proceso”, señaló.
El Artículo 135 establece, al referirse a la lealtad procesal, “las partes deben litigar con lealtad, absteniéndose de proponer medidas dilatorias, meramente formales y de abusar de las facultades que este código les reconoce”.
El fiscal Melbin Romero Suazo recordó que el Código Procesal Penal establece sanciones para aquellos abogados que, simplemente, por negarse al conocimiento de un proceso, recurren a actos de deslealtad.
“Hoy, ustedes vieron que vinimos a esta audiencia a conocer el juicio y había una decisión pendiente de la corte de apelación sobre una recusación; la corte rechazó esa recusación y le dijo al tribunal que tenía la calidad y la competencia para conocer este proceso”, dijo Romero Suazo, a los periodistas que abordaron al Ministerio Público a la salida del tribunal.
“Valoramos positivamente que el tribunal le advirtiera a esa defensa que si vuelve a actuar de forma desleal será sancionado como establece la norma procesal penal”, dijo Romero Suazo, quien integró el equipo litigante junto a los fiscales Rosa Ysabel, Miguel Crucey y Jhensy Víctor.
Tras anunciar el rechazo de la recusación presentada la semana pasada a las juezas Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez por la defensa de Juan Tomás Polanco, el tribunal, presidido por Arlin Ventura, se refirió a la solicitud del Ministerio Público de separar de este proceso judicial a Santiago Roberto Moquete y al excontralor Daniel Omar Caamaño Santana.
El tribunal ordenó la continuación de la audiencia, sin embargo, la defensa de Santiago Roberto Moquete, recusó a las juezas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez.
En ese contexto, la jueza presidenta del tribunal fijó nueva audiencia para el próximo 18 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
El pasado mes de octubre el tribunal también separó a Rafael Porfirio Calderón Martínez del juicio penal.
El Ministerio Público presentó en septiembre su acusación contra el exministro Donald Guerrero y compartes, procesados por hechos de corrupción administrativa que cometieron al defraudar al Estado con más de 19 mil millones de pesos en perjuicio de todos los contribuyentes.
Los procesados, quienes fueron apresados por el Ministerio Público con la puesta en marcha de la Operación Calamar en el año 2023, integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
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