
- El alto tribunal ratifica también los 14 años de inhabilitación para el expresidente de la Diputación de Valencia por malversación, prevaricación y falsedad documental.
- La sentencia es firme y conlleva la misma pena de cárcel para el exgerente Marcos Benavent y el exconsejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla
VALENCIA.- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de las defensas y ha confirmado de manera definitiva la condena de cinco años de prisión y 14 años de inhabilitación especial para el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, en el marco de la pieza de los llamados «trabajadores zombis» del caso Imelsa-Taula.
Con este fallo, hecho público ayer miércoles, el alto tribunal avala en lo esencial la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia en noviembre de 2023. La resolución considera probado que Rus utilizó su posición e influencia institucional para impulsar la contratación irregular de asesores en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa. Dichos trabajadores percibieron salarios con cargo al erario público por razones de afinidad política o favores personales sin llegar a desempeñar ningún trabajo efectivo.
El Supremo ratifica la autoría de Rus en delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad documental. Exactamente las mismas penas de cinco años de cárcel y 14 de inhabilitación han sido confirmadas para el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent (quien ya se encuentra cumpliendo condena por otra pieza separada de la trama), y para el exconsejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla.

Validez de las grabaciones y rebaja en la responsabilidad civil
En su resolución, los magistrados han rechazado los argumentos de las defensas que solicitaban la nulidad de las actuaciones, avalando plenamente la legalidad de las grabaciones realizadas por Benavent e incautadas en su día en un disco duro. No obstante, la sentencia cuenta con el voto particular discrepante de uno de los cinco integrantes de la sala, quien abogaba por absolver a Benavent y a la exdirectora de Recursos Humanos de Imelsa, María Gracia.
El único cambio sustancial respecto al fallo original de 2023 es la estimación del recurso presentado por una trabajadora del gabinete de prensa de Ciegsa, quien queda absuelta al no considerarse irregular su contrato. Esta absolución conlleva una reducción en la indemnización económica que los condenados deberán abonar de forma conjunta a la empresa pública Ciegsa, pasando de los 356.554 euros fijados inicialmente a 65.438,13 euros.
Al tratarse de una sentencia firme contra la que no caben recursos ordinarios, el procedimiento regresa ahora a la Audiencia Provincial de Valencia, órgano encargado de ejecutar el fallo y ordenar el ingreso en prisión de Alfonso Rus y Máximo Caturla.







