Santo Domingo.- Sonados casos de corrupción en la República Dominicana sortearon el 2022 a la espera de que los procesos legales avancen.
Los mencionados sumarios tienen involucrados a altos funcionarios de actuales y anteriores gobiernos, los cuales presuntamente desfalcaron millones de pesos a los fondos públicos del país.
Todos tienen su particularidad e importancia por el nivel de corrupción pues no es común ver en el banquillo de los acusados a un exprocurador general de la República, a hermanos de un expresidente, a miembros de la Cámara de Cuentas y a altos mandos militares.
Pero es así, guardan prisión preventiva en unos casos (cada vez menos) y en otros domiciliaria, y lo real es que un grupo de personas que debieron ser probos, concluyeron llenándose las manos de dinero y recursos ajenos.
El caso Medusa, mediante el cual guarda prisión el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, parece no tener fin; la vista fue aplazada para febrero de 2023 ante el pedido de los abogados del acusado, quienes pidieron un aplazamiento para leer toda la documentación.
La fiscalía presentó en julio pasado la acusación formal por este caso que incluyó a 41 imputados, 22 empresas y más de 400 testigos, con un expediente de más de 12 mil páginas y archivos de 60 mil.
Rodríguez aparece como el supuesto cabecilla de una red de corrupción que manejó más de mil millones de pesos (18 millones de dólares) en sobornos, por tanto, es de esperar el inicio del juicio preliminar para ver hasta dónde llegará este proceso.
ANTIPULPO, LOS CORAL, OPERACIÓN 13…
Y qué decir del Antipulpo: este involucra -entre otras personas-, al hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis, y la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Carmen Magalys.
Por supuesto, son acompañados en el proceso por 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
El expediente señaló que el principal acusado, Alexis Medina, creó un entramado societario y mediante tráfico de influencias por su condición de hermano del entonces jefe del Estado, realizó presuntas maniobras fraudulentas en asociación con funcionarios.
En agosto pasado, el tribunal decidió pasar su situación de preso preventivo a arresto domiciliario por haberse sobrepasado el plazo de 18 meses estipulado como límite para que el imputado permanezca en la cárcel sin iniciarse el juicio.
Los procesados están acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencias, lavado de activos, coalición de funcionarios, falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito y prevaricación, entre otros delitos.
Los Coral, pues son como un dos en uno, tiene como principales acusados a generales y coroneles de varios cuerpos de las fuerzas de seguridad dominicanas, algunos de la del expresidente Medina.
En estos dos casos, el Ministerio Público presentó cargos contra 30 personas físicas y 18 personas jurídicas por supuesta corrupción administrativa y por defraudar al Estado dominicano, presuntamente, más de cuatro mil millones de pesos (72 millones de dólares).
Aquí está vinculado el Cuerpo de Seguridad Presidencial, el especializado de Seguridad Turística, además del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, como se dice, para comer y para llevar.
Finalmente, y como para que no falte nada, tenemos la llamada Operación 13, un fraude ocurrido en la Lotería Nacional, donde el principal implicado es el exadministrador de esa institución, Luis Dicent, y lo acompañan otros ocho acusados.
De acuerdo a las acusaciones, el fraude abarcó más de 500 millones de pesos (nueve millones de dólares) durante un sorteo realizado el 1 de mayo de 2021, en el cual el número ganador del primer premio fue el 13, de ahí el nombre del caso.
LA LENTITUD, TALÓN DE AQUILES
Estamos en presencia de un grupo de procesos que aunque se movieron de una u otra forma en 2022, vienen de antes y sobrepasarán el 2023. Sin lugar a dudas, el talón de Aquiles de la justicia dominicana es la lentitud de los asuntos judiciales y sobre ello es difícil incidir.
Recientemente, en el balance anual de Participación Ciudadana, fue reconocida dicha lentitud en los procesos, y la gran inquietud que tenía la población al respecto.
Y aunque destacaron los avances en la lucha contra la corrupción en el país con el nombramiento de personas independientes y bien preparadas al frente de la Procuraduría General de la República, expresaron la ralentización de estos procesos.
Fuente: Prensa Latina
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