Por Narciso Isa Conde
Estoy harto de escuchar a delincuentes de Estado demandando el “debido proceso” y alegando “persecución política”. Dentro de un orden constitucional y un sistema jurídico-político-institucional tan favorables para ellos, tal discurso –reproducido profusamente en los medios masivos de comunicación- persigue proteger modalidades de estafas practicadas con descaro y muchas complicidades. Nada accidental.
En casos con ese cúmulo de evidencias y pruebas, “el debido proceso” debería ser… cárcel, condena ejemplar y confiscación de dineros y bienes robados en corto plazo; y radical e intensa persecución a delincuentes metidos a políticos y empresarios.
Otra cosa es indebida, porque en lugar de defender derechos ciudadanos, procura imponer el derecho al robo sin sanción judicial para cúpulas partidistas, militares y empresariales mafiosas.
Se esgrime que tales expedientes persiguen destruir al PLD, lo que no estaría nada mal e incluso mucho mejor si se extiende a un sistema de partidos y un capitalismo neoliberal privatizador y corruptor en alta escala, que realmente se pudrieron y pudrieron Estado, Congreso, política y elecciones.
Cierto que la acción de justicia está súper concentrada contra delitos de corrupción cometidos durante los dos gobiernos del PLD-Danilo Medina, y no es que no lo merezcan- Merecen esos y muchos otros.
Se dice que esa súper concentración en casos morados danilistas -no precisamente leonelistas- se debe a que son “los más voluminosos”, y que entre ellos CALAMAR “es lo máximo”. Y no es verdad: solo la evadida estafa de Punta Catalina supera los mil 500 millones de dólares equivalentes a unos 80 o 90 mil millones de pesos.
La verdad es que el modelo de acción de justicia que quieren imponer desde que el danilismo se quemó, es “made in usa” y gravitó previamente en Marcha Verde desde PC-USAID y Asociados para afectar autonomía, dividir y desviar sectores de la avalancha verde a favor de Abinader-PRM-Vicini; lo que le ha permitido a la Casa Blanca, a su Embajada y USAID, influir en el Estado, incluidos en enclaves de la PGR, para que su accionar no abarque el abanico que debe abarcar y excluya parte del sistema tradicional de partidos, cúpula CONEP, corporaciones mineras, generalato recién desplazado y facciones activas.
Participación Ciudadana ha asumido ese modelo y aunque jure “no tener corruptos preferidos” le sigue los pasos a USAID para sacar de la agenda activa, casos mayores y más sistémico que CALAMAR; entre ellos: Mafia Gas Propano-Coastal/Propagas, Antena Latina, San Souci-Vicini, EGE-HAINA-EGE ITABO /FONPER, grandes delitos ambientales, sobrevaluación Tucanos, narco-corrupción PLD-Cesar Abusador, PRM-López Pilarte-Gutiérrez. FP/Quirino-Solano-Del Tiempo-Figueroa Agosto. Todos con denuncias bien sustentadas y depositadas en la PGR.
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