Desde la recuperación democrática en 1985, las madres y familiares han denunciado el silencio y la negación de los mandos militares en torno a la cuestión

Personas participan en la marcha del silencio, en Montevideo, Uruguay.

Miles de uruguayos marcharon por la avenida principal de Montevideo para pedir verdad y justicia por los detenidos desaparecidos durante la última dictadura (1973-1985). Como cada año desde 1996, la Marcha del Silencio fue convocada por madres y familiares de las víctimas y estuvo encabezada por la pregunta que reiteran desde hace medio siglo: ¿Dónde están? Una multitud silenciosa de niños, jóvenes, adultos y mayores caminó bajo un cielo encapotado con las imágenes de los 197 desaparecidos. “Nunca más terrorismo de Estado”, fue la consigna que atravesó la jornada, cuando falta un mes para que se cumplan 50 años del golpe cívico militar.

“La Marcha del Silencio es lo más gratificante que ha existido y que sigue existiendo; ha permitido que pudiéramos sostener una lucha que solo crece”, dice Elena Zaffaroni, viuda de Luis Eduardo González, detenido desaparecido en 1974. Ese año, Zaffaroni y González fueron llevados al Regimiento de Caballería número 6, donde ella ―con 24 años y embarazada de cuatro meses― fue obligada a presenciar las torturas que le infligían a su marido, de 22 años. González, estudiante de medicina, militante gremial y del Partido Comunista Revolucionario, murió a causa de las torturas, según el informe de la Comisión para la Paz de 2003. Su cuerpo aún permanece desaparecido.

Desde la recuperación democrática en 1985, las madres y familiares han denunciado el silencio y la negación de los mandos militares en torno a los desaparecidos. En ese contexto, buscaron información dentro y fuera del país, sin ser recibidos por los expresidentes Julio Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Luis Lacalle Herrera (1990-1995). Recién en el año 2000, subraya Zaffaroni, el entonces presidente Jorge Batlle (Partido Colorado) reconoció el problema y marcó un hito con la instauración de la Comisión para la Paz. En 2005, bajo el primer Gobierno del Frente Amplio (centroizquierda), comenzó la búsqueda de los desaparecidos en territorio uruguayo. Desde entonces han sido aclarados seis casos.

“Los perpetradores directos no hablan. Hay un pacto de silencio y lo han respetado a fondo”, explica Wilder Tayler, encargado de la búsqueda de desaparecidos en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Cuando las hubo, la mayoría de las versiones sobre el destino de los cuerpos han sido contradictorias y desmentidas por la vía de los hechos, señala. Tayler considera necesario un llamamiento público desde la cúspide del Estado para que se entregue toda la información. “Sería muy importante un gesto público desde las más altas jerarquías porque le daría confianza a aquellos que tienen algo para decir”, añade.

Ese gesto institucional, continúa Tayler, estaría en sintonía con el consenso social que existe en torno a los desaparecidos y que tiene su “expresión más viva” en esta marcha, con la presencia masiva de las nuevas generaciones. “Es un fenómeno mayormente de gente joven”, destaca. En esa participación de los jóvenes está vivo el reclamo por los desaparecidos, acota Zaffaroni, pero también el “nunca más” terrorismo de Estado. En Uruguay hubo 6.000 presos políticos procesados por la justicia militar, recuerda, de los cuales la gran mayoría fue torturada. Además, el aparato represor del Estado uruguayo coordinó sus acciones con las dictaduras de la región en el marco del Plan Cóndor. De hecho, la mayor parte de los casos de uruguayos detenidos desaparecidos ocurrió en Argentina.

“La sociedad uruguaya no tolera este tipo de cosas. No puede ser que en Uruguay haya familias que no sepan qué pasó con sus hijos, sus tíos, sus hermanos, sus primos, sus padres”, dice Santiago Gutiérrez, de 28 años, presente en la marcha. Gutiérrez es nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz, político uruguayo asesinado en Buenos Aires en 1976. El 20 de mayo es especial para Santiago, porque ese día del año 76 el cuerpo de su abuelo fue hallado junto a los cadáveres de los uruguayos Zelmar Michellini, Rosario Barredo y William Whitelaw. En homenaje a su memoria, los uruguayos empezaron a marchar en silencio el 20 de mayo de 1996.

“El hecho de mantener viva la llama es la única forma de que podamos construir una memoria fiel a los hechos y que eso nos pueda permitir aprender y que no vuelva a pasar nunca más”, remarca Gutiérrez. Como su abuelo, el joven forma parte del Partido Nacional (hoy en el Gobierno), aunque asegura que esta movilización ciudadana está por encima de los colores partidarios. La militancia de las nuevas generaciones es mayor en causas significativas como esta, opina, que dentro de los partidos políticos. “Creo que los jóvenes hemos ido cambiando nuestra manera de expresarnos políticamente”, agrega.

Gutiérrez considera que el actual Gobierno (formado por una coalición centroderecha) ha continuado con las investigaciones sobre los detenidos desaparecidos y cree probable que más responsables de delitos cometidos durante la dictadura terminen en la cárcel, junto a los 24 represores, sobre todo militares y policías, que actualmente están en prisión. No obstante, reconoce: “Por supuesto que a mí me encantaría que el presidente (Luis Lacalle Pou) se manifestara pública y abiertamente sobre la causa, y que el Partido Nacional que integro fuera mucho más enfático, por su historia de resistencia y sacrificio democrático”.

Elena Zaffaroni se muestra bastante más escéptica con respecto a lo que pueda ocurrir durante este Gobierno y la posibilidad de que los militares rompan el silencio. Basa su pronóstico en lo ocurrido en el pasado, pero también en la actuación de Cabildo Abierto, el socio de la coalición gobernante que ha cuestionado públicamente a la Justicia por el procesamiento de militares y policías. En ese sentido, advierte de los proyectos de ley revisionistas impulsados por ese partido y la repetición de discursos que buscan equiparar la violencia de Estado con la ejercida por la guerrilla de izquierda.

“Ojalá lográramos de este Gobierno la voluntad política de encontrar a los desaparecidos y devolvernos la verdad de lo que pasó. Como siempre han dicho las madres: queremos toda la verdad, la podemos soportar. Queremos saber lo que hicieron, quiénes, cómo y por qué lo hicieron”, concluye Zaffaroni.

Queda claro que para acabar con la impunidad es necesario acabar con el régimen que la garantiza y el poder que la sostiene. La lucha y la movilización en las calles es el camino para derribar ese muro que protege a los represores de la dictadura. Pero también es el camino para enfrentar los avances represivos actuales, lo que impuso la LUC y los que impulsa el Gobierno buscando recuperar el prestigio de las Fuerzas Armadas y represivas, aumentando su presupuesto y su protagonismo para sostener el control social.