El Fiscal de Estado Miguel Rivas, que responde directamente al Ejecutivo provincial, anunció multas de 500 mil a 2 millones de pesos y hasta 25 años de cárcel por cortes de ruta, “escándalo en espacios públicos” y “reuniones tumultuarias”. Se criminaliza la manifestación colectiva, como en la última dictadura genocida. Gerardo Morales continúa atacando al pueblo de Jujuy que protesta contra su Reforma Constitucional.
El gobierno de la provincia redobló anoche, en conferencia de prensa, la apuesta contra las y los ciudadanos jujeños, con multas y penas vinculadas a las protestas salariales y contra la reforma constitucional en la provincia. Hasta la fecha hay “más de 100 procesos iniciados”.
“Las imputaciones contravencionales se han llevado adelante contra personas físicas y jurídicas. Hay ya más de 150 personas imputadas y se han sentenciado a cinco de ellas, cuyas multas van de los 500 mil a los 2 millones de pesos”, señaló anoche en conferencia de prensa el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro.
Los procesos iniciados están vinculados a los cortes de ruta que llevan más de dos semanas y las manifestaciones donde hubo represión policial, entre ellas, la del 20 de junio pasado, cuando el gobernador Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio (JxC), presidió la jura de la reforma en medio de protestas en distintos puntos de la capital jujeña.
“La policía de la provincia, a través del departamento contravencional, va a seguir con los trabajos cada vez que se corte las rutas y no se permita el paso, lo que implica que las sanciones se pueden repetir en las personas físicas o jurídicas”, acotó el funcionario sobre la sumatoria de multas, que “pueden llegar hasta los 2.500.000 pesos”.
El Estado será querellante criminal
Durante la rueda de prensa, el Fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Rivas, señaló que hay denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación y la justicia penal por “delitos en todo el territorio” desde el 17 de junio, fecha en la que tuvo lugar una primera represión policial, en el corte de ruta que aún llevan adelante comunidades originarias en el ingreso al poblado de Purmamarca, en la intersección de las rutas nacional 9 y 52 (el estado provincial no tiene injerencia por ser vías nacionales y no puede aplicar el código contravencional).
El funcionario aseguró que “se trata de acciones ilícitas, perpetradas por personas violentas, con una virulencia majestuosa, que realmente están atacando el orden constitucional”.
Además insistió en la versión conspirativa: “de ninguna manera se trata de hechos aislados, sino planeados y ejecutados por individuos violentos, organizaciones sociales y políticas”, dijo, y agregó que exigirá a los fiscales del MPA la inmediata detención “de los delincuentes”. También instó a fiscales federales de Jujuy.
Reiteró que el Estado será querellante criminal en la totalidad de los procesos penales, Rivas apuntó que se buscará que “se apliquen los montos mayores de penas previstas para cada delito”, tanto para los “autores materiales, cómplices e instigadores” y que pueden sumar “hasta 25 años de cárcel”.
En esta avanzada contra el derecho constitucional a la protesta de la ciudadanía jujeña, Rivas también planteó que “queremos embargar patrimonialmente a cada uno de los delincuentes violentos” y que “se les va reclamar por los daños y perjuicios producidos al Estado provincial”, que estiman en “una suma aproximada de mil millones de pesos”, ello referido a incendios que hubo en inmediaciones a la Legislatura y lesiones presuntamente sufridas por agentes de la policía en el operativo represivo del 20 de junio.
Del accionar de policías de civil infiltrados entre los manifestantes y grupos que atacaron comercios bajo órdenes de uniformados, registrados en fotos y videos en aquella jornada, Rivas no encontró oportuno realizar ningún comentario. Tampoco sobre los allanamientos y detenciones ilegales, ni de las múltiples denuncias de torturas y abusos en lugares de detención, que continúan provocando denuncias de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
El tono de Rivas a lo largo de su intervención reveló el nivel de persecución en contra de sectores de la oposición, pero también de la ciudadanía en general. “Golpe institucional”, “delincuentes”, “violentos”, “sedición”, “perseguir hasta las últimas consecuencias” fueron algunas de las frases que el funcionario repitió en varias oportunidades para tratar de deslegitimar el reclamo de la población.
Repudio de la APDH
Lo anunciado por el gobierno de la provincia de Jujuy generó expresiones de rechazo desde distintos sectores de la sociedad local.
“Cuando los organismos de derechos humanos hablamos de criminalizar la protesta, hablamos de esto. Defender las ideas, manifestarse, protestar, organizar debates y clases públicas en las arterias de nuestras ciudades no es atacar la democracia, por el contrario, es defenderla”, expresaron desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Jujuy.
“La democracia no es votar cada dos años, eso es solo la consecuencia, democracia es abrir el diálogo, escuchar al pueblo, rectificar medidas cuando fueron mal tomadas o implementadas, respetar las distintas formas de pensar y sobre todo agotar todas las instancias para lograr consensos. Detentar el poder y ejercerlo de modo autoritario no es democrático, por el contrario, con esa modalidad se avanza a pasos agigantados hacia una dictadura opresora”, agregaron a través de una publicación en las redes sociales.
Fuente Indymedia
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