Santo Domingo.- Una primera cohorte de instituciones públicas concluyó de forma satisfactoria el proceso de implementación del Sello de Igualando RD para el Sector Público, que se implementa en el país bajo el liderazgo del Ministerio de la Mujer, con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a nivel nacional, regional y global.
El Sello Igualando RD para el Sector Público es un acelerador hacia la igualdad de género que se encuentra alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género y otros instrumentos de política de carácter nacional, así como la Agenda 2030. A través de su implementación, se ha podido fortalecer y transformar a las instituciones participantes en sus dimensiones internas y externas, a la vez que se ha propiciado una conexión entre su estructura y sus objetivos institucionales con impacto de políticas públicas que cuentan con perspectiva de igualdad de género y que promueven el empoderamiento de las mujeres.
Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, indicó que el Sello Igualando RD representa una importante herramienta para la transversalización de la igualdad de género, y promueve acciones en uno de los ejes que consideró más relevantes, como lo es el cambio cultural, dentro del cual se trabaja en la sensibilización y transformación de la cultura que sostiene estereotipos, discriminaciones y violencias. Agregó que el sello es indispensable para avanzar a lo interno de las instituciones y en el cumplimiento de sus obligaciones y mandatos.
En tanto, Inka Mattila, representante residente del PNUD, dijo que “El Sello de Igualdad de Género en el Sector Público es una iniciativa innovadora que valora el trabajo de las instituciones en esta materia y proporciona una hoja de ruta concreta para mejorar de forma permanente la incorporación de la mirada de género en la gestión pública. La iniciativa establece puentes y conexiones entre la estructura organizacional y el impacto y los resultados de las políticas públicas. Mediante este Sello Público hemos obtenido resultados concretos impactando a más de 23,000 colaboradores y colaboradoras públicas del país, entre ellos 56 % mujeres y 44 % hombres.”
El Sello de Igualdad de Género para el Sector Público, es una iniciativa global del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que establece estándares y normas de desempeño basados en acuerdos y compromisos internacionales, regionales y nacionales, conectando la estructura organizacional con el impacto de las políticas públicas.
Con el Sello Nivel Oro fueron reconocidas la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), la Junta Central Electoral (JCE), el Poder Judicial, y el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).
Con el Sello Nivel Plata, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Programa Supérate, en tanto que con el Sello Nivel Bronce fue reconocido el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE).
Estas entidades están generando impactos en 23,000 servidoras y servidores, 56 % mujeres y 44 % hombres. Entre las transformaciones producto de la implementación del sello, se destaca el establecimiento de un programa de prevención de violencia de género y su atención como una prioridad, en el Plan Municipal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. De igual forma, la creación y promoción de mecanismos para asegurar y facilitar el acceso a empresas lideradas por mujeres a las compras públicas es una buena práctica reconocida a nivel regional a la Dirección General de Compras Públicas.
En tanto, INDOTEL ha priorizado la igualdad de género en sus programas de formación y acceso a la conectividad especialmente a través de la canasta digital social, impulsado la autonomía económica de mujeres, logrando que 50 % de las participantes de este programa incorporen ingresos adicionales gracias a las herramientas digitales.
Por su parte, la Junta Central Electoral ha sido promotora y defensora de la paridad, con lo cual ha logrado aumentar en un 11 % la participación de las mujeres en las juntas electorales. En el caso del Poder Judicial, se ha reducido la presencia del sexismo en los fallos e incrementado las sentencias de veinte años o más para casos de violencia de género.
Asimismo, el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) ha tenido un rol fundamental para el diseño de la política de cuidados, incorporando este tema como eje central de la protección social y produciendo datos relevantes para la toma de decisiones. En el caso del programa Supérate ha implementado, junto a otras instituciones, el programa «Cambiando las normas de género para la prevención de la violencia, el matrimonio infantil y las uniones tempranas»; así como una serie de iniciativas para impulsar y apoyar el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos de mujeres y su autonomía económica.
El Ministerio de la Mujer y el PNUD felicitaron a las instituciones por su dedicación y esfuerzo en la implementación de prácticas inclusivas y las instaron a seguir siendo referentes en la promoción de políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas, para no dejar a nadie atrás.
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