Las ISAPRES (Instituciones de Salud Previsional) son el corazón financiero y el articulador del sistema privatizado de salud en Chile, las personas con capacidad económica para acceder a alguno de los miles de planes de salud privados que hay se tienen que afiliar a alguna de estas instituciones que recaudan el 7% de cotización obligatoria más algún adicional voluntario. El grueso de la población trabajadora de menos ingresos tiene que afiliarse al sistema público FONASA (Fondo Nacional de Salud). De esta manera se «descrema» el sistema, que pierde el grueso de las mayores cotizaciones y se separa a unos afliados de otros; segregando brutalmente a la población en su acceso a la salud. Las ISAPRES se interesan en mantener a sus afiliados mientras son jóvenes y tienen poco gasto de salud, luego les suben arbitrariamente el costo de sus planes de salud para presionarlos a marcharse. Cobraban más a las mujeres en edad de embarazarse y dejan fuera de la cobertura cualquier patología pre existente.
Durante muchos años las ISAPRES elevaron arbitrariamente los precios de los planes de salud a sus afiliados. Muchos afectados recurrieron a los tribunales para poner coto al abuso, y ganaron los juicios desde hace 15 años. Sin embargo, las empresas privadas de la salud optaron por la estrategia de la judicialización y chutar el problema hacia adelante. Durante estos 15 años las ISAPRES recurrieron una y otra vez hasta que las causas se resolvieron en el Tribunal Supremo en noviembre del año pasado y ahora. En ambos casos los tribunales fallaron en favor de los afectados y las ISAPRES deberían devolver aproximadamente 2.100 millones de dólares cobrados ilegalmente.
Pero las ISAPRES hasta ahora no cumplen los fallos, y esperan que el Estado se haga cargo de su deuda. Mientras el gobierno de Gabriel Boric envió una ley corta para tratar de salvar el sistema privatizado de salud del colapso, pero no lo suficientemente generosa como querían los propietarios de las ISAPRES.
La crisis generalizada del sistema sanitario se explica porque durante décadas el Estado de Chile ha subvencionado a la Salud Privada a través de diferentes mecanismos de transferencias, como compras de servicios o via cobertura de bonos a través de la modalidad de libre eleccion en FONASA. De esta manera, resulta que la Salud privatizada solo es un buen negocio si el Estado le transfiere sistemáticamente recursos millonarios del erario fiscal; mientras el sector público, que atiende a la mayoria de los chilenos, está en una crisis permanente de subfinanciamiento y falta de atención oportuna. El sector privado de salud así concebido, es un negocio multimillonario, mayoritariamente en manos de transnacionales norteamericanas y europeas.
Recientemente ha trascendido que la tercera sala de la Corte Suprema ha fallado sobre la última arista judicial clave que quedaba pendiente respecto de la industria de las isapres, las alzas al precio GES de los planes de salud. Si bien el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema no se ha hecho público, se ha filtrado que fijará un tope máximo (de 7,2 UF anual) del ajuste realizado por las Isapres en relación al precio GES (Garantías Explícitas de Salud)
De confirmarse lo anterior, implicaría que varias Isapres deberìan devolver aproximadamente otros 700 millones de dólares a los afiliados afectados por alzas ilegales de precios en GES. Esto se suma a los 1.400 millones de dólares que ya debían devolver las Isapres segun el fallo de noviembre pasado por el alza de los planes en base a tablas de factores de riesgo ilegales. De esta manera, este reciente fallo resulta ser lapidario para el sistema de Isapres, tal como funciona y lo conocemos.
Las ISAPRES no han tardado en reaccionar en defensa de su negociado. Banmédica y Vida Tres anunciaron que “hemos tomado la decisión de suspender, a partir de hoy, la comercialización de todos nuestros planes de salud”; recientemente Consalud ha tomado medidas semejantes. Para decirlo francamente esta decisión suena a un intento de chantaje; que presiona por una ayuda estatal ante la crisis aguda e insolvencia del sistema privado.
Es urgente avanzar hacia un Seguro Universal Público de Salud, que permita mancomunar las cotizaciones y las transfiera a cada seguro según riesgo y edad del paciente. Es decir, si el paciente es más costoso para el sistema de salud que lo que aporta como cotización (porque por ejemplo, tiene más edad y enfermedades), el seguro recibiría un adicional, que proviene de pacientes más sanos y de mayores ingresos.
Esto debe ser parte de un programa integral de fortalecimiento del sistema sanitario, aumentando el gasto efectivo en salud pública a nivel de los países de la OCDE, donde se gasta en promedio un 9.5 % del PIB. En Chile se gasta un 8% del PIB, pero de ello sólo la mitad es un gasto efectivo en el sistema público; lo demás se transfiere al sector privado a través de la compra millonaria de prestaciones de salud. Esta es la política neoliberal que ha llevado a la crisis actual de la Salud Pública, fortaleciendo por otra parte, el negocio privado de clinicas, laboratorios y farmacias.
Necesitamos defender y reforzar el sistema público de salud, a partir del principio básico socialista de Seguridad Social que la salud es un derecho. Esta sería la repuesta de fondo para garantizar de verdad el derecho a una salud digna y de calidad para la población; dejando atrás los problemas crónicos de las listas de espera y la segregación en la atención.
Fuente El Porteño
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