Adán Cáceres y principales funcionarios del Cusep deberán retribuir al Estado todo el dinero erogado sin documentación justificativa.
Santo Domingo -Hace casi un año, Adán Cáceres acusó al Ministerio Público de crear una verdad retorcida sobre su paso en la administración pública, sin embargo, la auditoría de la Cámara de Cuentas al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) complica aún más su situación legal.
El mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre fungió como el director del Cusep durante los ocho años del gobierno del expresidente Danilo Medina (2012-2020), ese fue el período que auditó la Cámara de Cuentas en atención a una solicitud del Ministerio Público que lleva a cabo la investigación que mantiene en prisión a un grupo de exfuncionarios, proveedores del Estado y religiosos: Caso Coral.
La auditoría
La Cámara de Cuentas encontró muchas limitantes para auditar las órdenes de servicios y contratos suscritos, procesos de adquisición de bienes y servicios, pagos de nómina y otros gastos del Cusep. Básicamente, ese organismo actuó todo el tiempo (2012-2020) al margen de la ley.
Carece de estados financieros.
No registra sus operaciones a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (Siafe).
No tiene manuales de procedimientos internos y de cargos.
No tiene un comité de ética No cuenta con un portal institucional.
No publica los procedimientos de compras y contrataciones.
{No registra sus nóminas en el sistema de la Contraloría General de la República, entre otras.
Hallazgos
Al no llevar un registro, el Cusep no suministró las nóminas del período auditado, las cuales ascienden a RD$ 879,200,032. Realizó pagos a personal que no labora en la entidad, por valor de RD$ 6,575,626.
El organismo auditor evidenció la sustracción de recursos a través de las nóminas de personal por valor de RD$ 36,121,434, encontró pagos a personal que labora en otra entidad del Estado, por valor de RD$ 1,248,650.
El Cusep realizó pagos a proveedores de bienes y servicios sin evidenciarse los procesos de selección establecidos por la Ley 340-06, por valor de RD$ 683,368,964, realizó compras sin evidencia de certificaciones de pagos de impuestos y Tesorería de la Seguridad Social (TSS), por valor de RD$ 436,281,186, desembolsos sin facturas, por valor de RD$ 60,368,746.
Además, realizó retención de impuesto sobre la renta a proveedores y no remitió a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por valor de RD$ 7,485,726.
El equipo auditor halló desembolsos por concepto de prendas de vestir, dieta, y retenciones de impuestos sin documento de recepción, por un valor de RD$ 16,273,024, además, pagos de alimentos, alquiler y servicios de inteligencia sin documentos de recepción por parte del beneficiario, por valor de RD$ 134,412,885.
La Cámara de Cuentas encontró expedientes sin órdenes de compras, por valor de RD$ 698,071, compras soportadas en facturas con un mismo Número de Comprobante Fiscal (NCF), por valor de RD$ 10,285,549, expedientes sin entrada de almacén o certificación del bien o servicio recibido, por valor de RD$ 150,439, pagos por concepto de inteligencia sin soportes, por valor de RD$ 959,589,419, facturas y entrada de almacén sin fecha de impresión, por valor de RD$2 millones.
Otras irregularidades que detectaron los investigadores fueron: compras de productos alimenticios sin soportes, por valor de RD$ 19,500,000, compra de “ticket” de combustible sin listado de beneficiarios anexo, por un valor de RD$245,459,550, distribuidoras de combustibles sin certificación de permiso o licencia, por valor de RD$ 464,463,401, duplicidad en órdenes de compras, por valor de RD$ 3,093,404.
Además, pagos a proveedores con lazos de consanguinidad con funcionario de la entidad, por valor de RD$ 121,926,235.
Situación legal
La auditoría al Cusep es uno de los documentos que ha esperado el Ministerio Público para presentar la acusación formal en contra de los imputados por pertenecer a un entramado de corrupción militar, policial y religioso que desfalcó al Estado dominicano durante ocho años, estos son el general Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Tras los hallazgos de irregularidades e inobservancias, el director interino Jurídico de la Cámara de Cuentas, Roberto Reyes Pérez, recomienda a la máxima autoridad someter a las principales incumbentes del Cusep durante el periodo auditado por la violación a los artículos los artículos 47, 48, 49 y 54, relativos a las responsabilidades administrativa, civil e indicios de responsabilidad penal establecidos en la Ley 10-04.
Además, el órgano auditor llama a la máxima autoridad a gestionar la recuperación de los montos erogados sin la documentación justificativa.
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