SANTO DOMINGO.-La directora de persecución del Ministerio Público, la procuradora general adjunta Yeni Berenice Reinoso, atribuyó al tribunal de atención permanente de Santiago no haber tomado en consideración el peligro de fuga que representa Luis Alberto Ramos (alias Uva) al imponerle medida de coerción distinta a la prisión preventiva y calificó de “distorsionado” el comunicado emitido por el Poder Judicial con relación al caso.
Yeni Berenice reaccionó luego de que el Poder Judicial afirmara que la jueza en cuestión tomó la decisión correcta debido a que el Ministerio Público pidió medida de coerción por un allanamiento en la que a los imputados le fueron encontrados porciones de drogas y armas de fuego e insinuó fallos en el procedimiento de los fiscales en la audiencia.
“En relación al caso de “Luisito La Uva» y otros investigados, se aclara que la medida de coerción impuesta no está relacionada con un delito de asesinato, sino con un allanamiento realizado en Santiago, el 18 de agosto en el que fueron encontrados en posesión de sustancias ilícitas, un arma y otros objetos ”, indica el Poder Judicial en su comunicado.
Añade que “en la vista previa que tuvo lugar en Santiago el 25 de agosto, se evaluó la solicitud de medida de coerción contra Luis Alberto Ramos, Jennifer María Cruz Montolio y Randel Guillermo Adans luego de que la Procuraduría alegara que los mencionados individuos estuvieron involucrados”.
Yeni Berenice Reinoso respondió a través de sus redes sociales señalando que “el Ministerio Público no se había referido públicamente a la decisión que, en clara inobservancia de los artículos 229 y 234 del CPP (Código Procesal Penal) dispone la liberad del imputado Luis Alberto Ramos (alias Uva), quien tiene varios procesos abiertos por hechos graves.
El diferendo surge luego de que la jueza de atención permanente de Santiago dictara garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica a los tres imputados de ser parte de la banda de microtráfico, lavados de activos y sicariatos que encabeza Joel Ambioris Pimentel García, mejor conocido como “La J”.
El supuesto cabecilla de la banda se encuentra prófugo en el extranjero y es la persona a la que se le atribuye haber amenazado a la Procurador Miriam Germán Brito por haber desarticulado parte de la estructura criminal que funcionaba desde varias cárceles.
El comunicado del Poder Judicial, hecho público en sus redes sociales, indica que el Ministerio Público pidió la inclusión de otros documentos sobre impuciones correspondientes a otra jurisdicción y afirma que la jueza indicó a los fiscales que en ese caso lo que procedía una solicitud de aplazamiento para notificar a los imputados, acción a la que supuestamente declinaron los representantes del Ministerio Público.
La procuradora Adjunta reaccionó señalando que el comunicado en cuestión presenta hechos divorciados de la realidad ocurrida en la audiencia.
“El Ministerio Público aspira a un Poder Judicial imparcial y a que los fundamentos de sus decisiones, como debe ocurrir en todo Estado de derecho, estén contenidas en sentencias y resoluciones que puedan bastarse sin reccurir a un comunicado distorsionado que presenta hechos divorciados de la realidad ocurrida en audiencia y la gravedad de las imputaciones de un proceso.
Los dos artículos que afirma fueron ignorado por la jueza se corresponden a los que establecen el peligro de fuga como sustento para imponer prisión preventiva como medida de coerción a los imputados.
El Ministerio Público le atribuye a Luis Alberto Ramos (La Uva) ser una de las figuras operativas de la banda criminal encabezada por Pimentel García (La J) y lo vincula con al menos 10 asesinatos y a acciones de sicariato.
El comunicado del Poder Judicial aclara que la jueza establece en la resolución que las partes tienen un plazo de 10 días a partir de la notificación para recurrir la decisión.
“Cabe señalar que la imposición de estas medidas de coerción no impide que el Ministerio Público solicite medidas de coerción adicionales contra Luis Alberto Ramos por hechos supuestamente cometidos en otras provincias del país”, puntualiza.
Llama la atención que el Derecho dominicano cuenta con reglas procesales para asegurar que las partes se encuentren en igualdad de condiciones a la hora de presentarse a un juez y también para evitar cualquier condena previa a la sentencia definitiva.
“Todas estas reglas y garantías se han cumplido en el presente caso”.
La medida de coerción impuesta por el juez que excluyó la prisión preventiva también sorprendió porque días antes el tribunal de atención permanente del Distrito Nacional había impuesto tres meses de prisión preventiva a un ciudadano acusado de manotear a un agente de la Amet.
Fuente El Día
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