Un juez ordenó paralizar “toda actividad minera (aurífera) ilegal” tras otorgar la tutela a una acción popular presentada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP).
La medida adoptada por el juez de Rurrenabaque, en el departamento de Beni, se aplica a los ríos Madre de Dios, en Pando, y el río Beni, en el límite del departamento del mismo nombre y La Paz, y en cinco de sus afluentes.
El fallo también ordena instalar un puesto de control” para que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana “realicen controles rutinarios” en los ríos.
La sentencia dispone que la AJAM “cumpla con verdaderos procesos de consulta previa” y la “suspensión de la otorgación de nuevos derechos mineros” en las áreas afectadas.
La motivación de la orden judicial es evitar la expansión de la minería ilegal, entre otras acciones, en los principales ríos en la Amazonía boliviana, afectados por la contaminación de mercurio.
La acción popular se presentó hace más de un mes por los pueblos Tacana, Uchupiamonas, Ese Ejja, Tsimanes y Mosetén, agrupados en la CPILAP, que habitan cerca de los ríos Madre de Dios y Beni.
El recurso judicial se dirigió contra los ministros de Medio Ambiente y Agua, y de Minería, así como contra el director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de La Paz, el gobernador de La Paz y otros dos funcionarios.
A mediados del mes pasado, la corte regional ordenó paralizar los trabajos mineros como “medida cautelar” en tanto se definía el fondo del caso que finalmente favoreció a los demandantes.
Con esto “se logró demostrar que la minería ilegal aurífera está afectando negativamente a su derecho a la salud, medioambiente y a la consulta previa libre e informada”, destaca la CPILAP.
Los pueblos amazónicos de Bolivia señalaron como “tramposa” la manera en que se efectúan los procedimientos de consulta previa que el Gobierno aplica en las zonas donde busca implementar un proyecto.
Más aún, cuando el uso de mercurio en la minería aurífera ha generado una amplia discusión en Bolivia sobre los efectos negativos que sus residuos tóxicos causan en el ambiente y en la salud humana, con daños neurológicos y otras afecciones.
Un estudio que presentó a mediados de junio la CPILAP, basado en 302 muestras de cabellos de personas pertenecientes a 36 comunidades originarias amazónicas del norte boliviano, estableció que los niveles de mercurio están por encima de los niveles normales.
El Gobierno respondió con la aprobación de un decreto para regular el uso de mercurio en la minería y dijo que alista otras normas adicionales sobre cuestiones sanitarias relacionadas a este metal.
Fuente Servindi
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