Las mujeres de color tienen más del doble de riesgo de morir que las mujeres blancas
Entre 2012 y 2022, 483 mujeres murieron a causa de abortos en hospitales de salud pública de Brasil. Analizados más de 1,7 millones de hospitalizaciones registradas en el Sistema de Información Hospitalaria (SIH-SUS) como embarazos que terminaron en aborto.
La encuesta consideró hospitalizaciones por aborto espontáneo, aborto por razones médicas y legales, otros tipos de aborto, aborto no especificado, otros productos anormales de la concepción, intento fallido de aborto y complicaciones resultantes del aborto y del embarazo ectópico o molar.
Más de la mitad de las hospitalizaciones se registraron como abortos espontáneos. Sin embargo, proporcionalmente, el mayor número de muertes se produjo en casos de “intento fallido de aborto”. Se trata de abortos incompletos, en los que se produjo la hospitalización para completar el procedimiento. En estos casos, por cada 28 hospitalizaciones, un paciente muere y el riesgo de muerte es 140 veces mayor que en todas las demás categorías combinadas.
Según el ginecólogo y obstetra Cristião Fernando Rosas, coordinador de la Red Médica por el Derecho a Decidir, si el aborto se hubiera realizado en condiciones seguras y legales, casi todas las muertes se podrían haber evitado. “El aborto es el evento reproductivo más seguro que existe”, dice.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera abortos inseguros los procedimientos realizados por personas sin las habilidades necesarias o en un ambiente sin estandarización y condiciones médicas. La OMS también recomienda la despenalización del aborto y la capacitación de profesionales de la salud para brindar atención segura.
Revisión de estándares
Según las directrices de la OMS , aunque los métodos de aborto varían según la edad gestacional, el embarazo puede interrumpirse de forma segura en cualquier etapa. La organización destaca también que los límites de edad gestacional establecidos en algunos países no están basados en evidencia científica.
En Brasil, el aborto sólo está permitido en tres situaciones: embarazo resultante de una violación, riesgo para la vida de la mujer embarazada y anencefalia fetal. Incluso en los casos legales, en las normas técnicas vigentes, el Ministerio de Salud aconseja que la interrupción se produzca hasta la semana 20 o 22 de embarazo, teniendo en cuenta que el producto de la concepción debe pesar menos de 500 gramos, una indicación obsoleta, que suele ser utilizado por los equipos médicos para negar el derecho al aborto a quienes buscan servicios de salud. El equipo técnico del ministerio, sin embargo, garantiza que está trabajando en la revisión de estas normas.
En carta enviada al Supremo Tribunal Federal (STF) en el ámbito de la Demanda por Incumplimiento de Preceptos Fundamentales (ADPF) nº 989 – que trata sobre la garantía de la posibilidad del aborto en los casos previstos por la ley – el ministerio afirmó que “no existe un período de gestación fijo para realizar un aborto resultante de una violación o de cualquier circunstancia legalmente prevista”.
Para Melania Amorim, ginecóloga y obstetra, como el aborto está penalizado en Brasil, las personas recurren a métodos no recomendados por la OMS y sin asistencia médica adecuada, lo que puede provocar hemorragias, infecciones y muertes. “En todos los países del mundo que han despenalizado el aborto ha habido una fuerte disminución de las muertes maternas por aborto y de las muertes maternas en general, sin un aumento en el número de abortos”.
“Las mujeres ahora son acogidas por el sistema de salud y pueden utilizar métodos seguros bajo la asistencia y supervisión de profesionales de la salud”, destaca Amorim, profesora de ginecología y obstetricia en la Universidad Federal de Campina Grande (UFCG) y miembro de la la Red Feminista de Ginecólogas y Obstetras.
Las mujeres morenas tienen más riesgo de morir
Los datos del SIH-SUS también indican que las mujeres de color tienen más del doble de riesgo de morir por un “intento fallido de aborto” que las mujeres blancas. Casi la mitad de los fallecidos tras las hospitalizaciones registradas en la categoría son mestizos, mientras que uno de cada 10 es blanco.
Sin embargo, los registros todavía tienen lagunas. En la categoría de “intento de aborto fallido”, el 36% de los casos no incluye la raza/color de la paciente. Del total de hospitalizaciones en todas las categorías, en el 29% de los casos esta información no está disponible en los datos.
Emanuelle Goes, epidemióloga e investigadora asociada del Centro de Integración de Datos y Conocimientos para la Salud (Cidacs), de Fiocruz/Bahía, señala que las mujeres negras y pardas son las más desatendidas. “Estarán, ya sea legal o ilegalmente, en mayor desventaja que las mujeres blancas en términos de acceso al servicio y terminarán tomando decisiones más radicales, que conducen a la muerte”.
Goes también es miembro de la Asociación de Investigación Iyaleta y coautor del artículo Aborto y raza en Brasil, 2016 a 2021 . El trabajo muestra, con datos de la Encuesta Nacional del Aborto (PNA), que la probabilidad de que las mujeres negras (negras y pardas) aborten es un 46% mayor que las mujeres blancas. También es autora de la tesis Racismo, aborto y atención a la salud: una perspectiva interseccional , de la Universidad Federal de Bahía, que analiza el impacto del racismo en el contexto de las mujeres que buscan servicios de salud durante el aborto.
Esposada a la camilla del hospital
En 2017, Jane, de 25 años, se sintió al borde de la muerte y sin una red de apoyo en un momento trágico de su vida. Mujer morena, madre de dos hijos y en una relación de maltrato, decidió abortar tras reconocer que ese embarazo sería un peligro para ella y sus hijos, resultado de otra relación.
El tercer embarazo no estaba previsto, pero fue aceptado. Sin embargo, en los días siguientes su pareja se volvió agresiva. Cada vez que ella hablaba de terminar la relación, el hombre usaba el embarazo como una amenaza: “Siempre tendrás un vínculo conmigo y siempre sabré tu paradero por eso”, dijo, según el relato de Jane.
La joven decidió interrumpir su embarazo con misoprostol, un medicamento indicado para el tratamiento de úlceras gástricas, que también provoca contracciones uterinas y que en Brasil se conoce como Cytotec. Jane consiguió la medicina clandestinamente, de un hombre que trajo las pastillas de Paraguay. Brasil tiene una de las leyes más restrictivas del mundo en cuanto a la venta de misoprostol y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) sólo autoriza el uso del medicamento en ambiente hospitalario.
Después de administrarle el medicamento de dudosa procedencia, Jane llegó al hospital con convulsiones y fiebre alta. En la unidad de salud del SUS, en el interior de São Paulo, la joven no recibió la atención adecuada y terminó esposada a una camilla. Antes de eso, el primer médico que la atendió, que se encontraba al final de su turno, eliminó los restos del medicamento introducido en su vagina y lo arrojó a la basura. “Estoy aquí para ayudarte, no para acusarte”, dijo el médico, según el relato de Jane.
“La otra doctora ni siquiera vino a verme, ya llamó a la policía y puso un reporte policial con la denuncia. Fue entonces cuando comenzaron las torturas. En ningún momento recibí seguimiento”, dice la joven. La información fue confirmada por la Defensoría Pública de São Paulo. “Las enfermeras corrieron con el feto y me dejaron allí. Me quedé sola con una auxiliar de enfermería que me dijo: ‘Mami, tienes que ayudarme, estamos solos tú y yo’”, recuerda Jane.
La joven no podía controlar los movimientos de su cuerpo. “Estaba muy blando debido a la convulsión”, dice. Jane fue llevada en silla de ruedas a otra habitación, donde fue abordada por dos policías militares que la intimidaron: “o confiesas o vas a prisión, te voy a esposar aquí mismo en la camilla”, dijo el agente de policía, recuerda Jane.
“Esa presión psicológica me hizo confesar”, dice Jane. “Dijeron que, para no llevarme a un centro penitenciario, tendría que decir de quién sacaba la medicación. Me pondrían una fianza y podría quedar en libertad. Así que lo dije”, añade.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) concluyó, en un juicio que tuvo lugar en marzo de 2023, que los médicos no pueden denunciar a las pacientes para que aborten. El Tribunal anuló la prueba de un caso iniciado a raíz de la denuncia de un médico que atendió a una mujer tras la interrupción de su embarazo.
La decisión confirmó lo que ya dice el Código de Ética de la categoría, que debe respetarse la confidencialidad profesional entre paciente y médico. Según el artículo 207 del Código Procesal Penal , las personas que por su actividad profesional deban guardar secretos tienen prohibido declarar –a menos que, autorizados por el interesado, quieran prestar su testimonio–.
Después de pagar la fianza del salario mínimo, Jane fue liberada. Ella sigue siendo responsable del aborto ilegal y está demandando al hospital por daños morales. La mujer relata que no recibió el tratamiento necesario para detener el sangrado y detener la producción de leche en el hospital. Tuvo que buscar otra unidad de salud para recibir atención postaborto.
El curetaje es una técnica obsoleta
Además de los problemas causados por la criminalización y la consiguiente negligencia en las unidades de salud, los expertos advierten sobre los métodos obsoletos que aún se utilizan en el sistema público de salud. El legrado uterino es uno de ellos, que se realiza introduciendo una pieza de metal a través de la vagina para raspar las paredes del cuello uterino.
“Existe todavía una dificultad colectiva, en la práctica médica, para incorporar los mejores recursos y las mejores técnicas en el tratamiento de las mujeres que abortan. Esto no se ve en ningún otro área de la asistencia médica”, observa Cristião Fernando Rosas .
En sus directrices, la OMS desaconseja el método de legrado y recomienda la aspiración por vacío, ya que los estudios observacionales indican que el método se asocia con menos complicaciones.
El aborto con medicamentos, también recomendado por la OMS, se puede realizar de forma segura siempre que las píldoras se administren en un centro de salud o se autoadministren con información precisa y medicamentos de calidad garantizada. La técnica de medicación implica el uso combinado de mifepristona y misoprostol o el uso aislado de misoprostol.
Según Rosas, el mejor método depende de la edad gestacional, el estado clínico de la mujer, la disponibilidad de insumos y la capacitación de los profesionales.
La antropóloga Débora Diniz, una de las autoras de la Encuesta Nacional sobre el Aborto (PNA), señala que la criminalización amplifica el estigma, lo que aumenta el maltrato en la red de salud y el abandono, además de no contribuir a prevenir el aborto.
“Encontramos en la PNA que una de cada tres mujeres ha tenido más de un aborto, es decir, [con la clandestinidad] perdimos una oportunidad de impedir el segundo aborto. La única manera que tenemos de prevenirlo es con la despenalización, ya sea accediendo a la información, ya sea hablar con esta mujer cuando llega al servicio de salud, y saber qué está pasando”, dice Diniz.
La protagonista de este reportaje fue identificado con un nombre ficticio para garantizar su seguridad. Jane fue el nombre que recibió un grupo que ayudaba a mujeres a interrumpir embarazos no deseados de forma segura y sin estigma en los años 1970 en Estados Unidos.
Fuente Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano
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