El Gobierno de derechas de Finlandia se enfrenta a un otoño convulso, presionado por sindicatos y estudiantes por los recortes sociales, la erosión de los derechos laborales y la seguridad en el empleo, y las nuevas restricciones a los estudiantes internacionales que quieren quedarse en el país nórdico.
Los líderes sindicales han tachado al Ejecutivo del primer ministro Petteri Orpo de «administración Robin Hood a la inversa», que recorta las prestaciones sociales a los pobres mientras otorga beneficios a los ricos con bajadas de impuestos.
Las protestas recientes más visibles comenzaron con la ocupación de la Universidad de Helsinki por parte de estudiantes, un movimiento que ya va por su tercera semana y para el que mil miembros del personal universitario han firmado una carta de apoyo. Los organizadores afirman que el movimiento «se ha extendido como un reguero de pólvora» a todas las demás universidades importantes del país.
«Apoyamos las opiniones de los estudiantes, y la dirección de la Universidad comprende la preocupación de los ocupantes por el sustento de los estudiantes», afirma el vicerrector Kai Nordlund en un comunicado.
Los estudiantes dicen que ya han soportado bastantes recortes y que hay que poner un límite.
«Durante la última década se han recortado constantemente las ayudas sociales que reciben los estudiantes finlandeses y este gobierno continúa con ello, empeorando la situación de los estudiantes y obligándonos a endeudarnos más para poder estudiar, lo que significa que cuando nos graduemos tendremos una enorme deuda que pagar», afirma Havu Laakso, uno de los afectados que ocupan el centro universitario de la capital.
Laakso y sus compatriotas comienzan la semana con una inyección de moral tras un enfrentamiento con las autoridades, que les ordenaron salir antes de que el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, pronunciara un discurso en un acto celebrado recientemente en el edificio. En el último momento, la universidad capituló y los estudiantes consiguieron hacer mucho ruido durante el discurso de Niinistö.
«El Gobierno actual también quiere aumentar las tasas de matrícula y endurecer la política de inmigración, de modo que los estudiantes internacionales sólo tengan tres meses para encontrar trabajo una vez que se gradúen, o serán expulsados», explica Laakso.
Los expertos se preguntan por qué el actual Gobierno recorta las ayudas a la vivienda y, al mismo tiempo, necesita atraer a miles de trabajadores extranjeros para cubrir puestos de trabajo tradicionalmente mal pagados, como la enfermería y la atención a los ancianos, trabajadores que dependen precisamente de este tipo de prestaciones para llegar a fin de mes; y también por qué se impone un plazo tan estricto a los licenciados internacionales, cuya mano de obra cualificada es necesaria si Finlandia quiere ser una de las economías más innovadoras y punteras de Europa en tecnología.
Un político del gobernante Partido de Coalición Nacional aumentó la retórica durante el fin de semana calificando a los estudiantes de «invasores de izquierdas» que exigían injustificadamente más becas y subsidios del Estado; mientras que los políticos de la oposición, los socialdemócratas, se preguntaban por qué los miembros del Parlamento estaban dispuestos a hacer recortes sociales, pero no a ir a la protesta y explicar por qué lo hacían, cara a cara.
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Mientras tanto, una parroquia de Helsinki calificó de «impío» recortar dinero a personas ya de por sí desfavorecidas y con bajos ingresos y las cuentas oficiales de la catedral de Turku en las redes sociales publicaron un mensaje de apoyo similar, afirmando que «cuidar de tus seres queridos forma parte de la fe cristiana, independientemente de la afiliación partidista».
Las huelgas de «ocupa la educación» se han extendido incluso a algunos institutos finlandeses, primero en la región de la capital y ahora en varias ciudades más, ya que el sindicato que representa a los estudiantes de Secundaria, Lukio, anima a sus miembros adolescentes a alzar la voz.
«Hay muchas protestas en todo el país, y creo que el Gobierno tendrá que prestar atención, pero no tengo demasiadas esperanzas de que cambien», dice Ella Siltanen, presidenta de Lukio.
El Ejecutivo finlandés prometió enviar una declaración sobre la situación actual, pero no lo hizo antes de la publicación.
Intentos de reforma del mercado laboral
Además de recortar las prestaciones a los estudiantes y endurecer las medidas de inmigración, el Gobierno también propone algunas de las reformas más amplias del mercado laboral en décadas, y aunque los expertos coinciden en que el sistema de seguridad social y la normativa del mercado laboral de Finlandia están listos para su revisión, los finlandeses son reacios a aceptar un cambio total.
Un intento anterior de reformas radicales a principios de la década de 1990 se quedó en el camino después de que los sindicatos amenazaran con una huelga general en todo el país; y más recientemente, la introducción de un llamado «modelo de activación» para sacar a las personas de los beneficios y darles empleo introducido por el Gobierno del primer ministro Juha Sipilä en 2018 fue recibido con protestas generalizadas, ya que esencialmente castigaba a los solicitantes de empleo desempleados que no podían encontrar trabajo.
El modelo de activación, profundamente impopular, fue en gran medida revocada por el siguiente Gobierno, de izquierdas, después de que se revelara que más de 90 000 personas habían visto recortadas sus prestaciones.
Los sindicatos inician tres semanas de huelga selectiva
El actual Ejecutivo llegó al poder con la promesa de limitar el endeudamiento público y frenar lo que consideraba el gasto «despilfarrador» del Administración de Sanna Marin.
Pero ya ha rebasado su propio límite de endeudamiento de 10 000 millones de euros y ahora está adquiriendo deuda al mismo ritmo que el Gobierno de Marin, acabando con cualquier noción persistente de que el Partido de Coalición Nacional, conservador desde el punto de vista fiscal, supuestamente mejor gestor de la economía que su homólogo de izquierdas, los socialdemócratas.
«Creo que tenemos que remontarnos a la década de 1990, antes de que tuviéramos este tipo de Gobierno», explica Jarkko Eloranta, presidente de la Organización Central de Sindicatos Finlandeses SAK.
«No es un presupuesto de austeridad el que ha introducido el Gobierno, porque están dando desgravaciones fiscales a los más ricos, como bajar los impuestos a las personas que ganan más de 80 000 euros al año», explica.
«Este es un Gobierno Robin Hood al revés, quita a los pobres para dar a los ricos, así que en ese sentido es sólo un presupuesto de austeridad para la gente de bajos ingresos».
Como parte de las protestas, el sindicato SAK de Eloranta ha anunciado tres semanas de huelgas específicas en diferentes sectores y partes del país. El sindicato está mostrando su fuerza, con la esperanza de dar al Gobierno una muestra de lo que podría ocurrir si no da marcha atrás en algunas de las políticas que los sindicatos consideran problemáticas.
«Por supuesto, tenemos otros planes para el futuro si la situación continúa y estoy seguro que el Gobierno no se verá afectado ni se echará atrás por nuestras actividades actuales», afirma Eloranta, aludiendo a la posible escalada de la huelga.
Los medios de comunicación finlandeses informan que la ministra de Economía , Riikka Purra, líder del ultraderechista Partido Finlandés, se ha negado a reunirse con los principales líderes sindicales desde que asumió el cargo en junio.
«El Gobierno dice que escucha, pero no hay verdaderas discusiones ni negociaciones, sino que se limita a aplicar su propia política», asegura Eloranta.
Fuente Euronews
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