Se habla de todo, menos de un programa serio que contribuya al avance de la República Dominicana. La Ley tiene una tarea pendiente, prestarle atención a la necesidad de formación de los afiliados
(Este artículo de opinión y su contenido es de exclusiva responsabilidad del autor)
La República Dominicana es un país en el que la precampaña electoral comienza el mismo día en que se juramenta el presidente electo. Tanto el partido político ganador como los de oposición inician sus aprestos electorales sin tener en cuenta las disposiciones de la Ley núm. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral. Por esto pasamos cuatro años en actividades electorales. Son acciones que priorizan la suma de personas acríticas y la identificación de brechas para consolidar la subvención estatal que reciben los partidos políticos. De la misma manera, incrementan el ruido para impactar los sentidos de una población con déficit de formación sociopolítica y ciudadana.
La Ley núm. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral es clara respecto de lo que se debe hacer en la precampaña. Pero, los partidos políticos obvian las disposiciones de la Ley indicada. Esto genera un activismo político que carece de un discurso fundamentado; establece, también, una violación constante a los acuerdos y pactos para proteger el medioambiente. Se observa una desobediencia total al llamado de la Junta Central Electoral para que los partidos y sus líderes respeten las regulaciones existentes. Se violentan disposiciones relacionadas con la organización de manifestaciones y marchas públicas, la colocación de afiches y vallas en ciudades, municipios y distritos. Los partidos políticos son ingobernables; imponen sus prácticas y crean culturas insurrectas.
El comportamiento de los partidos políticos refleja que la Junta Central Electoral es una institución que necesita mayor carácter y autoridad. No puede continuar como una entidad manejada por los partidos; especialmente, por los denominados mayoritarios. El hecho de que no se acaten sus disposiciones indica que la Junta Central Electoral ha de revisar los factores que ponen en evidencia una gobernanza fragilizada. Ha de analizar, también, por qué los partidos políticos cuentan con un margen de acción que la debilita e institucionalizan una precampaña desordenada. Dejar pasar las acciones que contradicen la Ley núm. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral constituye un debilitamiento de la institucionalidad en el país.
En la precampaña actual es difícil constatar cambios cualitativos. Se evidencia más de lo acostumbrado. Esta situación mueve a una reflexión seria. No es aceptable que cada período preelectoral se manifieste de la misma forma; y, sobre todo, una forma que degrada la autoridad de la Junta y atrasa el desarrollo político de la sociedad dominicana. Se deberían notar cambios en los procesos de formación de los afiliados, en el comportamiento de los líderes políticos y en el apego a principios éticos. La misma Ley que nos ocupa le presta poca o ninguna atención a los procesos de formación que demanda una precampaña comprometida con la educación ciudadana.
Se han de poner los esfuerzos necesarios para que los afiliados a los partidos dejen de ser objetos y se constituyan como sujetos en la acción política. Es más fácil el trabajo de los partidos, si lo hacen con personas sin conciencia crítica y con una educación deficiente. Los partidos deben cambiar su visión sobre la política; han de apropiarse de los mecanismos necesarios para responder a los cambios que se producen en el mundo. Estos no pueden actuar de espaldas a las transformaciones sociales, culturales, políticas y educativas del Siglo XXI. Urge que se den cuenta de los vicios que están esparciendo por la geografía nacional y del daño que le genera al desarrollo de la sociedad dominicana.
De continuar funcionado como lo hacen actualmente, los partidos políticos institucionalizarán el caos social y político. Los cambios cualitativos requieren inversión en la formación sistemática y fundamentada de los afiliados. Estos han de tener conciencia plena de que van desarrollando sus capacidades y habilidades para un ejercicio ciudadano cada vez más comprometido y ético. Las sumas de dineros que reciben han de ponerse al servicio del desarrollo humano, político y social de los afiliados. No deben tratarlos como una cosa más.
Participamos de una precampaña vacía. Nadie conoce el programa que pretenden impulsar. Los mismos líderes políticos se perciben mareados, al pasar la semana repitiendo lo mismo. El programa del partido debiera ser estudiado y conocido a fondo por todos los ciudadanos. Se habla de todo, menos de un programa serio que contribuya al avance de la República Dominicana. La Ley tiene una tarea pendiente, prestarle atención a la necesidad de formación de los afiliados. De la arenga descontextualizada se ha de pasar a planteamientos programáticos para mejorar la vida y la formación de los dominicanos.
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