Por Roberto Pérez
SANTIAGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación ratificó la medida de coerción que pesa contra cinco imputados en la Operación Falcón, la investigación del Ministerio Público que desarticuló una poderosa red de narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas de fuego.
La jueza Stephanie Santiago ratificó la complejidad del caso y confirmó la prisión preventiva por 18 meses contra Juan Carlos Mosquea Eduardo, Harrington José Mosquea Núñez e Iván de Jesús Paulino.
La juzgadora también les mantuvo las citadas medidas a los hermanos Alberto de Jesús Polanco (el Prieto) y Enmanuel de Jesús Polanco (Many).
Tras acoger las conclusiones del Ministerio Público, el tribunal declaró inadmisible el recurso de apelación al auto 012206-2022, que interpusieron los hermanos Polanco.
El órgano de la persecución penal, representado por los fiscales Sourelly Jáquez, Pedro Martínez y Yeni Liranzo, sustentó su pedimento de mantener las medidas de coerción impuestas en que los implicados en la poderosa estructura del crimen organizado no pudieron presentar arraigos suficientes que hicieran improbable el peligro de fuga.
Por tanto, consideró que la privación de libertad sigue siendo la medida más idónea y garantista para la continuidad del proceso.
La Operación Falcón, que en 2021 puso en marcha decenas de allanamientos y detenciones, desmanteló una poderosa red del crimen organizado que ya en 2012 traficaba con al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.
Los encartados están acusados de incurrir en los delitos de asociación de malhechores para la comisión de otros como el narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas de fuego, actividades mediante las cuales acumularon millonarios bienes muebles e inmuebles, miles de millones de pesos en efectivo y vehículos.
Algunos de estos implicados prestaban sus nombres para la adquisición de los millonarios bienes.
El próximo miércoles 25 de mayo, el mismo tribunal conocerá la revisión obligatoria a las medidas de coerción que se impusieron contra el también procesado en el caso Kelvin Torres Bueno (el Toro), quien fungía como testaferro de la organización, administrando bienes millonarios acumulados por el grupo criminal.
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