La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) acusó a la presidenta designada de esa nación, Dina Boluarte, por las muertes de ciudadanos quechuas y aimaras durante las protestas contra su gobierno que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
La presidenta de la Onamiap, Ketty Marcelo López, presentó durante una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre las consecuencias de la brutal represión perpetrada por las fuerzas armadas y policiales.
En dicho reporte se aseguró que Dina Boluarte es responsable del delito de genocidio y crimen de lesa humanidad, “de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia del derecho internacional penal y del derecho internacional de los pueblos indígenas”.
En específico, señaló que la represión se cometió “en agravio de los pueblos indígenas quechuas y aimaras de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco”, en el sur peruano.
Afirmó que ese país “está retrocediendo en cuanto a derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas”, a los cuales quieren imponerles a través de la violencia un modelo de desarrollo basado en la actividad extractiva, que es nociva a la naturaleza y las personas.
Marcelo López calificó ese modelo como genocida y responsabilizó de su defensa a ultranza a “una élite política y corrupta”, la cual “está coludida con el poder empresarial, militar y los medios de comunicación de señal abierta quienes son los encargados de estigmatizarnos”.
Respecto a la criminalización de comunidades indígenas que se implicaron en las protestas, alertó que las fuerzas de seguridad continúan abriendo investigaciones de forma clandestina a líderes y lideresas indígenas, a quienes acusan del delito de terrorismo.
La represión a las protestas contra el golpe parlamentario de diciembre de 2022, que depuso al presidente Pedro Castillo, provocó la muerte de 67 personas, de las cuales 49 fueron asesinadas por disparos de las FF.AA. o la Policía.
Entre otras, se registraron masacres de civiles en Ayacucho (15 y 16 de noviembre de 2022, con saldo de al menos diez civiles asesinados), Apurímac (a partir del 10 de diciembre, con al menos seis fallecidos, 83 heridos y cientos de detenidos) y en la ciudad de Juliaca, en Puno (9 de enero de 2023, con 18 manifestantes asesinados y más de cien heridos).
Durante las audiencias de la CIDh, celebradas en Lima (capital), familiares de víctimas de la represión denunciaron que las investigaciones de estos crímenes no avanzan y que sus responsables intelectuales y materiales podrían quedar en la impunidad.
Fuente teleSURtv.net
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