La Oficina de Control de Activos Extranjeros de los EEUU (OFAC, por sus siglas en inglés) publicó una licencia que permitirá a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) realizar transacciones relacionadas con el mantenimiento de infraestructuras gestionadas en sociedad con compañías asentadas en el país norteamericano.
En el documento se precisa que la medida incidirá directamente en las transas destinadas al “mantenimiento limitado de operaciones esenciales, contratos u otros acuerdos”, relativos a “la seguridad o preservación de activos en Venezuela” o, en su defecto “que involucran a PDVSA o cualquier entidad donde esta compañía tiene 50 % o más” de participación accionaria, siempre que la sociedad se haya establecido antes del 26 de julio de 2019.
Con respecto a las empresas que se beneficiarán del alivio de las restricciones, se menciona exclusivamente a las trasnacionales Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International y a sus filiales, al tiempo que se advierte que este alivio estará vigente solo hasta el 16 de mayo de 2024.
En relación con las actividades específicas, se indica que estarán permitidas aquellas acciones orientadas a “garantizar la seguridad del personal o la integridad de las operaciones y activos en Venezuela”, los pagos de facturas a terceros por transacciones y actividades contempladas en la licencia, pago de tributos locales, celebración de reuniones de accionistas y de directorios, además del pago de salarios al personal –fijo y contratado– en Venezuela.
Lo prohibido
Por contra, la licencia general no habilita a PDVSA ni a ninguna otra empresa en la que la compañía venezolana posea la participación mayoritaria a perforar, extraer, procesar, comprar, vender, transportar o enviar petróleo de origen venezolano o cualquiera de sus derivados, así como el pago de dividendos al Estado venezolano y la compra de diluyentes, aun a través de terceros.
Del mismo modo está prohibida la contratación de seguros asociados a las actividades autorizadas, así como diseñar, construir, instalar o mejorar pozos o cualesquiera otras instalaciones o infraestructuras asociadas al negocio petrolero.
Tampoco se les habilita para ocupar nuevo personal e incluso se proscribe la compra de cualquier o servicio, salvo “cuando sea necesario por razones de seguridad”.
¿Levantamiento escalonado?
El pasado 19 de octubre, el Tesoro estadounidense informó sobre el levantamiento de algunas sanciones petroleras y mineras que pesaban sobre Venezuela, como respuesta a la “hoja de ruta electoral” acordada en Barbados por el Gobierno venezolano y el sector de la oposición aglutinado en la Plataforma Unitaria.
Empero, a través de esa instancia y del Departamento de Estado, Washington advirtió que estaba preparado “para modificar o revocar autorizaciones en cualquier momento”, particularmente si la Administración del presidente Nicolás Maduro no accedía a levantar la inhabilitación administrativa que pesa sobre la opositora María Corina Machado.
La demanda de habilitar a Machado fue criticada duramente desde Caracas. Jorge Rodríguez, jefe del equipo negociador del Ejecutivo en los diálogos con la Plataforma, acusó a altos funcionarios estadounidenses –incluyendo al secretario de Estado, Antony Blinken– de mentir en relación con los alcances del pacto de Barbados y de injerir en los asuntos internos de Venezuela.
“No aceptaremos jamás ningún tipo de injerencia en asuntos que solamente podemos resolver –y resolveremos– las venezolanas y los venezolanos. A estas alturas, ya deberían saberlo (…). Venezuela no aceptará jamás que nadie se meta en sus asuntos, no somos chantajeables, no somos condicionables”, sostuvo entonces Rodríguez.
Fuente RT
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