Las acciones dirigidas desde Ministerio del Público (MP) contra estudiantes, profesionales y políticos de oposición no cesan y, ahora, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural anunció dos nuevas peticiones para investigar al diputado independiente Aldo Dávila, y Román Wilfredo Castellanos Caal, del Movimiento Semilla.
Como en los antejuicios que presentó el MP contra el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera, se sostiene que incurrieron en la comisión de los delitos de usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición, tráfico de influencias y asociación ilícita.
“En seguimiento al caso Toma de la USAC: Botín Político, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación presentó solicitud de retiro de antejuicio en contra de los siguientes diputados al Congreso de la República de Guatemala: Aldo Iván Dávila Morales, actual diputado del partido WINAQ y Román Wilfredo Castellanos Caal, actual diputado del partido político Movimiento Semilla”, informa a través de la red X.
La petición del MP se basa en publicaciones y declaraciones que hicieron los funcionarios públicos en sus redes sociales, respaldando al movimiento universitario que se opuso a la imposición de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos.
MP violó el antejuicio de funcionarios
Si bien el MP hizo las peticiones de retiro de inmunidad, un peritaje confirma que la fiscalía no respetó el antejuicio de los funcionarios y practicó una diligencia de investigación contra el binomio presidencial electo y los diputados que figuran como señalados en ese expediente judicial.
Prensa Comunitaria evidenció que, el 4 de agosto pasado, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación pidió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) practicar un peritaje lingüístico sobre “declaraciones y mensajes escritos en redes sociales” relacionados con el movimiento estudiantil que rechazó la imposición de Walter Mazariegos como rector de facto de la Universidad de San Carlos (USAC).
El peritaje busca criminalizar las declaraciones de apoyo de los funcionarios que fueron publicadas en redes sociales sobre el respaldo a la movilización de la comunidad de la USAC. “Determinar si las personas que toman la palabra, animan a estudiantes, catedráticos y/u otras personas a seguir con la toma de la USAC”, fue una de las peticiones del informe.
Además, el documento constata que no solo se incumplió el derecho de inmunidad, sino que se accionó contra los estudiantes, provisionales y políticos de oposición, pese a la conclusión de dicho peritaje que indicó que no hubo ningún tipo de incitación a un acto ilícito por parte de los sindicados en el caso.
Fuente Prensa Comunitaria
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