Usaban el pretexto para evitar fiscalización del dinero que movían, dice la Pepca.
Santo Domingo – Los altos oficiales acusados en el caso Coral y Coral 5G se escudaron en una “cláusula de confidencialidad” para financiar presuntas operaciones de inteligencia y de seguridad nacional, que les facilitó la sustracción de una gran parte de los 4,500 millones de pesos de las arcas del Estado, dice el Ministerio Público.
“Los miembros del entramado crearon una cláusula de confidencialidad, estableciendo que: con relación a operaciones de inteligencia y operaciones de inteligencia internacional no podían dar detalles ni generar soportes, puesto que eran asuntos de seguridad y defensa nacional”, menciona el expediente acusatorio.
En el documento la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) argumenta que esto no era más que una artimaña de los integrantes de la red para resguardarse en funciones que no les competen ni al Cuerpo de Seguridad Presencial (Cusep) ni al Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur).
También mencionan que mediante esa maniobra, los acusados “evitaban tener una supervisión y fiscalización del manejo de dichos fondos. Olvidando que todos los fondos del Estado deben y tienen que ser auditados”.
Pero lejos de realizar labores de inteligencia, esos fondos eran utilizados de forma discrecional y en beneficio tanto de los generales, así como por los demás miembros del entramado, quienes habrían aumentaron de manera injustificada su patrimonio, señala la Pepca en su acusación.
Mencionan el caso del subjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, general Julio de los Santos Viola, quién habría recibido cheques por más de 738 millones 298 mil pesos en tan solo seis años (2014-2020), fondos procedentes del Cusep para presuntas “labores de inteligencias”.
El Ministerio Público indica que además de la millonaria suma en cheques, este general también recibió grandes transferencias de las personas colocadas en la nómina del Cusep, donde él fungió como subjefe, pero además recibía de militares miembros del entramado adscritos al Cestur.
En un análisis de la información financiera del acusado Julio Camilo de los Santos Viola (Viola), la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa indica que evidenciaron que el general Viola, no solamente desviaba los recursos destinados a inteligencia del Cusep, sino que recibía transferencias constantes de parte de militares miembros del entramado, como son David Agustín Abreu Padilla, encargado de cuenta por cobrar del Cestur; Miguel Cancún, encargado de contabilidad de Cestur; Jacobo Horacio de la Cruz, encargado de combustible de Cestur e Israel Blanco Hernández, ayudante de David Agustín Abreu Padilla.
Esquema sofisticado
El Ministerio Público argumenta que el esquema llevado a cabo por De Los Santos Viola, además de tener gran impacto social, militar e institucional, “fue una trama compleja y grave, dado el nivel de sofisticación, discrecionalidad, dinero sustraído y la inexistente fiscalización a los fondos públicos por parte de los órganos de control del Estado”.
Dicen que esas reservas les permitieron “un uso y abuso desmedido de los caudales públicos”.
El general De los Santos Viola habría sido impulsado para ser subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial del expresidente Danilo Medina, por el mayor general Adán Cáceres.
Dice la Pepca que el aumento más exorbitante del patrimonio del general Viola fue más notable en 2020, cuando “realizó sus mayores compras de nuevos inmuebles, al declarar 23 propiedades inmobiliarias valoradas en 65.7 millones de pesos.
El ascenso en la milicia
De los Santos Viola ingresó a la Fuerza Aérea el 10 de enero 1991 y para el 1 de mayo 1992, fue ascendido a cadete. El 29 de noviembre de 1994 fue promovido a segundo teniente y posteriormente a capitán en febrero de 2002.
Dos años después subió al rango de mayor, en marzo de 2004. En marzo del 2007 fue ascendido a teniente coronel; en el 2010 fue promovido a coronel. Su último ascenso fue a general de brigada mediante decreto.
Característica de entramado
La Pepca acusó a 30 personas y 18 empresas como parte de la red. Les imputa lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, y porte y tenencia ilegal de armas.
Establece que el “entramado criminal, aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones graves”.
La estructura se caracterizaba por la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
Los acusados son Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torre Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Rafael Nuñez de Aza, Raúl Alejandro Jirón Jiménez, Boanerges Reyes Bautista, Franklin Mata Flores, Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán y Miguel Ventura Pichardo.
También Rossy Maybelline Guzmán (La Pastora), Tanner Flete, Erasmo Roger Pérez Núñez, Kelman Santana Martínez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez, Rosa Antonia Disla, Esmeralda Ortega Polanco, Alejandro Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, y Lucía de los Santos Viola.
Además Manuel de Jesús Alba Solano, Elija María Trinidad Santiago, Manuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Pedro Roberto Castillo Castillo Nolasco, Rosa Antonia Disla, Onoris Beatriz Soto de los Santos, Erick Daniel Pereira, Santiago Antonio Suárez Peguero y Guillermo de Jesús Torres Robiou.
Fuente Diario Libre
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