Juan Carlos Alzugaray fue reconocido como uno de los integrantes de la patota que secuestró a Gustavo Medina Ortiz, quien había huido de la dictadura en su país y fue desaparecido en Salta el 10 de octubre de 1975.
El Tribunal Oral Federal 2 Salta, integrado para este caso por la jueza Gabriela Catalano y los jueces Federico Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz, condenó ayer a a prisión perpetua «e inhabilitación absoluta y perpetua por igual tiempo que el de la condena y costas» al ex inspector de la Policía Federal y ex alcaide del Servicio Penitenciario de Salta Juan Carlos Alzugaray, quien fue declarado coautor de la privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado en perjuicio de Gustavo Manuel Medina Ortiz.
La sentencia coincide con el pedido de la fiscalía federal, representada en el proceso por Carlos Amad, Juan Manuel Sivila y Bárbara Chunco, y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del abogado Gastón Casabella. En cambio, el defensor público oficial Federico Petrina pidió la pidió la absolución por entender que no se pudo demostrar la participación de Alzugaray en el secuestro, a pesar de que ha sido reconocido por la viuda de la víctima, Zoila Luz Hoyos Aguilera, quien lo viene señalando desde hace años.
Medina Ortiz, originario de la ciudad de Tarija en Bolivia, residía en Argentina en calidad de refugiado político, había llegado a Salta en 1971, huyendo de la dictadura del general Hugo Bánzer Suárez; durante su estadía en el país era constantemente vigilado y fue finalmente secuestrado el 10 de octubre de 1975, fecha desde la que permanece desaparecido.
La acusación aseguraba que su secuestro y desaparición había sido cometido en el marco de la colaboración conjunta de las fuerzas represivas de los países del Cono Sur. El Tribunal coincidió también en esta consideración y declaró estos delitos «como crímenes de lesa humanidad y en el marco del ‘Plan Cóndor’”. Por otro lado, el Tribunal decidió mantener la modalidad de prisión domiciliaria de Alzugaray, “hasta que la presente sentencia quede firme”.
En octubre de 1975 Alzugaray cumplía funciones en la delegación Salta de la Policía Federal, con el grado de inspector. Luego pasó a integrar el Servicio Penitenciario de Salta con el grado de alcaide. En ambos organismos fue señalado por su participación en actos de terrorismo estatal. De su paso por la cárcel de Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta, fue condenado en 2011 a 20 años de prisión por la Masacre de Palomitas, matanza de once personas que estaban detenidas en esa cárcel, cometida el 6 de julio de 1976. Además, está procesado por la desaparición del prefecto mayor Héctor Ramón Pérez, un hecho ocurrido en noviembre de 1977. Y de su paso por la Federal, ha sido señalado como autor de delitos sexuales.
«No voy a decir absolutamente nada», dijo ayer el represor cuando la jueza Catalano le consultó si tenía algo para decir antes de que el Tribunal pasara a deliberar. Alzugaray siguió el proceso por videoconferencia. La familia de Medina Ortiz viene reiterando el pedido de información sobre el lugar donde fueron depositados los restos del abogado, y ayer mismo, luego de la sentencia, uno de sus hijos, Iván Medina Hoyos, pidió que se le de acceso a documentación referida al secuestro y desaparición de su padre.
La familia no es querellante en este proceso, pero participó a través del defensor público de las víctimas, Nicolás Escándar. Ayer la familia, residente en Tarija, no pudo viajar a Salta, aunque estuvo en contacto con integrantes de organismos de derechos humanos de la provincia que asistieron al debate.
Represión conjunta
Medina Ortiz fue secuestrado de la casa que alquilaba en la calle Mendoza al 1511 de la ciudad de Salta en la madrugada del 10 de octubre de 1975. La patota que lo buscó estaba compuesta por seis hombres, algunos eran de Argentina y algunos, de Bolivia.
Este proceso se realizó en pocos días, porque se habían previsto unos pocos testimonios que se escucharon en una sola audiencia y aportaron datos sobre los vínculos entre las organizaciones de izquierda de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay y sobre la represión conjunta de estos países en la Operación Cóndor.
En Tarija, Medina Ortiz era docente universitario, era también asesor de la COD (Central Obrera Departamento, organización de base de la Central Obrera Boliviana, COB) y militaba en la organización política de izquierda Espartaco y en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Adhería al gobierno del general Juan José Torres, derrocado el 21 de agosto de 1971 por Bánzer Suárez.
En el debate se aportó información sobre las conexiones de la militancia de izquierda de Bolivia y Argentina. Medina Ortiz era un activo militante que había visitado a países con gobiernos de izquierda, y tenía contactos con integrantes de la guerrilla del Che Guevara. Y durante su estadía en Salta nunca dejó de luchar por la recuperación de la democracia en su país, recibía a otros exiliados, incluso se reunió con el ex presidente Torres, e integró el Frente Revolucionario Antiimperialista.
En el juicio la fiscalía aportó documentación que prueba que la inteligencia boliviana vigilaba a políticos bolivianos calificados como de extrema izquierda que estaban en el norte argentino. En ese listado estaba incluido Medina Ortiz, calificado como «elemento sumamente peligroso«, y también otros abogados exiliados con los que el abogado estaba estrechamente vinculado.
La fiscalía aportó también un informe desclasificado del gobierno Bolivia que exhibe la colaboración represiva desde 1972 y en los que queda clara la estrecha vigilancia a la que eran sometidos los exiliados bolivianos en Salta. También los archivos de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) muestran que dos meses antes del secuestro de Medina Ortiz se alertaba que en Argentina había grupos de bolivianos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se sospechaba que actuaban con Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Fuente: Resumen Latinoamericano
About Author
