Por llevar una camiseta contra el “genocidio” de Israel en Gaza
Paul Laverty, abogado y cineasta escocés, galardonado con varios premios por su trabajo como guionista en colaboración con el director Ken Loach, y esposo de la directora de cine española Icíar Bollaín, ha sido arrestado durante unas horas este lunes en Edimburgo por la policía, acusado de vulnerar la legislación antiterrorista por expresar públicamente su repudio al “genocidio” israelí en Gaza.
Laverty se convierte así en el último rostro público que desafía al Gobierno del Reino Unido en plena ofensiva del Ejecutivo laborista contra la organización Palestine Action (Acción Palestina), a la que ha declarado recientemente grupo terrorista.
En el momento de su arresto, el cineasta vestía una camiseta con la leyenda “Genocidio en Palestina. Es hora de pasar a la acción”. Las autoridades han interpretado ese gesto como un apoyo expreso a la organización prohibida. Después de comunicarle la acusación en una comisaría y citarle ante el juez para el próximo 18 de septiembre, los agentes han dejado a Laverty en libertad.
Su caso es un nuevo recordatorio de la contradicción en la que se halla sumido el actual Gobierno laborista y su primer ministro, Keir Starmer, y de hasta qué punto la cuestión palestina ha agitado las aguas internas de la izquierda británica.
El empeño del primer ministro en catalogar al grupo activista Acción Palestina (Palestine Action) como organización terrorista, y de aplicar por tanto la legislación antiterrorista a todo aquel que le exprese su apoyo aun de modo pacífico, se ha transformado en un pulso entre seguridad y derecho de manifestación; y, sobre todo, entre una cúpula del partido Laborista a la que muchos ven excesivamente proisraelí y una base electoral enardecida con la tragedia de Gaza.
“En vez de perseguir a los responsables de este ultraje a la legalidad internacional [en alusión a Israel], el Gobierno laborista ha escogido tomar medidas drásticas contra aquellos que protestan contra ese ultraje a través de una acción directa y pacífica”, ha denunciado Jonathon Porrit, ex asesor del rey Carlos III de Inglaterra y del exprimer ministro Tony Blair. “El objetivo principal de la ministra del Interior al prohibir Acción Palestina es silenciar las protestas. Sabe, por lo que un día fueron sus ideales progresistas y libertarios, que es imposible comparar a Acción Palestina con el Estado Islámico o con Boko Haram si aplicamos la Ley Antiterrorista”, ha añadido.
Porrit fue uno de los mas de 700 detenidos el 9 de agosto, cuando miles de personas se concentraron frente al Parlamento británico para expresar su apoyo a Acción Palestina, una organización nacida en 2020 y que ha multiplicado su actividad en los últimos dos años, en paralelo a la operación militar israelí que ha matado a más de 62.000 personas en Gaza. Los manifestantes portaban simples carteles que habían escrito allí mismo, en la explanada de césped, en grupos que parecían más talleres de arte que células revolucionarias peligrosas. Muchos superaban los 70 años. “Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina”, decía el texto que mostraban sentados.
La policía fue deteniendo uno a uno a todos los que habían osado desafiar la ley, que prevé hasta 14 años de prisión por apoyar a una organización terrorista. Pero los propios agentes parecían ser conscientes de que se trataba de un ritual obligado que tenía algo de farsa. A la vuelta de la esquina, leían a cada detenido su acusación y le citaban para otro día en comisaría. No era posible gestionar el arresto de todas esas personas.
La policía arresta uno a uno a los activistas, el 9 de agosto© TOLGA AKMEN (EFE)
Asesorada por expertos legales, Acción Palestina ha cerrado su página web y se cuida mucho de convocar ninguna manifestación. La voz de la protesta la lleva el grupo Defend Our Juries (Defendamos a Nuestros Jurados), que promueve la libertad de conciencia de los jurados y les pide absolver a activistas que defiendan una causa justa, al margen de lo que diga la ley. Esa es la organización que convocó la concentración del 9 de agosto.
Conscientes de que la policía acabó desbordada aquel día, ya preparan otra manifestación para el 6 de septiembre. Quieren doblar el número de detenidos. Y esta vez han dado instrucciones precisas a los voluntarios: deben negarse a dar su identidad a los agentes, para forzar su traslado a una comisaría y la necesidad de asignarles un abogado de oficio. La receta perfecta para un nuevo caos, y de un nuevo bochorno para el Gobierno de Starmer.
Una encuesta realizada en los últimos días por la agencia Survation para LabourList, la página web que sirve de foro a los miembros del Partido Laborista, refleja que siete de cada diez afiliados consideran que fue un error catalogar a Acción Palestina como grupo terrorista, una decisión anunciada por el Gobierno a finales de junio. En la votación parlamentaria que ratificó esa catalogación el 2 de julio, muchos diputados de Starmer votaron con la nariz tapada, por pura disciplina de partido. Y nueve de ellos (de los 398 parlamentarios con los que cuenta el Partido Laborista) votaron en contra.
El Gobierno no cede
La ministra del Interior, Yvette Cooper, no da, sin embargo, su brazo a torcer. Y cuenta por el momento con el respaldo del primer ministro. En una tribuna reciente para el diario The Observer, Cooper recordaba el episodio que hizo saltar la chispa contra Acción Palestina: dos de sus activistas traspasaron en junio las vallas metálicas de seguridad de la base aérea militar de Brize Norton, la mayor del Reino Unido, y condujeron sus motocicletas eléctricas hasta dos aviones de transporte y reabastecimiento de combustible Voyager KC. Con ayuda de extintores cargados con pintura, tiñeron de rojo los motores de las dos aeronaves, y provocaron algunos daños en su estructura con unas barras de hierro. Todo fue grabado y difundido en las redes sociales.
Pero Cooper no se quedó ahí. Sin dar muchos detalles, afirmó que un grupo de vándalos enmascarados provocaron destrozos durante la noche en el comercio de un propietario judío; y que otros utilizaron fuegos artificiales en el sabotaje de una fábrica en Glasgow.
“[Acción Palestina] ha llevado a cabo una campaña cada vez más intensa que no ha supuesto únicamente un delito de daños a la propiedad —varios de ellos contra infraestructuras de la seguridad nacional del Reino Unido— sino también delitos de intimidación, violencia, uso de armas y graves agresiones a individuos”, sostenía la ministra. Y apostillaba: “Algunos de los que muestran pancartas en apoyo directo a Acción Palestina no saben quizá el tipo de organización que están defendiendo: su violencia, su intimidación y sus planes o aspiraciones futuras”.
Su tesón en condenar al grupo se enfrenta al escepticismo de muchos abogados y organizaciones humanitarias que consideran extravagante y excesiva la deriva del Gobierno, además de un riesgo constitucional. “La decisión de la ministra del Interior supone la ruptura de la distinción entre violencia contra las personas y violencia contra la propiedad. Supone una fractura sísmica en las normas constitucionales que hacen referencia al modo en el que el Gobierno regula los derechos fundamentales de pensamiento y conciencia, libertad de expresión y libertad de reunión. Es un escalofriante ejemplo de cómo puede usarse el poder ejecutivo para restringir libertades personales y colectivas en el Reino Unido”, ha llegado a afirmar Nour Haidar, abogada defensora de los derechos humanos, al frente de casos relevantes ante la Corte Internacional de Justicia.
Fuente EL PAÍS
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