Las perspectivas de paz son sombrías, ya que la guerra civil continúa a pesar de la presión internacional sobre el Ejército cuatro años después del golpe de Estado.
La situación política de Birmania sigue siendo tensa y no se vislumbra ningún espacio de negociación entre el Gobierno militar y los principales grupos de la oposición que luchan contra él. Los cuatro años transcurridos desde la toma del poder por el Ejército el 1 de febrero de 2021 han creado una profunda situación de crisis múltiples, con casi la mitad de la población en la pobreza y la economía desorganizada, según el Programa de la ONU para el Desarrollo.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU afirmó que el Ejército incrementó la violencia contra la población civil el año pasado hasta niveles sin precedentes, causando el mayor número de muertes de civiles desde la toma del poder por el Ejército, a medida que se erosionaba su control del poder.
El Ejército lanzó oleada tras oleada de ataques aéreos de represalia y bombardeos de artillería contra civiles y zonas pobladas por civiles, obligó a miles de jóvenes a realizar el servicio militar, llevó a cabo detenciones y procesamientos arbitrarios, provocó desplazamientos masivos y negó el acceso a los trabajadores humanitarios, incluso ante desastres naturales, dijo la Oficina de Derechos Humanos en un comunicado el viernes.
«Después de cuatro años, es profundamente angustioso constatar que la situación de los civiles sobre el terreno no hace más que empeorar día a día«, declaró el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk. «Incluso cuando el poder de los militares disminuye, sus atrocidades y su violencia han aumentado en alcance e intensidad», dijo, añadiendo que la naturaleza de represalia de los ataques estaba diseñada para controlar, intimidar y castigar a la población.
Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y otros países criticaron la toma del poder por los militares en una declaración en la que también pedían la liberación de la líder derrocada, Aung San Suu Kyi, y de otros presos políticos.
Afirmaron que casi 20 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y hasta 3,5 millones están desplazadas internamente, lo que supone un aumento de casi un millón en el último año. También expresaron su preocupación por el aumento de la delincuencia transfronteriza en Birmania, como el tráfico de drogas y de personas y las operaciones de estafa en línea, que afectan a los países vecinos y suponen un riesgo de inestabilidad más general.
«La trayectoria actual no es sostenible ni para Birmania ni para la región», afirmaron los países en la declaración conjunta en la que también participaron Australia, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega y Suiza.
¿Siguen los combates?
La toma del poder por los militares en 2021 provocó protestas públicas generalizadas, cuya violenta represión por las fuerzas de seguridad desencadenó una resistencia armada que ha desembocado ahora en un estado de guerra civil. Las milicias de las minorías étnicas y las fuerzas de defensa del pueblo que apoyan a la principal oposición de Birmania controlan amplias zonas del país, mientras que los militares tienen en su poder gran parte del centro de Birmania y las grandes ciudades, incluida la capital, Naipyidó.
La Asociación de Asistencia a Presos Políticos, que lleva un recuento detallado de las detenciones y bajas relacionadas con la represión del Gobierno militar, afirmó que al menos 6.239 personas habían muerto y 28.444 habían sido detenidas desde la toma del poder. Es probable que la cifra real de muertos sea mucho mayor, ya que el grupo no suele incluir las muertes en el bando del Gobierno militar y no puede verificar fácilmente los casos en zonas remotas.
Aung Thu Nyein, director de comunicaciones del grupo de expertos Institute for Strategy and Policy de Birmania, declaró a The Associated Press que la situación actual de Birmania es la peor, con la paz y el desarrollo retrasados. «Lo peor es que la soberanía que siempre proclamaron los militares se está perdiendo, y las fronteras del país podrían incluso desplazarse», dijo Aung Thu Nyein.
El Ejército de Birmania sufrió derrotas sin precedentes en el campo de batalla el año pasado, cuando una coalición de grupos armados étnicos obtuvo victorias en el noreste, cerca de la frontera china, y en el estado occidental de Arakán. Los rebeldes étnicos lograron capturar rápidamente varias ciudades, bases militares y dos importantes comandancias regionales, y su ofensiva debilitó el control del Ejército en otras partes del país.
Las minorías étnicas llevan décadas luchando por una mayor autonomía frente al Gobierno central de Birmania y están vagamente aliadas con las Fuerzas Populares de Defensa, la resistencia armada prodemocrática formada tras la toma del poder por el Ejército en 2021.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU y grupos de defensa de los derechos, entre ellos Amnistía Internacional, también han denunciado en declaraciones recientes que los grupos armados que se oponen al Ejército también han cometido violaciones de los derechos humanos en las zonas bajo su control.
¿Se celebrarán elecciones justas?
En busca de una solución política, el Gobierno militar está impulsando unas elecciones, que ha prometido celebrar este año. Los críticos afirman que las elecciones no serían libres ni justas, ya que se han restringido los derechos civiles y se ha encarcelado a muchos opositores políticos, y que las elecciones serían un intento de normalizar el control militar.
El viernes, el Gobierno militar prorrogó el estado de excepción otros seis meses porque consideraba necesario más tiempo para restablecer la estabilidad antes de las elecciones, informó la televisión estatal ‘MRTV’. No se dio ninguna fecha exacta para los comicios.
Tom Andrews, relator especial que trabaja con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dijo que no era posible celebrar unas elecciones legítimas mientras se arresta, detiene, tortura y ejecuta a líderes de la oposición y cuando es ilegal que periodistas o ciudadanos critiquen al Gobierno militar.
«Los gobiernos deben desestimar estos planes por lo que son: un fraude», afirmó Tom Andrews.
Fuente: Euronews
About Author
