“Este es un caso en el que las pruebas son sobreabundantes y evidentes”, sostiene el director de Persecución del Ministerio Público
SANTO DOMINGO, RD.- Tras concluir con las réplicas en el proceso por corrupción administrativa seguido contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes, el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los procesados sean enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, reiteró que las pruebas son contundentes, al responder preguntas de la prensa sobre el proceso cuya audiencia preliminar se conoce en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
“Este es un caso en el que las pruebas son sobreabundantes y evidentes, en el que el tribunal no tiene que hacer ningún esfuerzo extraordinario como para poder verificar la necesidad de que este proceso se envíe a juicio”, señaló.
Detalló que este viernes el Ministerio Público concluyó sus réplicas en este proceso. “Hemos solicitado al tribunal en la réplica el enviar el proceso a juicio, enviar a todos los acusados a juicio, que es lo que procede conforme a lo que ha presentado el Ministerio Público”, explicó Camacho, quien dijo que también pidieron rechazar los incidentes que han presentado todas las defensas y acoger las pruebas del Ministerio Público.
“No hay ninguna razón jurídica para que el tribunal acoja los incidentes que han planteado las defensas. Las defensas, tanto dentro del tribunal como fuera del tribunal, cuando lo hacen aquí con ustedes (los periodistas), se han limitado a presentar opiniones. Una opinión la puede tener cualquiera, pero los hechos no. Los hechos son objetivos y verificables. Las opiniones no”, indicó.
Refirió que las defensas nunca responden los hechos en el tribunal. “No responden cuestiones como que hubo una reunión en Palacio en el año 2019, que se mandó en esa reunión en Palacio a buscar fondos, que se creó un lugar para la recepción de esos fondos que se llamaba La Casita que estaba en Bella Vista. No hablan del dinero que reconoce el propio Bolívar Ventura que tuvo que pagar y estamos hablando de más de 1,200 millones de pesos”, precisó.
En ese mismo orden, dijo: “no hablan de la línea de casino en la que también se estableció un sistema de soborno que se llamaba El Programa o El Proyecto”.
Wilson Camacho añadió “esos son hechos, esas son razones para que este tribunal eleve este proceso a juicio. Los tribunales no fallan en base a las opiniones, fallan en base a los hechos que se presentan y a las pruebas que se presentan con relación a esos hechos”.
Especificó que “Bolívar Ventura dice que pagó más de 1,200 millones de pesos, que tuvo que entregar más de 1,200 millones de pesos: es testigo”.
Detalló que todas las personas que fueron utilizadas por el Ministerio de Defensa para poner en funcionamiento el proyecto o programa por el que se distribuía soborno de los juegos de azar, son testigos en el proceso. “Toda la documentación de los procesos de pago son testigos en el proceso”, dijo.
El procurador adjunto Wilson Camacho junto a la procuradora de Corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo litigante que representa al Ministerio Público en la audiencia, el cual también lo integran los fiscales Jhensy Víctor, Rosa Alba García, Melbin Romero, Rosa Ysabel y Miguel Crucey.
Durante audiencia, en la que el órgano acusador presentó sus conclusiones de réplica a las barras de la defensa, Ortiz solicitó al tribunal decretar la apertura a juicio de cada uno de los imputados que han sido señalados por el Ministerio Público en el expediente acusatorio.
De igual manera, que se mantenga la calificación jurídica que ha sido indicada por el órgano acusador. “Que sean rechazados todos y cada uno de los incidentes”, dijo Ortiz.
La audiencia, que por cuestiones de espacio se debate en la Sala del Primer Tribunal Colegiado, es presidida por la jueza Altagracia Ramírez, presidenta del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
El proceso judicial
Los acusados, quienes fueron apresados durante la Operación Calamar, integraban una estructura que desvió más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
Además de los exministros de Hacienda y Obras Públicas Donald Guerrero Oritz y Gonzalo Castillo, entre los encartados en el expediente por corrupción administrativa figuran José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia.
También, Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
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