En un peregrinaje por la capital hondureña, las y los campesinos interpusieron un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra cinco instrumentos que “permiten el latifundio”, pese a su prohibición expresa en la Constitución de la República.
El movimiento campesino e indígena en Honduras recorrió aproximadamente 10 kilómetros en la capital hondureña para mostrar su inconformidad ante los más de 40 desalojos de tierras contra asociaciones campesinas.
En la misma línea, las organizaciones presentes reclamaron la ausencia de acción y solución por parte de las autoridades de la administración de Xiomara Castro en el conflicto agrario en el valle de El Aguán, ubicado en el norte de Honduras.
El punto de encuentro fue el edificio del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), aproximadamente a las 8:00 de la mañana, continuando con dirección a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), casa presidencial, el Instituto Nacional Agrario (INA), los Juzgados de Jurisdicción Nacional en Materia de Extorsión, posteriormente la Embajada de Estados Unidos en Honduras, hasta llegar a los bajos del Congreso Nacional.
El paso por la Corte Suprema de Justicia tuvo por objetivo recordar todas las acciones que siguen sin respuesta por parte de la Sala de lo Constitucional –electa en febrero de 2023– e interponer un nuevo recurso de inconstitucionalidad, enfocada en cinco instrumentos jurídicos contrarios a la Constitución de la República, indicó el coordinador general del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Víctor Fernández.
El abogado detalló que le corresponde a la CSJ emitir sentencia y decretar que los cinco instrumentos –entre ellos la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y Ley Especial de Inversiones agrícolas y Generación de Empleo Rural– “son inconstitucionales y que no van a estar vigentes”. Esto debido a que los decretos en cuestión apartan al Estado de la reforma agraria y “permiten el latifundio” en el país, pese a estar este último prohibido por la Constitución de la República de acuerdo con el artículo 344.
PIDEN A MAGISTRADOS COHERENCIA Y COMPROMISO CON LA JUSTICIA
“Magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, nuevamente les llamamos a la coherencia, al compromiso por la justicia. Nuevamente les llamamos a que hagan historia, a que limpien el rostro de esta podrida justicia hondureña”, afirmó Fernández, quien ingresó junto a otras nueve personas a interponer el recurso de inconstitucionalidad.
El abogado y también coordinador del Bufete Estudios por la Dignidad (BED) recordó que son visitantes recurrentes a la Sala de lo constitucional, “tenemos montones de peticiones, sentencias que están por ejecutarse, y pues no está demás que nos permitan entrar está vez para presentar el recurso”. La declaración fue realizada luego que agentes de la Policía Nacional cerraron los portones de ingreso al edificio del Poder Judicial.
Fernández señaló que existen 10 peticiones que plantearon el 27 de junio de 2023, representaciones de al menos 12 departamentos ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, los cuales siguen sin obtener respuesta de parte de ellos.
“Hemos hecho varias gestiones para canalizar, para gestionar, para tener un trabajo coordinado con la Corte Suprema de Justicia, para que tengan la oportunidad de limpiar el rostro de este poder del Estado que se ha convertido históricamente en un poder que oprime a las bases, que oprime a los pueblos. Pero hasta ahora, seis meses después de esta reunión, no tenemos respuesta”, sostuvo.
CAMPESINOS SEGUIRÁN RESISTIENDO PESE A DESALOJOS EN FAVOR DE “GRUPOS EMPRESARIALES CRIMINALES”
El portavoz de la Plataforma Agraria, Yoni Rivas, sostuvo que estaban presentes para visibilizar en un clamor de justicia a las “empresas que han generado crisis en este país, han profundizado la pobreza”.
Rivas afirmó que estaban frente a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de ver resultados en las investigaciones que deben realizarse a los “grupos empresariales criminales que están confabulados con el crimen organizado”.
Agregó que el Valle del Aguán, ubicado en el norte de Honduras, se caracteriza por “cinco empresas criminales”. Estas son: Corporación Dinant de la familia Facussé, Reynaldo Canales, Oleopalmas de Centroamérica, la familia Morales de Inversiones Ceibeña y la empresa Agrícola Santa Inés (Asisa), esta última subsidiaria de la empresa transnacional Dole.
La lideresa indígena del pueblo Tolupán e integrante del Consejo Directivo Tribal de San Francisco de Locomapa, Yuma Gutiérrez, expresó que acompañaban la lucha campesina por el acceso a la tierra, así como pueblo originario exigen respeto a sus títulos ancestrales, su dignidad y derechos, los cuales siguen siendo irrespetados pese al cambio de gobierno.
Gutiérrez detalló que como pueblo originario defienden el derecho al acceso a la tierra para su cultivo, puesto que sin esta no es sostenible el derecho a la alimentación. La lideresa indígena llamó a la población capitalina a dejar atrás la idea de que vienen a bloquearles las calles, puesto que ellos están exigiendo que se respete sus derechos como pueblos indígenas, campesinos y seres humanos.
La secretaria general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Lilian Borjas, planteó que los desalojos que se han realizado en el sector de Guanchías y Agua Blanca Sur, en Yoro, en favor de la empresa Azucarera del Norte S. A. de C. V. (Azunosa), han resultado en la destrucción de más de 40 manzanas de cultivos de maíz de postrera, los cuales fueron destruidos con tractores.
Borjas culpo de esta situación a la Corte Suprema de Justicia, así como a la administración de Xiomara Castro y cuestionó el poder de las agroindustriales en el país, al punto “que hasta la policía que mandan tienen el poder de desalojar sin una orden”.
“Sabemos que estamos en este país indefensos como campesinos, pero aun así seguimos resistiendo. Nosotros como campesinos y campesinas vamos a luchar por nuestra tierra, porque no es de los agroindustriales. No es de las transnacionales, no es de los terratenientes que han acaparado con títulos amañados nuestros territorios, es de los campesinos y campesinas”, cerró su participación la secretaria general de la CNTC.
FALTA DE RESPUESTA A RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PREVIAMENTE PLANTEADO POR CAMPESINOS PERMITE DESTRUCCIÓN DE CULTIVOS
A nueve meses de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional sigue sin referirse con respecto a los recursos de inconstitucionalidad en contra del decreto 93-2021.
Dicho decreto “autoriza arbitraria e inconstitucionalmente los desalojos preventivos, autoriza la expulsión de la gente de sus territorios, de sus tierras, autoriza que los desechen de sus tierras, que les destruyan sus cultivos”, especificó el abogado Víctor Fernández.
Calificó como un crimen la destrucción de cultivos “en una sociedad que está muriendo de hambre, que está declarada en emergencia en términos de alimentación”. A la vez que señaló como una injusticia la falta de respuesta por parte de los magistrados y magistradas Luis Fernando Padilla, Marlina Dubón, Gaudí Rodríguez Bustillo y Wagner Vallecillo a dicho recurso de inconstitucionalidad. Permitiendo, de esta forma, más de 40 desalojos de familias campesinas y la destrucción de cultivos.
El coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad remarcó que ya no distiguirán a la Corte que salió de la actual, porque “hasta ahora siguen siendo lo mismo”, con una “justicia parcializada [que] sigue siendo retardada para reivindicar los derechos de la población”.
“Nosotros creíamos que nos íbamos a seguir manifestando en la calle, pero por otras razones, no por estas. Nosotros creímos que ahí se estaban nombrando magistrados y magistradas con conciencia, con compromiso, con determinación, con voluntad de correr el riesgo por la gente, pero no lo están haciendo, magistrados y magistradas. No es un capricho reclamarles que resuelvan lo que favorece a las grandes mayorías”, concluyó
Tras su paso por la Corte Suprema de Justicia, la movilización campesina se dirigió hasta casa presidencial donde exigieron reunirse con la presidenta Xiomara Castro y no con intermediarios. Al ser denegada su petición, las y los campesinos continuaron su peregrinaje al Instituto Nacional Agrario.
Fuente Criterio
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