Los conceptos emitidos en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor
Por Becker Márquez Bautista
En los últimos meses, hemos sido testigos de una situación preocupante: supuestos precandidatos presidenciales del partido de gobierno se promueven impunemente. Utilizan vehículos propiedad del Estado dominicano, y pagan combustibles, dietas y publicidad con el presupuesto que ellos mismos administran para beneficiarse políticamente o posicionar su figura en el electorado, todo en detrimento del erario público. Esta situación ocurre sin la mínima supervisión o fiscalización de una autoridad congresual —cuyo deber es fiscalizar— o, lo que es aún más grave, de la propia Junta Central Electoral (JCE), que debería hacer cumplir lo establecido en el artículo 78, numeral 8, de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
La Responsabilidad de Detener el Desorden
Detener este desorden a tiempo debe ser responsabilidad de toda la sociedad, de las autoridades y del propio presidente Luis Abinader como jefe de Estado y uno de los líderes del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Está en juego el bien del país, el sistema de partidos y la propia democracia. Descuidar sus funciones como funcionarios públicos, por meras aspiraciones de precandidatura, no es más que un acto desleal al presidente y al pueblo dominicano.
Resulta verdaderamente penoso que leyes tan fundamentales como la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley de Función Pública 41-08 sean violadas flagrantemente, a la vista de las autoridades competentes, sin que nadie alce la voz. Esta inacción contribuye de forma alarmante al deterioro no solo de nuestro sistema de partidos, sino de la sociedad en su conjunto.
En la República Dominicana, el uso de recursos públicos para beneficio propio está severamente castigado. Nuestro Código Penal y otras leyes específicas establecen claras sanciones para diversos actos de corrupción y abuso de funciones públicas, incluyendo la malversación de fondos, el cohecho, el tráfico de influencias y el mal uso de los recursos del Estado. Las consecuencias de estos delitos pueden ser graves, abarcando pena de prisión, cuantiosas multas, inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y hasta degradación cívica. En síntesis, el marco legal existe y es claro: la prohibición y el castigo por el uso indebido del erario público son contundentes.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM), que llegó al poder presentándose como el paradigma de la ética y la transparencia en la política dominicana, no puede ni debe darse el lujo de violar estas normativas. Su promesa de cambio y su compromiso con la institucionalidad exigen un comportamiento intachable.
Desde esta tribuna, hacemos un enérgico llamado a la sociedad dominicana en general, a las autoridades competentes y al propio Partido Revolucionario Moderno (PRM) para que pongan fin de inmediato a este desorden de candidaturas a destiempo. Es imperativo que se obligue a los precandidatos presidenciales a renunciar a sus respectivos puestos en el tren gubernamental, garantizando así la equidad, la transparencia y el respeto a la ley que tanto anhelamos como sociedad.
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