Por Danilo Cruz Pichardo
(Los conceptos emitidos en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor)
A ley de horas para que la población dominicana acuda a las urnas para escoger al presidente y la vicepresidenta de la República, 32 senadores y decenas de diputados, que tomarían juramento el venidero 16 de agosto y permanecerían y sus puestos de elección popular durante el período 2024-2028.
Se puede anticipar, como suele ser costumbre, salvo hechos aislados, que la ciudadanía exhiba civismo y prudencia al cumplir con su deber constitucional.
Los eventos comiciales que dejaron traumas en la población quedaron atrás y forman parte de la historia, porque el país se ha fortalecido institucionalmente y contamos con una Junta Central Electoral y un Tribunal Superior Electoral que respetan la Constitución de la República y, de forma particular, las leyes 15-19 (Orgánica de Régimen Electoral) y 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Todo el que se detiene a analizar la competencia académica y trayectoria ética de los magistrados de esos órganos, necesariamente llega a la conclusión de que los tiempos han cambiado.
Ya la funesta etapa en que los jueces de la JCE y el TSE se escogían de los organismos principales del Partido de la Liberación Dominicana fue superada. Ahora se consideran otras variables para que el Senado de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura escojan verdaderos árbitros. Y es la razón por la cual los alegatos electorales, elevados ante esos órganos, la población los percibe como “pretextos infelices”. Se trata de la famosa “pancada del ahogado”.
La población puede dar por anticipado que los resultados emitidos por las firmas encuestadoras -aquellas que gozan de prestigio nacional e internacional- serían ratificados por los cómputos de la JCE. Con respecto a la lucha por la Presidencia de la República no se observa competencia. Solo hay disputas cerradas en algunas provincias y el número no pasa de cinco. Se habla de empates técnicos, aunque siempre gana alguien, sea de un lado o de otro.
Sin embargo, con un margen tan amplio, en la intención de votos de los dominicanos, entre el presidente de la República y sus opositores, lo aconsejable es ser cuidadoso en las declaraciones públicas, para que el maltrecho crédito de ciertos opositores no sufra mayor deterioro.
Los datos que revelan las firmas encuestadoras simplemente vienen a ratificar el temor de la población al retroceso que representa el pasado político más reciente. La población no ha olvidado los entramados mafiosos, desfalcos y grandes escándalos de corrupción pública durante 20 años. La gente sabe que José Ramón Peralta, para solo poner un ejemplo, antiguo jefe del Ministerio Administrativo de la Presidencia, tenía un bolígrafo con un costo superior a los 100 mil dólares. ¿Para escribir qué, si ese caballero solo sabe de ajo?
También está el otro bando del PLD, el verde, la denominada Fuerza del Pueblo, que lidera el doctor Leonel Fernández, el cual está en un dilema serio, pues cada vez que dice algo nuevo, pretendiendo pescar en río revuelto, de inmediato la gente le busca un video viejo, de Google o Youtube, en el cual se contraría totalmente. La verdad es una. ¿Cuál prefiere? ¿La de ayer o la de hoy? Nadie cree en él. Y aquellos que pertenecen a su agrupación política, la causa hay que buscarla en la gratitud personal, no en otra razón.
De todas maneras, el certamen electoral se desarrollaría con normalidad, donde imperaría el civismo y la prudencia. Y los jueces de la JCE contarían los sufragios tal y como fueron emitidos en las urnas. Y ante cualquier eventual queja o inconformidad, lo correcto sería dirigir una instancia ante el TSE, porque las leyes electorales establecen los procedimientos correspondientes, en irrestricto apego al derecho de los candidatos. “Juzga a un hombre cuando te hayas puesto en su lugar”, dijo Louis Sébastien Mercier.
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