Ejecutivo deroga durante 60 días ley para regularizar el comercio informal. Comunidades indígenas levantan bloqueos de carreteras
Tras dos días de bloqueos de carreteras por organizaciones indígenas, el Gobierno de Guatemala anunció este miércoles que deroga un acuerdo que busca regularizar el comercio informal y que, según aquellas, afecta sobre todo las economías familiares.
A través de su Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ejecutivo de Alejandro Giammatei aceptó prorrogar durante 60 días la medida, vigente desde enero pasado, que obliga a los comerciantes a emitir factura con nombre de una persona jurídica o natural en las compras mayores a 2.500 quetzales (320 dólares).
La derogación temporal se logró tras dos días de bloqueos en cinco puntos de la Carretera Interamericana, que enlaza a este país centroamericano con México.
De acuerdo con medios locales, estas movilizaciones implicaron pérdidas para miles de personas y el comercio. Fueron articuladas por la organización 48 Cantones de Totonicapán y se concretaron mediante cortes de ruta en los departamentos de Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango y Sololá.
Las comunidades indígenas han defendido que la medida afectaba al comercio informal y los pequeños comerciantes, quienes perciben escasos recursos. Además, acusan al Gobierno de no invertir con carácter social y con transparencia lo que se recauda a través de los impuestos que les cobran.
De acuerdo con un comunicado de la Procuradoría de Derechos Humanos, que fomentó el diálogo entre las partes, se llegó al acuerdo durante una reunión en la que participaron el Ministerio de Finanzas Públicas, la SAT y representantes de los 48 Cantones y de la Municipalidad Indígena de Sololá.
Se prevé que durante la prórroga de 60 días se integre una mesa técnica entre la SAT y los representantes de los pueblos indígenas para examinar sus propuestas, principalmente las relacionadas con la economía familiar, para a partir de ellas redactar una nueva ley que no afecte a la población.
Previamente, a través de una declaración sobre la ley 6165, los campesinos rechazaron la intención del Ejecutivo de obligar a los sectores agrícola e informal a pagar un 5 por ciento del total de sus ventas. “No estamos en contra de pagar impuestos, pero los tributos no se invierten en el bien común”, aseguraron.
Tras el acuerdo, líderes de los 48 Cantones instaron a las comunidades indígenas y el campesinado a deponer los bloqueos de manera ordenada.
Fuente: Telesur
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