Un tribunal de Guatemala condenó al coronel retirado Juan Ovalle Salazar por delitos de lesa humanidad, por su vinculación con la masacre perpetrada por fuerzas del ejército de ese país centroamericano contra la aldea indígena Pacoj en el paraje conocido como Rancho Bejuco, en julio de 1982.
Ovalle fue el único condenado por la matanza, pues el Tribunal de Mayor Riesgo D absolvió a otros ocho acusados de participar en la masacre. Son estos Mario Elfidio Córdova, Santiago Cojón Galeano, Lázaro Alvarado De Paz, Carlos Sesán Cajbón, Lauro Garrido Córdova, Mario Garrido Córdova, Juan López Sic y Santos Cojón Galeano.
A pesar de que el juez Walter Mazariegos hizo pública su decisión, el Ministerio Público (MP) fue incapaz de probar la responsabilidad penal de los ocho ex patrulleros de Autodefensa Civil que presuntamente fueran responsables del asesinato de 25 personas en Rancho Bejuco, por lo cual ordenó su inmediata libertad.
La abogada querellante, aseguró que apelarán la decisión judicial, porque consideran que hay elementos suficientes para condenar a todos los acusados.
En otro orden de cosas, el Juzgado consideró que Ovalle Salazar estaba a cargo de los operativos cuando murieron 25 personas, incluidas 17 niños, niñas y adolescentes. La abogada, Lucía Xiloj, querellante en el juicio, aseguró que apelarán, porque consideran que hay elementos suficientes para condenar a los acusados.
Según testigos, los hechos ocurrieron entre el 29 de julio de 1982 cuando un grupo de uniformados por las Autodefensa Civil y comisionados militares irrumpió en el caserío Rancho Bejuco y reunieron a la población maya Achi para luego ametrallarlos. En ese grupo veían sis paso niños, niñas, mujeres y hombres, que por la tarde de ese mismo día fueron asesinados.
El 8 de agosto de 2023, las mujeres maya Achí, familiares de las víctimas, pidieron justicia por los masacrados, subrayando que se habían presentado para exigir justicia por el asesinato que cometieron los patrulleros en 1982, como represalia a la negativa de los hombres de unirse a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)”.
Mientras duró el conflicto armado interno en Guatemala se estima que el ejército masacró a 1500 indígenas del norte de Guatemala y el exdictador Ríos Montt fue condenado por el delito de genocidio, en mayo de 2013.
Dentro de las pruebas presentadas por la fiscalía se encuentran los testimonios de los sobrevivientes que demuestran que los expatrulleros cavaron un agujero y posteriormente asesinaron a las mujeres y niños, tras lo cual fueron lanzados a los hoyos; para cerciorarse que las víctimas hubieran muerto, los expatrulleros lanzaron bombas.
Según Lucía Xiloj con respecto a la prisión de Ovalle Salazar. “Las familias durante muchos años han buscado que se dignifique a sus víctimas y no se ha hecho así, incluso el tribunal en su argumentación cuestiona por qué ellos no salieron del caserío, como diciendo que era su culpa que los asesinaran”.
Fuente Telesur
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