El Parlamento de Perú dio ‘luz verde’ a que las tropas de USA ingresen sólo para entrenamiento militar, a semanas de la denuncia de violación a los DD.HH. en protestas. Se instalarán en “zonas de conflicto”
El Congreso de Perú aprobó, en la madrugada, un proyecto de resolución legislativa que autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en su territorio el 1, 7 y 10 de noviembre en el marco de un entrenamiento militar.
“Los militares extranjeros son efectivos de Infantería de Marina y de Fuerzas Especiales, y con sus similares peruanos realizarán actividades de entrenamiento de campo”, comunicó la prensa del Congreso.
Pese a la negativa de la Izquierda, el pleno del Parlamento avaló finalmente por 70 votos a favor frente a 33 negativos –y 4 abstenciones- la medida de entrada de tropas estadounidenses para el entrenamiento militar (Resolución Legislativa 4766).
El encargado de la sustentación del texto fue el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, el legislador Alfredo Azurín, que indicó que el personal militar norteamericano realizará actividades de “cooperación y entrenamiento” en territorio peruano, pero no instalarán una base militar.
No tiene como objetivo implementar alguna base militar extranjera en el territorio peruano y no afectará la soberanía nacional
La aprobación del proyecto de resolución legislativa sucede a dos semanas de la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch: en la insurrección popular por la destitución de Pedro Castillo se cometieron ejecuciones extrajudiciales y otros delitos de lesa humanidad a manos de la Policía que responde a la actual presidente Dina Boluarte.
La destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre por “vacancia”, tras intentar disolver el Parlamento peruano, y la asunción de Dina Boluarte al poder, generó protestas antigubernamentales de carácter popular-rural en apoyo al ex presidente detenido, que fueron brutalmente reprimidas y en las que murieron varios ciudadanos. En estos enfrentamientos de la Policía que respondía a Boluarte contra el pueblo, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se cometieron ‘ejecuciones extrajudiciales’.
“Hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico racial, perpetuada por agentes estatales las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, dijo la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, en el informe (03/05/23).
Este informe de la CIDH coincide con el de Human Rights Watch que denuncia un uso desproporcionado de la fuerza y perdigones de plomo que están prohibidos por parte de las FF.AA. y la Policía Nacional en las protestas por la destitución de Castillo. “Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”, dice HRW.
En al menos 39 de las 49 muertes de civiles registradas por la Defensoría del Pueblo y vinculadas con la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas, la causa de la muerte fue heridas de bala, según las autopsias, los informes de balística y los registros médicos revisados por Human Rights Watch
En cuanto al de la CIDH, ésta investigó un período del 7 de diciembre de 2022 al 23 de enero de 2023 a través de diálogos y evidencia en el territorio peruano, haciendo foco en la ciudad de Ayacucho, lugar en donde 8 personas murieron y 26 resultaron heridas por herida de bala mientras intentaban tomar el aeropuerto local, en plena sublevación popular ‘pro- Castillo’.
Así, la CIDH asegura que el accionar represivo de las FF.AA. fue desigual en distintos focos de la región, siendo especialmente virulento en la zona sur y rural del país, por lo que esta “masacre” debería ser vista desde un enfoque “étnico-racial”. En tales sitios Castillo obtuvo para su victoria presidencial un 82-89 % de votos.
Es por ello que en el apartado del informe Antecedentes, la CIDH rememora que la “elección del expresidente Castillo generó esperanza y altas expectativas en las comunidades rurales que históricamente han estado subrepresentadas en los espacios de toma de decisión”. Mientras que, su destitución y detención “generó gran indignación, especialmente en las regiones del sur en donde las manifestaciones, hechos de violencia y enfrentamientos con la fuerza pública han tenido mayor intensidad”.
La fiscalía peruana ha iniciado una investigación preliminar contra Boluarte y ministros por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las protestas.
Ante las conclusiones de la CIDH, la actual mandataria Boluarte cuestionó a la Institución en una rueda de prensa por redactar, en condicional, lo que para ella demuestra que «son supuestos, además de que estuvieron en el país pocos días», según sus propias palabras.
“No me parece ajustado a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que la comisión concluya que hubo graves episodios del uso de la fuerza tan solo con algunas entrevistas y dos visitas al Perú”, dijo.
«Rechazamos que ha habido una situación étnico-racial, lo rechazamos profundamente. Ellos no saben que los que estamos aquí en el Ejecutivo, a nuestros hermanos del ande, de la selva, a nuestros hermanos afro y a todos los peruanos, los amamos sin distinción alguna«.
Fuente Resumen Latinoamericano
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