- La justicia de la provincia de Catamarca le dio la razón a las comunidades indígenas de Antofagasta de la Sierra, que exigen que no se entreguen nuevas concesiones de litio en la zona, donde se ubica el salar.
- Los argumentos de la población son que las empresas mineras no han demostrado que sus proyectos no acabarán con el agua de la región y que no se realizó consulta previa, libre e informada. Las comunidades denuncian que ríos claves para su supervivencia se han secado por la producción del litio.
Tras décadas de explotación de litio en Argentina, las comunidades indígenas que llevan ya tiempo exigiendo exigen que se detengan las afectaciones que padecen por esta actividad y que sean consultadas. Una reciente victoria judicial les dio la razón. La Corte de Justicia de la provincia de Catamarca sentenció a favor de las poblaciones indígenas de Antofagasta de la Sierra: el Estado no podrá entregar nuevas concesiones de litio en el Salar del Hombre Muerto, hasta que no se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral.
La victoria jurídica de las comunidades indígenas de Argentina no fue completa, ya que la corte no acogió la segunda petición de los demandantes: detener la explotación de litio en la zona.
El caso se remonta al 2021. Ese año, las comunidades que habitan el salar exigieron a la justicia nacional pronunciarse sobre el excesivo uso de agua dulce para extraer el litio y por no haberlos consultado. No obstante, el expediente fue remitido a la justicia provincial y hasta mediados de marzo de 2024 la corte emitió su sentencia.
Desde hace décadas, las comunidades indígenas Antofagasta de la Sierra han denunciado las afectaciones que padecen por la explotación del litio. Esta explotación, iniciada en la década de los noventa, ha ido agotando las fuentes de agua hasta secar algunos ríos de los cuales dependen las comunidades, según denuncian.
Expertos consultados señalan la paradoja que representa que la producción del mineral estrella de la transición energética, parte de la lucha contra el cambio climático y usado en las baterías de los vehículos eléctricos, deje a su paso a comunidades desfavorecidas y daños a los ecosistemas.
“Han secado los ríos. Por eso, la Corte reconoce la posibilidad de que haya un daño ambiental irreversible y por eso ordena el estudio de impacto ambiental”, dice Santiago Ferrando Kozicki, abogado de la comunidad Antofagasta de la Sierra en el caso.
La amenaza inminente sobre el agua
Para obtener el litio se extrae el líquido de las salmueras —el agua salada que lo contiene y que está debajo de la capa superficial de los salares— y luego, mezclado con agua dulce, es expuesto a la evaporación bajo el sol, proceso del que resulta el carbonato de litio.
Las comunidades señalan que, debido al exceso de agua dulce utilizada en la etapa de evaporación y extraída de los ríos de la región, estos cuerpos de agua se están secando.
En el caso judicial, las comunidades mostraron evidencias de que los ríos Trapiche y Los Patos se están secando por la explotación de litio en la región.
Aunque los pueblos indígenas venían denunciando desde hace décadas el riesgo sobre el uso excesivo del agua, sus advertencias solo fueron atendidas hasta ahora, cuando fue innegable que algunos ríos estaban notoriamente reducidos.
Los demandantes, además, señalaron que la explotación de litio requiere un estudio de impacto ambiental acumulativo, es decir, que mida el impacto sobre las cuencas de agua de toda la región.
En su sentencia, la Corte señaló que falta estudiar la “línea base”, es decir, el estado actual de los ecosistemas en la región. En la actualidad, los estudios de impacto ambiental evalúan de manera aislada las afectaciones de cada proyecto de extracción de litio, sin considerar las afectaciones que tendría a nivel regional y sobre las cuencas de agua. “La corte le ordena al gobierno la realización del impacto de informe ambiental acumulativo e integral sobre la cuenca del río Los Patos”, resalta Kozicki.
El abogado menciona que las autorizaciones para la construcción de represas, entre otras obras de las empresas extractoras de litio, han sido otorgados de manera exprés y sin mayor participación del nivel nacional, ya que los permisos son otorgados por las autoridades provinciales.
Verónica Gostissa, abogada de la asamblea local Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA) y de la organización social internacional Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL), explica que en el estudio acumulativo se debe contabilizar el agua de todo el sistema, del ecosistema del salar y de las cuencas de los ríos. Agrega que “en la extracción también pueden hacer que las aguas dulces subterráneas o de acuíferos lleguen a la zona de las salmueras, que se mezclen con las saladas, lo que se conoce como contaminación cruzada”.
Otro de los argumentos de la comunidad es que no han sido consultados para la explotación de sus territorios. En vez de una consulta previa, libre e informada, los pobladores aseguran que las empresas han realizado procesos exprés en los que no han tenido en cuenta a todas las comunidades afectadas de Antofagasta de la Sierra por los proyectos que han generado divisiones en las poblaciones locales. En el río Los Patos, donde trabajan cinco mineras, la consulta no ha sido exhaustiva, señalan las comunidades.
Gostissa agrega que por la reducción del cuerpo de agua Los Patos, 400 reses de una familia indígena murieron al no tener agua que beber.
Sin acceso a la información
María Laura Castillo, coordinadora del programa altoandino de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señala que en Argentina el acceso a la información sobre los proyectos de litio ha sido nulo y que en algunos casos no les ha quedado alternativa de recurrir a juicios o litigios para que un juez les garantice sus derechos. “Las empresas llegan a las autoridades locales, quienes deberían hacer el proceso de consulta, pero en cambio sacan regulaciones para facilitar el avance de la extracción”, acusa Castillo.
En Argentina no existe una ley que regule cómo aplicar la consulta previa, lo que debería hacer cada provincia.
Las comunidades que impulsaron el proceso judicial resaltan que deberían haber sido consultadas de manera previa, libre y amplia, es decir, que todos los pueblos de toda la cuenca participen. “Aquí se presentó un río seco y no hubo ninguna sanción a las empresas”, dice Gostissa. Dice que, además, hay denuncias de que las empresas subfacturan el litio extraído para ahorrar en impuestos, lo que hoy convierte a la Argentina en un “paraíso minero”.
Los expertos también señalan que no tiene sentido que en la explotación de un mineral clave estratégico en la lucha contra el cambio climático se dañe el medio ambiente y se ignore a las comunidades.
“Bajo el argumento de la transición energética, ¿a dónde estamos transicionando? Estamos realizando los mismos métodos extractivistas, porque no es producción de litio, es solo extracción. No se produce nada acá, no se refina en Argentina. Se lo lleva afuera y ¿qué dejan en el territorio?”, pregunta Gostissa.
Castillo comenta que debido a la ley minera, en Argentina dejan regalías muy bajas y “no hay una real transferencia de tecnología ni valor agregado”.
Desde el sector público y privado tomaron una posición de defensa de la minería del litio. Tras reunirse con asociaciones mineras, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, escribió en sus redes sociales que seguirá apoyando el desarrollo de la actividad extractiva por la creación de empleos e infraestructura. La Cámara Argentina de Empresas Mineras aseguró en su cuenta de la red social X que en Catamarca “cumplieron todos los requerimientos de las leyes en temas ambientales y se han obtenido todos los permisos y autorizaciones correspondientes”.
Los abogados de la comunidad anuncian que, además, exigirán a los mecanismos de quejas de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el brazo prestamista del Banco Mundial, y al BID Invest (del Banco Interamericano de Desarrollo) que revisen su apoyo a los proyectos de litio en Argentina.
Fuente Mongabay
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