El 30 de junio vencen unos 50 mil contratos de estatales que habían sido renovados por apenas tres meses en abril, cuando el Gobierno aplicó la primera poda. Los gremios responderán con medidas de fuerza y advierten que el desguace podría dejar a la administración pública sin funcionamiento
El primer día hábil de abril, luego de Semana Santa, el Gobierno dejó en la calle a 15 mil trabajadores del Estado. El método para contrarrestar la protesta de los gremios ante los despidos masivos fue militarizar los ministerios y custodiar el ingreso a los edificios públicos con la Policía Federal. Esa misma postal –o una parecida– podría repetirse a partir del lunes que viene, cuando a otros 50 mil empleados que eludieron aquella primera poda se les vence el contrato precario que les fue renovado por apenas tres meses más.
Ante ese posible escenario, desde ATE convocaron a un paro con movilización hacia Plaza de Mayo –donde además podrían instalar una carpa, similar a la de los docentes en la década del 90– para mañana jueves, en coincidencia con el día del trabajador estatal. También planean una permanencia pacífica en las oficinas de cada organismo, una medida de fuerza similar a la que tomaron hace 90 días.
“El 27 de Junio nos vamos a movilizar en todo el país y desde ATE no descartamos montar una vigilia. La idea es permanecer dentro de los ministerios y organismos hasta que llegue el primer día hábil de julio, para que se garantice la continuidad laboral de todos los vínculos que vencen a fin de mes”, describió la medida de fuerza el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.
Con la cuenta regresiva en marcha, en la Casa Rosada aceleran los pasos para ultimar los detalles de la nueva ola de despidos, aunque hay algunos flecos todavía sueltos. Según fuentes del Gobierno, el método para la poda será similar al que ya se utilizó en abril: cada ministerio presenta su propia nómina ante la jefatura de Gabinete, bajo cuya órbita –todavía– funcionan la Secretaría de Transformación y la de Simplificación del Estado. Se espera que esas áreas pasen a reubicarse en la eventual nueva estructura que Javier Milei ideó para Federico Sturzenegger. Ese movimiento está a tiro de la firma del Presidente, como parte de un nuevo “megadecreto” que podría salir tras la aprobación de la ley Bases en el Congreso. El número final de cesantías está atado y depende en buena medida de ese proceso, aunque la última palabra la tienen el ministro de Economía, Luis Caputo y el propio Javier Milei.
De todos modos, la poda no será como dijo públicamente el Presidente, quien se vanaglorió en una entrevista reciente sobre su deseo de “despedir 50 mil empleados públicos” como parte de su plan de “destruir el Estado desde adentro”. Aguiar lo confronta: “No van a despedir a 50 000 estatales. Si echan a esa cantidad directamente nos quedamos sin Estado”, dijo. “Y a Milei en verdad no le interesa destruir el todo el Estado, sino que lo quiere para hacer negocios, que hagan negocios sus amigos y para garantizar los intereses de las grandes empresas”, aseguró.
“El gobierno no despide para ajustar, despide para desmantelar, para desguazar e intentar pasar numerosas áreas públicas a sectores privados. Tenemos que multiplicar las protestas para evitarlo”, agregó el secretario general de ATE.
Igualmente, pase lo que pase el 30 de junio, cuando el Gobierno comunique cuántos contratos renovó y cuántos no, el programa libertario de desguace estatal seguirá en marcha. “Más despidos va a haber, con seguridad. Eso va a seguir pasando, casi como un proceso permanente y eterno, revisar funcionamientos de determinadas áreas, qué valor agregan, si la dotación es la correcta y si no lo es”, había sostenido el vocero Manuel Adorni en conferencia de prensa a principios de este mes, luego de una tanda de despidos que sufrieron los trabajadores del INADI.
En ese marco, el jefe de Gabinete Guillermo Francos recibió la semana pasada en su despacho al secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, quien le llevó el planteo de la renovación de los contratos pero también de reincorporaciones que están pendientes desde la primera poda, que no discriminó a embarazadas, personas con discapacidad y tampoco respetó el cupo trans establecido por ley. Otro de los reclamos pasa por que la renovación de los contratados sea, al menos, hasta diciembre y no cada tres meses, lo que genera obviamente angustia e inestabilidad entre los laburantes.
La primera poda de despidos
De acuerdo a un informe de ATE, basado en los datos del INDEC sobre empleo público, el primer recorte del plan Motosierra fue de 15 404 trabajadores. El número abarca únicamente a la administración pública nacional, es decir a los ministerios y organismos descentralizados, pero no a las empresas del Estado, donde también está en marcha un proceso de desguace que abarcó otros 3819 despidos. El total –al mes de mayo– fue de 19 223 (un 80 por ciento en la administración pública y el 20 restante en las empresas estatales). El universo completo del ajuste de empleados es del 14.6 por ciento respecto a la planta de diciembre del año pasado.
Los ministerios más golpeados fueron Capital Humano (se redujo el 17.7% por ciento del total), seguido por Interior (-13.9%) y Economía (-16.2%). En Presidencia (de la que dependen varios organismos descentralizados) la poda superó el 20 por ciento.
La abrumadora mayoría de los despedidos son, obviamente, contratados, aunque hubo algunos casos aislados de planta. Los contratados, contrario a lo que se cree, son la mayoría de los trabajadores estatales. Algunos, con más de 20 años de trabajo y aún sin estabilidad. “Se habla de los contratados como si fuéramos algo accesorio, pero en la administración central y en los organismos somos más del 70 por ciento del total de trabajadores, muchos con bastante antigüedad. Hay un mito de que somos accesorios o consultores externos, pero somos mayoría; si despiden a los contratados, chau Estado, no hay quien lo sostenga”, describió el secretario gremial de ATE Capital y trabajador del Ministerio de Salud, Pedro Lyn.
Sobre ellos Milei planea volver a pasar la motosierra. Está por verse si podrá y a qué costo.
Fuente Página 12
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