Mujeres y personas trans sufrieron graves abusos y torturas durante cuatro meses, mientras estaban detenidas. El juicio fue por jurado popular y ahora esperan el monto de la pena
Un jurado popular declaró culpables a 11 policías por el delito de vejaciones y abuso sexual. Las víctimas fueron 28 personas trans y mujeres que siguen afectadas por la violencia sufrida, con lesiones psicológicas y físicas que persisten. No quieren hablar. El terror las habita.
Ayer miércoles 10 de mayo estaba prevista la audiencia de cesura, pero fue pospuesta. Durante esa audiencia las partes requieren el monto de la pena al juez Gerardo Gayol, del TOC 4 de La Matanza para que dicte sentencia. Por unanimidad, los 12 jurados estuvieron de acuerdo en considerar culpable a 11 de los 15 policías bonaerenses acusados.
A pesar de las normativas que lo prohíben, hoy las comisarías siguen albergando detenidos y detenidas muy por encima de sus capacidades. ¿El motivo? Los penales también están sobrepoblados, y la tasa de prisionalización no para de crecer.
El caso
Los hechos denunciados tuvieron lugar en la Comisaría 3° de la Tablada, en La Matanza, entre septiembre de 2019 y enero de 2020.
El personal policial fue señalado como responsable de gravísimos delitos. Fueron declarados culpables el subcomisario Lionel Maximiliano Gómez, Ángel Ariel Reales y Javier Ramón González por los delitos de severidades y abuso sexual; Valeria Suárez, Silvia Solari y Lara de las Nieves Taramazzo por el delito de severidades; Silvina Suárez por el delito de abuso sexual; y Hernán Garzón, Yanina Vargas, Johanna Romero y Franco Hinojosa por el delito de vejaciones. Por su parte, Maida Ruiz, Cristian Aliaga, Leandro Maidan y Ariel Pasquale fueron declarados no culpables por el jurado.
La causa penal tenía otros 6 policías, integrantes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), imputados por el encubrimiento de estos hechos; 5 de ellos firmaron un juicio abreviado. Uno de los abusos cometidos por GAD fue luego de una protesta cuando encerraron a 10 detenidas en un baño ínfimo. Las obligaron a desnudarse y a los golpes las obligaron a hacer ejercicios de fuerza mientras les gritaban “negras de mierda”, “putas”, “mugrientas”.
Desamparadas
Otro de los hechos fue durante una requisa en la que buscaban un celular. Las víctimas declararon que un agente policial de la comisaría revisó en sus cavidades íntimas, con sus dedos, y con el mismo par de guantes, a un mínimo de cuatro personas. Las requisas se realizaron sin autorización judicial y en el lugar había un escáner. Es decir que la maniobra era evitable.
Además, se supo en el juicio que era habitual el robo y la destrucción de los alimentos que ingresaban las familias de las detenidas, el aislamiento extremo como forma de castigo en pequeñas celdas por tiempos prolongados, teniendo que orinar y defecar en botellas y bolsas descartables. Y también las hambreaban, arrojaban comida fresca en el patio y dejaban que se echara a perder, a la vista.
Se les administró agua en condiciones peligrosas para su salud.
El contexto
El caso debe leerse en una serie. Sofía Fernández (39) murió en una celda de una comisaría de Pilar, y aún se desconoce qué maniobra produjo la asfixia que terminó con su vida. El año pasado, Sasha Barrionuevo (38) falleció detenida en Mar del Plata por falta de asistencia médica. Estaba alojada en la alcaidía 44 del Complejo Carcelario de Batán. Había bajado más de 30 kilos en el último tiempo, estaba perdiendo la visión y casi no tenía movilidad cuando la llevaron, demasiado tarde, en camilla a recibir atención extramuros.
Según el informe emitido por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), durante 2022 hubo 129 crímenes de odio en la Argentina. De ese total, el 5% fue perpetrado específicamente por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal, es decir, configuran casos de violencia institucional. El informe también consigna que el 84% de los casos (108) tienen como víctimas a mujeres trans. De esa cifra 12 fueron asesinadas.
Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, estadística penitenciaria oficial del país, que muestra la evolución y las características de la población privada de libertad en unidades penitenciarias, en 2021, en la Provincia de Buenos Aires hubo 92 mujeres trans detenidas y un varón trans, sobre un total de 46.437 personas. Las mujeres fueron 1.689, con lo cual los varones representan el 96,2% del total de detenidos en cárceles. Para saber lo que sucede en las comisarías la información no es pública, pero se puede inducir que las proporciones serán similares. Veamos cómo crece la cantidad de detenidos, sin que esta estrategia mejore de forma significativa los niveles de seguridad.
El juicio
Lily Galeano integra la agrupación H.I.J.O.S de La Matanza. Es una de las militantes que acompañó el desarrollo de este juicio. “Mi mirada como hija, en este otro tipo de juicio, tan hermanados a la justicia social”, compara, como hija de desaparecidos de la última dictadura cívico militar (1976-1983), terrorismo de Estado que también incluyó al colectivo travesti trans.
La mujer construye un activismo situado en su territorio, con epicentro en el distrito más populoso del Gran Buenos Aires. Acompaña a familias con situaciones actuales de violaciones graves a los derechos humanos, que se siguen (re)produciendo hasta nuestros días.
«Los juicios contra los genocidas ya tienen otro marco», remarca, «otra jurisprudencia, otra aceptación social. Pero en los juicios por hechos de gatillo fácil, por ejemplo, hay otros estereotipos que pesan socialmente: el pibe chorro, la persona trans, la trabajadora sexual. Son sujetos sociales que siguen encontrando múltiples barreras, económicas y simbólicas, para acceder a la justicia», explica Lily.
“Era un juicio contra las mujeres pobres, y un juicio de clase: machista, racista”, remarca. Es uno de los motivos por el cual las víctimas no se sienten seguras para hablar. La defensa de los policías acusados fue muy agresiva para con ellas. No sirvió de nada ante el jurado popular, que “comprendió el dolor de las víctimas”, y tomó la decisión de protegerlas y condenar a los policías.
La Comisión Provincial por la Memoria representa a 17 de las 28 víctimas. Como querellante denunció la “sistematicidad” y la responsabilidad de la institución en prácticas que constituyen actos de tortura, con la intencionalidad de provocar sufrimientos y padecimientos graves en las víctimas, siendo funcionarios públicos con el deber de velar por la seguridad y la integridad de los detenidos.
Una red del bien
La investigación judicial se inició con una denuncia de la Defensoría General de La Matanza y el entonces Defensor de Casación, Mario Coriolano, que vehiculizó un habeas corpus presentado por familiares de las víctimas y una posterior denuncia penal de la CPM el 21 de enero del 2020.
Las audiencias fueron acompañadas por H.I.J.O.S. y APDH de La Matanza, la distrital de La Matanza de Suteba y colectivos de género y derechos humanos de la región.
Fuente Agencia Presentes
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