Los conceptos emitidos en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor
Por Iscander Santana
Zürich, Suiza
Desde hace casi tres años, la historia oficial repite el mismo libreto: Israel como víctima absoluta de un ataque terrorista imprevisible el 7 de octubre de 2023; Hamás como único responsable de 1.200 muertos y de la tragedia posterior en Gaza. Esa narrativa, amplificada por gobiernos occidentales y grandes medios, ha sido la coartada moral para la operación más letal nunca antes desatada contra la Franja.
Sin embargo, demasiadas grietas impiden aceptar sin más esa versión. Israel, potencia regional con uno de los aparatos de inteligencia más sofisticados del planeta, había tenido en sus manos el plan de ataque de Hamás —el documento “Jericó”— más de un año antes y lo desechó como fantasioso. Horas antes del asalto se activaron decenas de tarjetas SIM israelíes en Gaza, un indicio que sus propios servicios detectaron pero interpretaron como “ejercicio”. ¿Simple cadena de errores o decisión política de dejar que ocurriera lo que después serviría como casus belli para arrasar Gaza?
A ello se suma la sombra de la Directiva Hannibal y el fuego amigo. Investigaciones independientes han documentado casos en los que civiles israelíes murieron bajo bombardeos y disparos de sus propias fuerzas, como en el kibutz Be’eri, al priorizar “neutralizar” a los captores sobre proteger a los rehenes. La frontera entre defensa y sacrificio calculado de vidas propias se vuelve inquietantemente difusa. Y si se aplica el principio básico del análisis de inteligencia —cui bono?— la respuesta es incómoda: el 7 de octubre le devolvió a Benjamin Netanyahu la unidad interna tras meses de protestas, paralizó la contestación a su reforma judicial y le entregó la legitimidad internacional para “acabar el trabajo” en Gaza.
No hay pruebas concluyentes para afirmar que el 7 de octubre fuera una operación de falsa bandera orquestada desde el poder israelí. Pero el encadenamiento de “fallos imposibles”, la desactivación de protocolos, la permisividad ante señales de alerta y el beneficio político directo exigen algo que hoy se niega: una investigación internacional independiente. Mientras eso no suceda, aceptar la narrativa oficial como dogma no es prudencia; es complicidad.
De la acusación a la certificación del genocidio
Si el 7 de octubre exige ser investigado, lo ocurrido después en Gaza ya ha sido, en cambio, investigado y nombrado por los máximos órganos del sistema internacional. En septiembre de 2025, la Comisión de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, presidida por Navi Pillay, concluyó que Israel ha cometido cuatro de los cinco actos tipificados como genocidio en la Convención de 1948: asesinatos masivos, daños físicos y mentales graves, condiciones de vida destinadas a destruir al grupo y medidas que impiden los nacimientos.
La propia comisión afirmó que la conducta de las autoridades y fuerzas israelíes en Gaza solo podía entenderse como una campaña para destruir, total o parcialmente, a los palestinos de la Franja como grupo. En ese dictamen se señala explícitamente la responsabilidad del presidente Isaac Herzog, del primer ministro Benjamin Netanyahu y del exministro de Defensa Yoav Gallant no solo en la ejecución, sino en la incitación al genocidio. En términos jurídicos, las frases que deshumanizan a los palestinos como “animales humanos” o que llaman a “acabar el trabajo” no son simples exabruptos: son prueba de intención criminal.
Paralelamente, la relatora especial de la ONU Francesca Albanese ha definido lo que ocurre en Gaza como un “genocidio colectivo”, posible únicamente gracias a la complicidad de Estados terceros, en particular occidentales, que han proporcionado cobertura diplomática, apoyo militar, respaldo económico y hasta han permitido la instrumentalización de la ayuda humanitaria. No se trata solo del tradicional cheque en blanco de Washington: son vetos en el Consejo de Seguridad para bloquear altos el fuego, envíos sistemáticos de armas, acuerdos comerciales intactos e incluso mecanismos de “asistencia” que han concluido en la muerte de civiles en puntos de distribución.
Las cifras de la destrucción y la justicia que llama a la puerta
Detrás de las categorías jurídicas hay cuerpos, ciudades y generaciones borradas. Los informes de la ONU y de organizaciones humanitarias hablan de decenas de miles de palestinos muertos y más de un centenar de miles de heridos desde octubre de 2023; de una infraestructura civil —hospitales, escuelas, viviendas— devastada en más de un 90%; de una hambruna oficialmente declarada en distintas zonas de la Franja, con muertes por inanición documentadas como consecuencia directa del bloqueo de alimentos, agua, medicinas y combustible. El hambre se ha convertido, de manera abierta, en arma de guerra.
Esa política no ha quedado sin respuesta legal. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo el uso del hambre como método de guerra y la persecución sistemática contra la población civil de Gaza. Los jueces consideraron que existían motivos razonables para creer que ambos tenían responsabilidad criminal como coautores de esos delitos. Es decir: ya no hablamos solo de condenas morales o informes de ONG, sino de un expediente penal abierto a nivel internacional.
Frente a esto, Netanyahu insiste en refugiarse en el derecho a la legítima defensa. Pero ¿qué clase de “defensa” mata a decenas de miles de personas, destruye casi todo el tejido urbano de un territorio ocupado y provoca deliberadamente una hambruna masiva? El derecho internacional humanitario establece límites claros: proporcionalidad, distinción entre combatientes y civiles y prohibición de castigos colectivos. Gaza, convertida en escombro y hambre, demuestra que esos límites han sido cruzados conscientemente.
Occidente frente al espejo: de aliado a cómplice
Nada de esto sería posible sin un ecosistema de impunidad cuidadosamente construido. Estados Unidos ha jugado el papel de escudo diplomático, utilizando su veto en el Consejo de Seguridad para bloquear altos el fuego y medidas de protección a la población palestina. Al mismo tiempo, mantiene un flujo constante de ayuda militar y cooperación estratégica que nutre la maquinaria bélica israelí. Europa, que se presenta como guardiana del derecho internacional frente a Rusia en Ucrania, ha seguido comerciando con Israel, firmando acuerdos y, en muchos casos, suministrando armamento directamente o a través de consorcios industriales.
Francesca Albanese ha descrito ese entramado como una “complicidad normalizada”: diplomática, militar, económica y “humanitaria”. Mientras se sanciona a Moscú por violar el derecho internacional, se acepta sin sanción —y a menudo se justifica— una política que la propia ONU califica de genocida. Esa doble moral no es un simple problema de coherencia ética; es un factor que alimenta la deslegitimación del orden jurídico nacido tras 1945 y abre la puerta a una ley de la selva donde la fuerza prevalece sobre cualquier norma.
Cuando los mismos actores que diseñaron el sistema de justicia internacional lo vacían de contenido para proteger a un aliado, dejan de ser árbitros y se convierten en parte del crimen. Lo dijo con claridad el informe “Gaza Genocide: a collective crime”: lo que ocurre en la Franja no es un exceso puntual, sino un crimen internacionalmente habilitado.
Netanyahu ante la historia… y sus cómplices también
Tras casi tres años de destrucción sistemática, la pregunta ya no es si Netanyahu es responsable de un genocidio en Gaza: las investigaciones de la ONU y las decisiones de la Corte Penal Internacional han trazado el marco jurídico de su responsabilidad. La verdadera cuestión es si el siglo XXI será capaz de juzgar a sus genocidas con el mismo rigor con el que veneramos hoy los juicios de Núremberg.
Netanyahu, Gallant, Herzog y toda la cadena de mando que ha diseñado y ejecutado esta campaña deben responder ante la justicia. Pero no basta con los autores materiales. Los dirigentes de Estados Unidos, de la Unión Europea y de todos aquellos gobiernos que, con sus vetos, sus contratos de armas, sus discursos justificadores y su silencio calculado, han sostenido la masacre, también deberán rendir cuentas. No solo en los tribunales, si estos llegan a actuar, sino en el tribunal más implacable de todos: el de la historia.
La memoria del Holocausto no puede ser utilizada como escudo para encubrir un nuevo crimen masivo contra otro pueblo. Llamar genocidio al genocidio no es antisemitismo; es el mínimo ético de una humanidad que se prometió a sí misma “nunca más”. La incómoda pregunta que queda flotando sobre Gaza, sobre Tel Aviv, sobre Washington, Bruselas y sobre cada capital que miró hacia otro lado es sencilla y devastadora: ¿cuándo serán juzgados? Y, cuando eso ocurra, ¿quién explicará a los muertos de Gaza que el mundo sabía… y decidió no detenerse?
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